3 de mayo de 2014
La marihuana comenzará a venderse en noviembre en las farmacias habilitadas y el gobierno cree que en aproximadamente un año el mercado legal del cannabis representará el 25% del total. El gobierno presentó ayer la reglamentación de la ley que liberalizó su venta y que el presidente José Mujica y su gabinete firmarán el próximo lunes.
Se destinarán unas 10 hectáreas al cultivo de las cinco variedades que se ofrecerán en las farmacias, que se supone serán suficientemente en una primera etapa para satisfacer la demanda que se estima entre 18 y 22 toneladas anuales.
El costo del gramo en las farmacias rondará entre $ 20 y $ 22 y en su precio se incluirá un canon. Los autocultivadores deberán registrar sus variedades.
El máximo de Tetrahidrocannabinol (que define el nivel del efecto del cannabis sobre el consumidor) será de 15%.
El contenido de la reglamentación, cuyas grandes líneas fueron presentadas por el prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, estará disponible el fin de semana en la página presidencia.gub.uy.
Los autocultivadores tienen 180 días para registrarse. Las farmacias no estarán obligadas a vender la marihuana y no se exhibirá al público.
Los consumidores deberán registrarse exhibiendo cédula y constancia de domicilio; habrá controles en el tránsito iguales a los del alcohol y las empresas podrán hacerle exámenes a sus trabajadores
1. Los consumidores que compren en farmacias deberán ir primero a las oficinas del Correo con su cédula de identidad y constancia de domicilio y registrar sus dos dedos índice. Se generará un “algoritmo de identificación” que quedará en el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCA). El consumidor recibirá un ticket y un número de usuario. Una vez en la farmacia, el comprador deberá registrar su índice en un aparato “pos”. Se desarrolló un software específico que preserva la identidad del comprador.
2. Con esta modalidad se podrá adquirir hasta 40 gramos mensuales y un máximo de 10 semanales por persona. El gobierno asegura que la información de la identidad de los consumidores quedará centralizado en un software específico. Las bolsas de 10 gramos de marihuana que se utilizarán para la expedición tendrán un código de barras y marcadores moleculares
3. Las farmacias que podrán vender cannabis son las de primera categoría y las comunitarias. La marihuana no podrá ser exhibida al público. Las farmacias se quedarán con el 30% del precio. Parte de ese precio irá a un canon que, a su vez, se utilizará para campañas de divulgación sobre las implicancias del consumo de cannabis. El producto estará desgravado.
4. Se expedirán hasta seis licencias a empresas privadas para que planten marihuana. Cada una tendrá para hacerlo hasta 1,5 hectáreas. Los plantíos estarán en predios del Estado que tendrán custodia militar y/o policial. Los predios no serán seleccionados por las empresas.
5. Las empresas deberán detallar su estructura societaria y el origen de los fondos de sus inversionistas. Y deberán contar con un “responsable técnico”. El llamado a interesados se hará en el correr de este mes.
6. Quienes produzcan en su domicilio deberán ser mayores de edad, uruguayos o extranjeros residentes. No podrán tener más de seis plantas y deberán registrarse en los 180 días siguientes a la entrada en vigor de la reglamentación. Su producción no podrá exceder los 480 gramos anuales. Se podrá plantar cannabis en jardines exteriores.
7. Los “clubes cannábicos” deberán identificarse como tales y podrán tener entre 15 y 45 socios. Podrán disponer de hasta 99 plantas y cada socio podrá acceder a hasta 480 gramos anuales. Deberán registrar sus estatutos en el Ministerio de Educación y Cultura. Si su membresía cae por debajo del mínimo tendrán hasta un año para reunir 15 personas o deberán disolverse. Estos clubes deberán tener un “responsable técnico” y aportar información técnica al IRCA cuando éste la requiera.
8. Quienes planten para consumo personal no podrán comprar en farmacias y tampoco podrán hacerlo los miembros de los clubes. El consumidor podrá obtener cannabis de efecto psicoactivo de uso no médico de un único origen. Los autocultivadores y los clubes deberán reinscribirse cada tres años.
9. No se podrá consumir marihuana en lugares de trabajo. Los empleadores podrán realizar controles para detectar si los trabajadores están consumiendo o lo hicieron en las horas previas a su ingreso al trabajo. Tampoco podrá consumirse en centros de educación o de salud. Asimismo, se prohibe expresamente su consumo en taxis, autobuses, aviones o trenes y en cualquier medio de transporte, como en el caso del tabaco. No podrán organizarse certámenes que tengan como fin la promoción del consumo de cannabis.
10. Cada nueva variedad de semillas deberá registrarse ante el Registro Nacional de Semilleristas del Instituto Nacional de Semillas.
11. Se realizarán controles a los automovilistas para detectar a quienes conduzcan bajo el efecto de la marihuana mediante el análisis de la mucosa lingual con técnicas europeas. Si se detecta el consumo se podrá retirar al conductor su licencia. Los conductores podrán solicitar, a su costo, la repetición de los exámenes si no hubiesen quedado conformes con sus resultados.
12. Habrá un cuerpo inspectivo especializado. Las sanciones por incumplimiento de algún aspecto de la reglamentación podrán derivar en sanciones económicas que pueden ir de $ 36.300 a $ 1,4 millones o en decomisos o suspensiones temporales o definitivas de los registros.
13. En agosto el gobierno tendrá una primera evaluación de la marcha de la legalización. Se considera que el nivel de consumo está subvaluado. El IRCA, que será el órgano regulador de todos los aspectos de la reglamentación, será presidido por el secretario de la Junta Nacional de Drogas. También estará conformado por representantes del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el de Desarrollo Social y el de Salud Pública. Existirá además un consejo honorario asesor integrado por representantes de los ministerios de Educación del Interior y de Economía y de la Universidad de la República.
14. Las empresas interesadas en obtener las licencias deberán especificar dónde pretenden plantar, las características de las variedades que producirán, en qué volumen planean hacerlo, en qué plazo y el origen de las semillas que utilizarán. También deberán especificar las medidas de seguridad adoptadas para las plantaciones, las condiciones del rotulado de la producción y el destino que darán a los excedentes. El control de calidad lo realizarán laboratorios autorizados por el IRCA.
Una esperada conferencia de prensa con muchos medios internacionales
La reglamentación difundida ayer fue el resultado de más de 60 reuniones de trabajo en las que participaron más de 80 técnicos de siete ministerios. El presidente José Mujica ajustó durante la tarde la reglamentación en la Torre Ejecutiva con Cánepa y Calzada. La conferencia de prensa en la que explicaron la reglamentación, anunciada inicialmente para las 14 horas recién comenzó a las 19.30 y se extendió durante dos horas. La ley de legalización de la venta de cannabis establecía que en abril debía estar pronta la reglamentación, lo que explicaría la premura de Calzada y Cánepa por explicar su alcance ayer 2 de mayo aún cuando todavía no tiene la firma del presidente y su gabinete.
Agencias de prensa y cadenas de televisión internacionales concurrieron a la demorada conferencia.
Cánepa se encargó de la defensa política de la legalización de la venta de marihuana señalando que “el prohibicionismo no disminuyó el consumo”. El gobierno cree que a raíz de la creación de un mercado regulado no se incrementará sustancialmente el consumo legal pero se restará espacio al mercado “negro” porque se ofrecerá un producto elaborado con más garantías.
Se busca, explicó, la “reducción de daños” y las consecuencias de la legalización deberán ser evaluadas en base a un conjunto de variables y no solamente en base a los niveles de consumo. De todas formas, se espera una caída “sustancial” de la venta ilegal. Los consumidores que más sintieron la “estigmatización” serán aquellos que seguramente demorarán más en pasar al mercado legal, valoró.
A partir de noviembre, “progresivamente” aumentarán las compras legales que en un año podrían llegar a 5 toneladas, un 25% del total, calcula Calzada.
La idea del gobierno es que el precio (en el que estará incluido el margen de ganancia del productor, de la farmacia y un canon y que será fijado por el Estado) varíe para competir con la venta ilegal.
Además de los empleadores, los lugares de trabajo podrán ser inspeccionados de manera aleatoria por el personal del IRCA para detectar si en ellos se está consumiendo.
El presidente Mujica recorrió la semana pasada un predio en Toledo, Canelones, donde se podría realizar la producción. Explicó que se quiere dar a los países vecinos garantías sobre la seguridad de las parcelas que se utilizarán. Si bien personal militar y/o policial participará en la custodia de la decena de hectáreas donde se producirá, no está previsto que los uniformados se involucren en la plantación, dijo Cánepa.