Fuente: El País

Por: A. CASANOVAS / R. CARRANCO

22/03/2011

30 entidades legales defienden el consumo de la marihuana en Cataluña – Los Mossos detienen a nueve personas de tres asociaciones por tráfico de drogas

¿Es delito cultivar, vender y traficar con marihuana? Sí, lo es, atendiendo al artículo 368 del Código Penal, bajo penas de prisión de tres a seis años. ¿Se puede constituir una asociación que diga en sus estatutos que sembrará esta droga para su consumo? Sí, también es posible, según la fiscalía de Barcelona.

Con estos mimbres, la polémica de los límites está servida y trae de cabeza tanto a los Mossos d’Esquadra como a los dueños de las asociaciones que promueven el consumo de la droga en “espacios privados, de uso y acceso exclusivo para socios”.

En Cataluña existen más de 40 entidades de este tipo, según la Federación de Asociaciones Cannábicas (aunque federadas solo están tres). En las bases de datos de la Generalitat constan unas 30 entidades o clubes que fomentan el estudio, la legalización, el uso o el consumo del cannabis. Ante cualquier actuación policial, las asociaciones se amparan en que están legalmente registradas. Los Mossos d’Esquadra, en que infringen la ley. A todo ello se suma el malestar de vecinos, que suelen padecer el trasiego de gente que acude a los locales.

En tres meses, la policía autonómica ha detenido a nueve personas de tres asociaciones (en Sitges y Barcelona) por tráfico de drogas. El último caso ocurrió el domingo. A la una de la tarde, varios agentes entraron en el número 57 de la calle de Guitard, en Les Corts (Barcelona): The Resin Club. Los mossos llevaban una orden del juzgado número 29 de Barcelona que les autorizaba a ello.

Allí encontraron 200 plantas de marihuana, 300 gramos de semillas y 200 gramos más de la droga preparada para ser vendida. La denuncia, anónima, provino de uno de los vecinos del inmueble, al que le llegaba el olor de las plantas.”Se oía toda la noche el motor que tenían para las plantas. Cuando se abren las ventanas, a ver cómo duermes”, lamentó ayer Susana Camacho, de 67 años, portera del bloque de pisos de la calle de Guitard donde está el club. La mujer se quejó también del ir y venir de personas día y noche: “Se les oía charlar y con música hasta las tres de la mañana”. Otra vecina, que prefirió no identificarse, aseguró que era evidente que se consumía droga en el club y que eso supone un pésimo ejemplo en el vecindario.

Desde el domingo, el presidente de la asociación, Aitor J., de 34 años, y dos mujeres, que vivían en el local y eran socias, Elisabeth M., de 32 años, y Line S., de 29, están detenidos. La entidad se publicita en Internet a través de su página web y consta en el registro de asociaciones de la Generalitat.

“El derecho de asociación es un derecho constitucional. Solo tiene un límite: que sus finalidades no sean ilícitas. Cuando se presentó la primera asociación que reconocía el consumo propio, se planteó una duda razonable, por eso se presentó a la fiscalía”, explicó ayer Xavier Campà, subdirector general de Entidades Jurídicas del Departamento de Justicia. Campà admite “cierta contradicción” entre la ley y los estatutos de las asociaciones. “Por eso acudimos a la fiscalía”, insistió.

El ministerio público fundamenta que por el hecho mismo de constituirse como asociación no están cometiendo un delito. “Pese a mencionarse fines y actividades que podrían plantear problemas de valoración penal, introducen, respecto a algunos de sus objetivos, matices que denotan la pretensión de armonizar las actividades proyectadas con criterios legales”, recoge.

Pero incluye una clara advertencia: “Cualquier actividad que puediera llevar a cabo que incurra en las conductas tipificadas como delito en los artículos del Código Penal motivarán la correspondiente actuación policial”.

El abogado de que defiende a las tres asociaciones intervenidas por los Mossos, Martí Cànaves, considera “desmesurada la acción policial”. A su entender, no cometen ninguna ilegalidad porque “no hay consumo de terceras personas” dentro de las asociaciones. Se realiza un “cultivo colectivo de cannabis” con un uso “exclusivo para los socios”, insiste, y explica que “deben inscribirse, abonar una cuota e informar del consumo que esperan hacer en los siguientes meses para abastecerse”. La polémica está servida.

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