Alacannabis considera legal su «club de cultivo colectivo» y necesario para evitar el mercado negro

Fuente: La Verdad

Por: MANRIQUE C. SÁNCHEZ

29 de mayo de 2009

Una asociación reta a la Justicia al crear el primer banco terapéutico de marihuana

«Ofrecimos este modelo al PSOE pero no nos hizo caso», afirma un portavoz

«Que no esté regulado no significa que sea ilícito», señala el abogado Brotons

El debate está servido e irremediablemente irá acompañado de cierta polémica. Alacannabis, una asociación favorable a la legalización de esta droga, ha constituido el primer club de cultivo colectivo de la Comunidad Valenciana, en el que se va a distribuir marihuana entre sus socios dentro de un circuito cerrado. Ese club se ha constituido asimismo como banco terapéutico, en el que personas aquejadas de distintas enfermedades como cáncer y fibromialgia o drogodependientes en proceso de desintoxicación participarán en el reparto de la citada sustancia.

«Estamos tranquilos. No nos escondemos y damos la cara porque pensamos que no estamos haciendo nada malo. Ofrecemos un servicio a personas mayores de edad y en pleno uso de sus facultades», explicó ayer a este diario el vicepresidente de Alacannabis, Antonio Moreno. De momento, el club de usuarios cuenta con veinte personas inscritas de las cerca de 190 que componen la asociación.

La iniciativa, de la que han informado por correo electrónico a medios de comunicación de toda España, fue presentada el pasado sábado en las instalaciones del Far West, en El Campello. Y supone, como admite el propio Moreno, un auténtico desafío a los poderes públicos, pues es toda una incógnita la futura reacción de la Administración, los policías o los jueces.

En España existen clubes similares en Bilbao, Galicia, Andalucía, Zaragoza o Barcelona, entre otros lugares. «Se trata de un proyecto de la Federación de Asociaciones Cannábicas (FAC), un modelo que se quiere exportar», afirma el responsable de la asociación.

La primera asociación en experimentarlo fue Kalamundia, en el País Vasco, hace unos seis años, y no tuvo problemas legales. En cambio, su sucesora, Pannagh, se enfrentó a un procedimiento penal a raíz de una intervención de la Ertzaintza. El caso llegó al Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad, que absolvió a los responsables del cultivo y ordenó que se les devolvieran las plantas, casi quince kilos de droga.

La Fiscalía no recurrió esa sentencia, según las organizaciones favorables a la legalización para evitar que el Tribunal Supremo sentase jurisprudencia.
El artículo 368 del Código Penal prevé condenas de entre uno y tres años de cárcel, mayores si la cantidad es de notoria importancia, para los que cultiven esta planta para favorecer o facilitar su «consumo ilegal».
Ante la ausencia de esos indicios de tráfico, los jueces se basan en las cantidades que la jurisprudencia del Supremo ha establecido como propias del autoconsumo.

La FAC también ha fijado sus propios límites, dos gramos diarios por persona, a partir de un informe jurídico elaborado por los profesores de Derecho Penal Juan Muñoz y Susana Soto para el Comisionado para las Drogas de la Junta de Andalucía, que avala la legalidad de los clubes restringidos de cultivo. «Creemos que tiene cabida en el ordenamiento jurídico porque el cannabis se distribuye en un circuito cerrado, en un ámbito privado, y jamás va a salir de él», señala Moreno.

El titular del Departamento Jurídico de Alacannabis, Héctor Brotons, admite que existe un vacío legal en el consumo compartido de la sustancia: «Está en un ambito apenal. Es impune, no es delito. Que no esté regulado no implica que sea ilícito, como sostienen algunas teorías jurídicas. Creemos que si algo no es ilegal, ha de tenerse por legal».

Modificación de estatutos

La asociación ya ha presentado en el correspondiente registro de la Generalitat una modificación de sus estatutos para acoger su iniciativa. Los socios de esa especie de banco común de autoabastecimiento de hierba han de rellenar una ficha con sus datos personales y abonar una cantidad inicial de 50 euros para costear el cultivo, lo que comprende las semillas, los plaguicidas o los fertelizantes, entre otras cosas.

Cada usuario tiene a partir de ese momento derecho a obtener sus dos gramos diarios, 730 en un año. «La hierba se reparte periódicamente en pequeñas dosis para evitar cualquier tentación de destinarla al tráfico, lo que acarrea automáticamente la expulsión del club y de la asociación», advierte Moreno.

La idea, según los promotores de este proyecto, es que los consumidores que no pueden cultivar cannabis en sus casas no se vean abocados a recurrir al mercado negro, donde la calidad de la droga es ínfima, «se trafica con todo» y el comprador puede sentir una cierta criminalización.

El vicepresidente de Alacannabis es consciente de que este proyecto puede acarrearles algún problema con las fuerzas de seguridad y la Justicia: «Sabemos que estamos cogidos con pinzas y que en un momento dado podemos soltarnos y caernos». Pero han decidido arriesgarse a dar este paso con la convicción de que su conducta cabe en el ordenamiento jurídico actual.

Según Brotons, el trasiego de la marihuana entre los socios estará documentado y la contabilidad auditada en el caso de que un juez decida abrir una investigación.

«Hemos sufrido la persecución del Estado y hemos visto pisoteados nuestros derechos. Hemos tenido contactos con el PSOE para ofrecerles este modelo pero no nos han hecho caso. Ahora lo sacamos a la luz», concluye Moreno.

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