Pannagh, uno de los clubes sociales de cannabis más antiguos de España, está siendo perseguida por la justicia española. La Fiscalía pide hasta 6 años de prisión para los responsables del club, entre ellos Martín Barriuso.

Os pedimos por favor máxima difusión de este manifiesto en redes sociales, webs, mails y todo lo que se os ocurra. Cualquier persona u organización que quiera adherirse a este manifiesto, podrá mandar su apoyo al mail freepannagh@gmail.com. En ese mail simplemente habrá que especificar que se respalda el manifiesto a nivel personal o de institución o colectivo. En breve esperamos contar con versiones en otros idiomas, aunque agradeceríamos cualquier colaboración en esta tarea.

El día 5 de diciembre presentaremos el manifiesto en un acto público en Bilbao

Cuando se han cumplido dos años del cierre cautelar de la asociación de personas usuarias de cannabis Pannagh, la fiscalía anti-droga ha solicitado para cinco miembros de la misma penas de prisión que suman 22 años de cárcel y multas por valor de casi dos millones y medio de euros.

La fiscalía acusa a Martín Barriuso, presidente, a Igor Gaminde, tesorero, y a la secretaria de la asociación, de un “delito de tráfico de drogas con cantidad de notoria importancia”, para el que pide penas de 4 años y medio de prisión, y otro de “integración en grupo criminal”, al que correspondería otro año y medio de condena. A los tres se les ha impuesto una fianza de un millón de euros, por lo que se les embargarán todos sus bienes. A los otros dos acusados, dos socios que trabajaban en la cosecha con contrato laboral, se le acusa de tráfico de drogas y se solicita una pena de dos años y multa de 1.000 euros para cada uno.

Ante estos hechos, las personas firmantes queremos expresar públicamente lo siguiente:

  La Asociación de Usuarios/as de Cannabis PANNAGH se constituyó oficialmente como asociación sin ánimo de lucro en el año 2003. Está formada por personas usuarias de cannabis mayores de edad, y sus actividades están encaminadas a evitar a sus miembros los riesgos del mercado negro y prevenir los daños asociados al uso de la planta.

  Es del dominio público que Pannagh intenta crear circuitos alternativos de abastecimiento de cannabis respetuosos con la legalidad vigente y que permitan reducir el tráfico ilícito. Para ello lleva a cabo desde hace años cultivos de cannabis en circuito cerrado, que en varias ocasiones han sido declarados legales por distintos tribunales. Todas las causas anteriores han sido sobreseídas y archivadas en resoluciones judiciales firmes, incluyendo sendos autos de las Audiencias Provinciales de Bizkaia y Álava, habiendo incluso llegado a serle devuelta en dos ocasiones la marihuana incautada.

  Creemos que el cierre de Pannagh -que ya dura dos años- y la imputación contra varios de sus miembros es buena muestra de la inseguridad jurídica que rodea a sus actividades, situación que la asociación viene denunciando desde hace años ante diversas instancias, y cuya existencia fue reconocida por el Parlamento Vasco en la resolución que dio lugar a la creación de una ponencia para regular los Clubes Sociales de Cannabis.

  Es notorio que, desde su fundación, Pannagh ha venido desarrollando un trabajo público en pro de la búsqueda de un marco de derechos y obligaciones para las personas usuarias de cannabis, así como para la obtención de una regulación integral de las actividades relacionadas con la planta. Durante años, sus actividades han sido del conocimiento general y toleradas de facto por los poderes públicos.

  Es especialmente preocupante que se impute a tres miembros de la junta directiva de Pannagh por integración en grupo criminal, cuando dicho grupo es precisamente una asociación legalmente constituida y registrada, y cuyas actividades se han desarrollado sin asomo de clandestinidad. No solo es injusto castigar con mayor dureza a quien intenta seguir los cauces de la legalidad, sino que puede hacer que otros crean que es más seguro apartarse de ellos.

  Sin entrar a valorar y calificar actuaciones judiciales concretas, queremos mostrar nuestro apoyo expreso a la labor pública realizada por las personas imputadas y, por ende, a todo el colectivo de personas usuarias que representan. Entendemos que su labor en pro de una regulación de los colectivos de personas usuarias de cannabis en nuestra comunidad, y de unas políticas sociales más justas y efectivas, ha sido positiva y constructiva.

Noviembre de 2013

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