Fuente: El Pais

22/02/2009

Por: MOISÉS NAÍM

En Estados Unidos, el 76% de la población piensa que la guerra contra las drogas ha
fracasado. Al mismo tiempo, una igualmente abrumadora mayoría piensa que las
políticas en las que se basa la guerra contra las drogas (represión de la producción,
interdicción de las importaciones, prohibición del consumo y criminalización) no se
pueden cambiar. Esta contradicción no es sólo de los estadounidenses.

La prohibición de las drogas ha creado un clima donde está vedado pensar

Las encuestas revelan que estas ideas forman parte de las creencias de altos porcentajes
de la población en muchos países: pobres y ricos, exportadores e importadores de
narcóticos, democráticos y autoritarios, asiáticos, europeos o americanos.

¿Cómo explicar esta irracionalidad? ¿Cómo es posible estar en contra de cambiar una
política pública que se sabe que no funciona? Mi respuesta es que la prohibición de todo
lo relacionado con las drogas ha creado un clima donde también está vedado pensar
libremente sobre alternativas a la prohibición. Un senador estadounidense que me habló
con la condición de que no revelara su identidad me dijo: “Muchos de mis colegas y yo
sabemos que los esfuerzos que se hacen para combatir el narcotráfico y el consumo de
drogas no sólo no funcionan sino que tienen efectos contraproducentes. Pero esta es una
posición políticamente suicida. Si lo digo públicamente es casi seguro que pierda mis
próximas elecciones”.

Y no son sólo los políticos: “¿Por qué a pesar de los esfuerzos, la situación en
Afganistán se ha deteriorado tanto? En mi opinión la principal causa es el tráfico de
drogas, que es sin duda alguna la fuerza económica que nutre el resurgimiento de los
talibanes… Cuando estuve allí en 2006 no podíamos ni mencionar el tema. Era un
asunto sobre el que nadie quería hablar”. Esto lo dijo el general James Jones, ex
comandante del Cuerpo de Marines (1999-2003) y comandante supremo de la Alianza
Atlántica (2003-2006). Cabe notar que esta declaración la hizo meses antes de saber que
iba a ser nombrado por el presidente Barack Obama asesor para la Seguridad Nacional.

La manera en la que el mundo enfoca el problema del tráfico y consumo de drogas es
indefendible. Todos los analistas objetivos que han examinado el tema concluyen que el
régimen actual requiere una urgente y profunda reforma. El problema es que cualquier
propuesta en este sentido es usualmente contestada con acusaciones de ingenuidad,
complacencia con los narcotraficantes y hasta de complicidad con ellos. Sin embargo, la
realidad y los números son abrumadores. A pesar de los inmensos esfuerzos no hay
evidencia alguna de que se estén alcanzando los objetivos de disminuir la producción o el consumo de drogas. Recientemente, el Gobierno británico informó de que en ese país
la abundancia de cocaína es tal que estaba costando menos que una cerveza o una copa
de vino. En Estados Unidos, uno de cada 100 ciudadanos está en la cárcel, la inmensa
mayoría por tenencia de drogas. (Cada recluso le cuesta al Estado 34.000 dólares al año

 unos 26.000 euros-, mientras que el costo anual de tratar a un adicto a las drogas es de 3.400 dólares).

La violencia que se vive en México, Colombia o en cualquiera de los
barrios pobres de América Latina, África y Asia es en gran medida un daño colateral
causado por la guerra contra las drogas. La situación es insostenible y necesita un nuevo
enfoque.
Esto es lo que acaba de proponer la [Comisión Latinoamericana sobre Drogas y
Democracia->doc975], un grupo de 17 latinoamericanos del cual formo parte. La comisión,
presidida por tres muy respetados ex presidentes, Fernando Henrique Cardoso, de
Brasil; Cesar Gaviria, de Colombia y Ernesto Zedillo, de México, divulgó sus
recomendaciones después de casi un año de trabajo, que incluyó la revisión de la mejor
evidencia disponible y de amplias consultas con científicos, policías, médicos, militares,
alcaldes y expertos en salud pública. Por favor, lea el informe en
www.drogasydemocracia.org

La comisión no cree que existan políticas alternativas a la prohibición que estén exentas
de costos y riesgos. Pero sí cree que hay que considerar y probar otros enfoques que
traten al problema de las drogas más como un asunto de salud pública que como una
guerra.

Hablar genéricamente de “legalización de las drogas” es superficial e irresponsable y
sólo sirve para banalizar y estancar la discusión. Pero prohibir la discusión racional de
los costos y beneficios de descriminalizar la tenencia de marihuana para el consumo
individual, por ejemplo, es aún más irresponsable.

El consumo de drogas es una maldición contra la cual hay que luchar. Pero hay que
hacerlo bien. Y eso no sucederá mientras exista la prohibición de pensar libremente en
qué significa hacerlo bien.

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