2) definir normas mínimas para mejorar la disponibilidad y la eficacia de intervenciones y medidas de rehabilitación, basándose en las mejores prácticas de los Estados miembros, con el objeto de reducir el impacto del uso de estupefacientes sobre la sociedad;

3) incidir mucho más en la reducción de los daños, la información, la prevención y la atención a la protección de la vida y la salud de las personas con problemas derivados del consumo de sustancias ilícitas, y definir medidas para evitar la marginación de estas personas, en lugar de aplicar estrategias represivas rozan con los derechos humanos fundamentales y que, con frecuencia, los han violado;

4) hacer hincapié en el fortalecimiento de medidas de información, que deben basarse en conocimientos científicos acerca de las consecuencias del consumo de distintos tipos de drogas;

5) definir y reforzar la participación e implicación de los consumidores de sustancias ilícitas, la sociedad civil, las ONGs y el público en general en la resolución de los problemas relacionados con las drogas, y mediante la creación, a modo experimental, de centros informales de bajo umbral con una estrategia de regulación y reducción del daño;

6) estudiar la posibilidad de facilitar y asegurar la producción, con fines médicos y científicos de cualquier sustancia ilícita, así como apoyar el desarrollo de mercados sostenibles para productos legales derivados de plantas que figuran en la Convención de 1961, como, por ejemplo, el cáñamo y la hoja de coca;

7) facilitar y garantizar el acceso a programas de sustitución y reducción de daños, en particular en los cárceles;

8) incrementar la investigación acerca del uso de plantas que en la actualidad son ilegales o se encuentran en una zona gris, tales como el cannabis, el opio o las hojas de coca, para aplicaciones en el ámbito de la medicina, la seguridad alimentaria, la agricultura sostenible, la generación de fuentes alternativas de energía, la sustitución de productos derivados de los árboles o del petróleo y otros fines benéficos;

9) revisar la decisión marco relativa a la lucha contra el tráfico de estupefacientes teniendo en cuenta las opiniones del Parlamento Europeo con atención especial a los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad;

10) llevar a cabo un estudio científico sobre los costes y beneficios de las actuales políticas de control de sustancias estupefacientes que incluya, en particular:

 un análisis del cannabis y de sus varios derivados, lícitos e ilícitos, a fines de evaluar sus efectos, su potencial terapéutico, los resultados de las políticas de criminalización y de las posibles alternativas;

 un análisis de la eficacia de los programas de dispensación de heroína bajo control médico con fines terapéuticos, respecto al objetivo de reducir las muertes y enfermedades relacionadas con las drogas;

 un análisis de los costes económicos, legales, sociales y ambientales de las políticas de prohibición en términos de recursos humanos y financieros destinados a la aplicación de las leyes;

 un análisis del impacto sobre países terceros de las actuales políticas implementadas bajo tanto la estrategia de la UE como del sistema mundial de control de drogas.

Estas recomendaciones, redactadas en el Informe Catania, casi tienen diez años. Ninguna de ellas ha sido implementada.

Una vez elegida/o en el Parlamento Europeo, regularmente les recordaré a las autoridades de la UE su falta en implementar lo que el Parlamento Europeo ha recomendado hace casi diez años. Me pueden pedir cuentas sobre mis esfuerzos a poner esta situación bajo la atención de mis colegas cada vez que se presente la oportunidad.

Austria