Por: Pedro Quesada, abogado

La historia universal puede estudiarse desde distintos ángulos, según la perspectiva de quien lo haga. Es habitual un viaje a través de la historia del arte, desde cualquier disciplina, organizando aquella en etapas, en atención al tipo de disciplina, su estilo, su manifestación, etc. Otra perspectiva es la política, sin duda alguna, la más recurrida, por el interés que suscita y la necesidad de aprender de los errores del pasado, siendo escasas, por desgracia, las lecciones a aprender.

A través de todas estas visiones podemos clasificar la historia de forma fácil, podemos estudiarla, revisar los aciertos, y aprender de los fracasos. El ser humano, sin embargo, no se caracteriza por su agilidad mental a la hora de aplicar conocimientos para superar dramas históricos, tema en el que prefiero no entrar, pero que no escapa, supongo, al conocimiento del lector. Por poner un ejemplo, tenemos las distintas guerras en las que ha incurrido el hombre, asimilando una y otra vez su inoportunidad, pero no por ello renunciando a las mismas.

Pues bien, otro sistema de visitación de la historia de la humanidad podría ser atendiendo a los distintos usos de las distintas drogas, psicoactivas o no, que el hombre ha realizado desde el principio de los tiempos, hasta la actualidad. Atendiendo al tipo de consumo y a la sustancia en concreto podemos hacer un recorrido desde la prehistoria hasta la actualidad, con amplio desarrollo en todas las culturas que han formado parte de la historia del hombre, como el antiguo Egipto, el Imperio Romano, Grecia Antigua, el Islamismo, etc …
Por desgracia, también podemos realizar dicho recorrido atendiendo a los distintos tratamientos jurídico-penales del consumo y uso de las drogas. No siempre el uso de dichas sustancias ha sido asumido socialmente de la misma forma. Evidentemente dicha asunción ha estado afectada por los distintos tipos de moral que han caracterizado a las distintas culturas a las que hacemos referencia.

Mientras que en culturas avanzadas como Egipto, Roma o Grecia el uso de sustancias psicoactivas era algo regular, aunque reservado a las clases sociales altas, en determinadas etapas poco democráticas y con sistemas políticos débiles y torpes, el uso ha sido controlado, como mecanismo de castigo de cualquier atisbo de placer proveniente del pueblo.

No es difícil imaginar el tratamiento que la Santa Inquisición dio al uso de sustancias que pudiesen alterar el mecanismo psicológico del pueblo. Una época en la que era perseguida la brujería, y por ende, cualquier actividad complicada o difícil de comprender. El eterno miedo a lo desconocido que caracteriza a la sociedad conservadora, encerrada en su pequeña mazmorra intelectual y aterrorizada por la sola posibilidad de tener que enfrentarse a un simple episodio no recogido en su limitada base de datos.

Tampoco resulta llamativo el tratamiento que se ha dado al uso de las drogas por parte de alguna educación forzada, como el manoseado complejo de culpa judeocristiano, origen de infinitas injusticias sociales, y que aún hoy soportamos en la, falsamente conocida, sociedad moderna. Resulta exótico pensar que hoy estamos libres de cualquier trastorno moral originario de estas etapas antidemocráticas, cuando es ahora cuando mayor número de prohibiciones existen. Es surrealista observar que la supuesta seguridad general legitima el sometimiento individual permanente de la persona, permitiendo la constante e irritante prohibición de cualquier actividad molesta para el sector mayoritario de la sociedad.

Con el transcurso de la historia deberíamos ser una sociedad rica en experiencias y por tanto una sociedad libre, sin embargo, es evidente que hemos heredado lo peor de cada casa, caminando de forma torpona a la supuesta perfección social, dando constantes “palos de ciego” a la hora de legislar, y más en concreto, en materia de derechos sociales.

En la actualidad, en efecto, nos encontramos en una de las peores etapas a la hora de decidir de forma personal y voluntaria, y, por supuesto, de una forma responsable, consumir o usar cualquier tipo de droga … podemos molestar al vecino con nuestra libertad.
El pasado día 21 de junio se han cumplido cuarenta años desde que Nixon decidiese pensar por los demás y declarase la Guerra a las Drogas.

En este momento comienza el gran drama internacional que hoy sufrimos en todos y cada uno de los extremos del planeta, y que es origen de millones de muertes, un crecimiento totalmente enloquecido del crimen organizado, centros penitenciarios sobresaturados, y un gasto sanitario imposible de asumir por la mayoría de los países.
Cuando Nixon decidió invadir América Latina, para “matar moscas a cañonazos”, y acabar con el narcotráfico, probablemente no era consciente del dolor que iba a provocar a nivel internacional, en definitiva, del error que estaba cometiendo.

Una guerra inicialmente programada para cinco años se ha extendido en el tiempo hasta la actualidad, con millones de víctimas, un aumento progresivo de la demanda y la oferta, el incremento de la criminalidad relacionada con el mercado negro de la droga y el resto de las consecuencias bien conocidas por todos.

Es vergonzoso ver cómo, con los resultados obtenidos con el tiempo, aún hoy existen políticos y legisladores que defienden la guerra contra las drogas. Es natural esa opinión entre la clase social ajena al tema, y por tanto caracterizada por una completa ausencia de información veraz. Sin embargo es difícil justificar según qué discursos, en personas que cuentan con los datos necesarios, de primera mano y resultantes de fuentes objetivas y de todo tipo de línea política.

Sin lugar a dudas, los intereses creados por esta absurda guerra son demasiado grandes como para poder opinar de forma libre. No cabe la menor duda de que las grandes mafias controlan las decisiones de los operarios políticos, y en esas mafias incluyo a la más interesada en mantener la actual situación, la farmacéutica.

La triste realidad es que las consecuencias de esta guerra ilegítima están cotejadas en informes difíciles de desactivar, y elaborados en todos los rincones del mundo. Unas consecuencias que pasan por un gasto por parte del gobierno estadounidense de más de 2,5 billones de dólares y el arresto de más de 40 millones de personas por delitos relacionados con el narcotráfico y la tenencia de sustancias.

Sin lugar a dudas, esta guerra ilegítima, hija de la ignorancia y el empecinamiento, está demostrando que la violencia, una vez más, genera más violencia.

Estos últimos cuarenta años han supuesto, por tanto, un gran fracaso para la comúnmente conocida lucha contra las drogas. Fracaso que hasta hace bien poco sólo era públicamente compartido por algunos sectores, pero que en la actualidad ha sido confirmado por instituciones como la ONU y, a medias, de forma silenciosa, por Bruselas.

La constante demanda social de una revisión de las políticas internacionales sobre drogas ha empujado a organismos internacionales a revisar los resultados de estas políticas represivas basadas en el constante castigo de los usuarios, respetando los oscuros intereses de narcotraficantes internacionales y multinacionales farmacéuticas. El resultado se repite en todos y cada unos de los informes encargados por dichas organizaciones, y realizados desde la más escrupulosa objetividad. Unos resultados más que incómodos y, por otra parte, complicados de aceptar.

La situación es tan gravosa que es casi imposible seguir defendiendo actitudes que rozan la ilegalidad al pretender “mirar a otra parte” y seguir ejecutando las nefastas políticas que presiden, en la actualidad, el orden internacional.

Evidentemente no en todas partes se aplican esta políticas de la misma forma. Encontramos diferencias entre los países llamados democráticos y los que no lo son tanto. Sin embargo, estas políticas, aparentemente más civilizadas, siguen atormentando y torturando a las personas que libremente has decidido hacer un uso responsable de las drogas. El resultado habitual de la aplicación de las mismas es la condena de estas personas a recurrir al mercado negro, incurriendo de forma totalmente involuntaria en la delincuencia, obteniendo unas sustancias distintas a las pretendidas, adulteradas, modificadas, con efectos devastadores para la salud de los usuarios y por otra parte condenándolos a ingresar en una espiral de delincuencia de la que a veces es completamente imposible de salir.

Esta evidencia es compartida por todos los trabajadores involucrados en el campo de las drogodependencias. Sin embargo, algunos grupos de moral poco liberal, y acostumbrados a decidir por los de su entorno, siguen manteniendo el status quo, permitiendo que el drama persista sin atisbo alguno de entender la realidad social.

Entre los informes con trascendencia internacional, en los últimos años, se encuentra el llamado Informe Reuter Trautmann (por sus autores) y encargado por la Comisión Europea en 2008. El resultado confirmaba, sin fisuras, el total fracaso de las políticas sobre drogas en los últimos diez años, haciendo clara referencia a los documentos de estrategias sobre drogas implementados por Bruselas a través de sus estados miembros.

El informe, con una importancia vital de cara a un posible cambio en las estrategias a seguir, no sólo por parte de Bruselas, sino de la ONU, fue publicado una semana antes de la Cumbre de Naciones Unidas sobre Drogas, de forma que no fue susceptible de ser discutido en el seno de dicho organismo. Sin embargo, y en contra de lo esperado por todos los representantes de la sociedad civil y otros interesados, la ONU emitió un comunicado de prensa en el que asumía las consecuencias de dicho informe y admitía un evidente fracaso en las políticas actuales.

Por supuesto, esto no implicaba dejar la puerta abierta a una posible legalización o regularización del mercado de la droga, pero sí que suponía la admisión de la evidencia planteada por mucho tiempo por parte de los grupos antiprohibicionistas.

Bruselas, a través de la Comisión Europea, se limita a cuestionar la validez de un informe que no está basado en la praxis. Y reclama la elaboración de un nuevo informe que lo ratifique y que además suponga un estudio que incluya la práctica junto a la teoría. Como si la historia no pudiese probar de forma determinante este fracaso.
Seguimos en esa estúpida espiral generada por los oscuros intereses creados.

La cruda realidad es que quienes únicamente tienen la posibilidad de cambiar estas políticas, dependientes del área judicial y sanitario, son los estados soberanos, argumento esgrimido por la Unión Europea para evitar hacer recomendaciones de ningún tipo. Sin embargo, los estados miembros necesitan el respaldo de una decisión europea para poder dar los primeros pasos. El eterno círculo vicioso.

En este complicado marco internacional encontramos las manifestaciones vertidas en los últimos meses por parte de los exjefes de estado, políticos que han estado en puestos relevantes y otros operarios jurídicos, defendiendo la regularización del mercado de la droga como única salida a la situación actual. Una pena que no lo hubiera hecho desde el poder, sino desde la jubilación. Algo que se ha convertido en una costumbre. Pareciera que fuese una forma de exorcizar la mala conciencia.

Sin embargo, el número de personalidades que apoyan el fin de la prohibición, así como las declaraciones cada vez más numerosas por parte de las instituciones internacionales, cuestionando las actuales políticas de drogas basadas en el prohibicionismo, dejan poco espacio para la duda.

Según el Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional, un crimen de estado comprende las conductas tipificadas como asesinato, exterminio, deportación o desplazamiento forzoso, encarcelamiento, tortura violación, prostitución forzada, esterilización, persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos … o cualesquier acto inhumano que cause graves sufrimientos o atente contra la salud mental o física de quien los sufre, siempre que dichas conductas se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra un sector de la población civil y con conocimiento de dicho ataque.

Si nos paramos a pensar en las consecuencias de las actuales políticas de drogas, amparadas por casi la mayoría de los estados soberanos, y algunas instituciones internacionales, parece que el resultado se ajusta a lo prescrito por la Corte Penal Internacional para definir el crimen de estado.

Esto no sería importante si las consecuencias de la aplicación de las actuales políticas fueran aún desconocidas, o al menos, no confirmadas. Pero la realidad es una muy distinta. Estos resultados son constatados de forma sistemática por cada uno de los informes y estudios que se realizan año tras año por agentes objetivos y a encargo de dichos estados e instituciones. Por tanto, no cabe la menor duda de los efectos de dichas políticas.

Desde el inicio de esta guerra contra las drogas, el aumento de la corrupción, el crimen, la marginalidad, la pobreza y otras lacras sociales ha sido evidente. Ante un evidente fracaso en los primeros cinco años de aplicación de esta aberrante política estadounidense, lejos de optar por una revisión de los resultados para constatar la realidad, se optó por un recrudecimiento de la estrategia, con la absurda idea de acabar con una costumbre ancestral basada en la evolución histórica del hombre, desde perspectivas sanitarias, sociales, culturales, lúdicas, religiosas, etc … Un error histórico que aún hoy encuentra respaldo, por intereses creados, en el discurso de una minoría, por desgracia, de quienes tienen la decisión final en la elaboración de las políticas, pero denunciada de forma constante por la sociedad civil, agentes políticos, legisladores y ,en general, por parte de quienes son testigos directos del drama que dicha estrategia absurda genera a diario.

El resultado de estos últimos cuarenta años de prohibicionismo han sido, por tanto, el asesinato, exterminio, deportación, encarcelamiento, tortura violación, prostitución, persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos, culturales. Todo ello desde la legitimidad de unas políticas creadas desde la más profunda ignorancia de la realidad social.

Una vez que los resultados de la aplicación de la ley han sido constatados, la reiterada aplicación de esta legislación sobre drogas por parte de los estados miembros difícilmente puede ser justificada, incurriendo, por tanto, y desde mi opinión personal en un crimen de estado.

La solución a esta situación no parece tener una salida a corto plazo. El aberrante mecanismo político y legislativo de los estados miembros no permite un cambio radical inmediato. El proceso requiere, prácticamente, una situación social insostenible para poder empezar a pensar en un cambio estructural en las actuales políticas de drogas.

Mientras, el crimen organizado y las mafias de todo tipo, disfrutan de este limbo jurídico que les permite seguir generando unos ingresos absolutamente incalculables a costa de usuarios, estos sí, perseguidos de forma implacable, y de forma constante. Perseguidos por el sólo hecho de haber optado, libremente, por el consumo de una sustancia, en la mayoría de las ocasiones, natural y caracterizado por un uso tradicional. Mafias, que dada la situación planteada buscan de forma incansable usuarios que no han optado por el consumo voluntario y responsable, sino que han sido incitados al uso de sustancias de dudosa procedencia, y que en el mejor de los casos acaban degradados social y laboralmente. Terminando, en no pocas ocasiones, encontrándose con la muerte.

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