Barcelona, 11 de mayo de 2008.
En la mayoría de los países, las políticas de control de drogas intentan cumplir con las Convenciones Internacionales sobre Estupefacientes (de 1961, 1971 y 1988); las cuales han demostrado ser insuficientes para contrarrestar el tráfico de drogas y, al contrario, han contribuido a su incremento; causando efectos dañinos y contraproducentes en eslabones más débiles de la cadena (consumidores de drogas, correos y cultivadores) quienes sufren desproporcionadamente los efectos negativos de las políticas de control de drogas.
Las personas afectadas tanto por las drogas como por las políticas, sufrimos el deterioro de nuestra salud, el aumento de la exclusión y estigmatización y la vulneración de los derechos más elementales debido a una estrategia criminalizadora impuesta por los organismos internacionales –Junta Internacional de Estupefacientes (JIFE) y la Oficina de Naciones Unidas para las Drogas y el Delito (ONUDD), y por nuestros propios países. La participación de las organizaciones de afectados en la evaluación y diseño de las políticas de drogas es anecdótica y cuando se da, no tiene ninguna influencia en la toma de decisiones.
La estrategia antidrogas se ha convertido a lo largo de los años en una guerra abierta contra las personas consumidoras. Se niega la evidencia de que las políticas de reducción de daños son más justas y eficaces, y se acatan acuerdos realizados sin ninguna base científica, y en algunos casos hace más de 40 años, en lugar de desarrollar verdaderas políticas centradas en la salud pública, basadas en los derechos humanos y sensibles a las diferencias de género. Como consecuencia:
El aumento de las ganancias del narcotráfico está relacionado directamente con el deterioro de las personas usuarias de drogas.
Se priorizan políticas represivas con el consumo con la ilusión de reducir la oferta de drogas, criminalizando a las personas usuarias y abocándolas a procesos de exclusión que, en muchos casos, son irreversibles.
Las desventajas de la situación del colectivo fomentan la marginación y la autoexclusión, dificultando la cobertura de sus derechos y el ejercicio de sus deberes como ciudadanos y ciudadanas.
Las organizaciones de personas afectadas de España exigimos:
Que el Estado español salga de las convenciones internacionales sobre drogas e impulse una estrategia europea que dé lugar a políticas de drogas más justas y eficaces.
Estrategias no-represivas en la política de drogas, que no causen daño a la salud de los consumidores, que no amenacen la subsistencia de campesinos en países del Sur, que respeten los derechos de los ciudadanos/as y que tengan en cuenta las diferencias de género.
Modificaciones legislativas que pongan freno a la entrada masiva de personas usuarias en las prisiones.
Apertura del debate social con todos los agentes de la comunidad sobre la regulación de algunas sustancias, empezando por separar el mercado del cannabis del resto de drogas ilegales.
Redefinición de las estrategias de prevención dirigidas a jóvenes y personas adultas, en base a criterios integrales, realistas y participativos y con enfoque de género.
Innovación y extensión de los tratamientos de drogodependencias a toda la población afectada, especialmente a la más vulnerable (salas de consumo, programas de dispensación controlada de drogas, etc…).
Participación efectiva de las personas afectadas por las drogas en los espacios de toma de decisiones sobre las políticas de drogas de la ONU, la Unión Europea y el Estado español.
ORGANIZACIONES FIRMANTES
FAUDAS (Federación española de asociaciones de personas afectadas por las drogas y el VIH) Misión: mejora de la calidad de vida del colectivo y romper con el estigma asociado.
[
ASAUPAM->http://www.asaupam.info]. Asociación de apoyo a las personas con problemas de drogas de Catalunya.
Plataforma Pro derechos de las personas afectadas por las políticas de drogas de Catalunya.
ENCOD. (Coalición Europea por Políticas de Drogas Justas y Eficaces) Plataforma independiente de ONG y ciudadanos involucrados con el fenómeno de las drogas.
FAC.. (Federación de Asociaciones Cannábicas).
REFORMA Red latinoamericana por la reforma de las políticas de drogas