Fuente: La Vanguardia

2 de agosto, 2012

Por Enrique Figueredo

Barcelona – Ahora mismo están en el punto de mira de la Administración. Existe una ofensiva contra las llamadas asociaciones cannábicas de autoconsumo. Se suceden entradas y registros e incautaciones de marihuana en decenas de locales. La policía cree que la suma de los cultivos individuales en una gran plantación es un fraude de ley. Los amantes del cannabis aseguran que con la autorregulación se evita engrandecer los bolsillos de los traficantes.

Sin embargo, en medio, hay una serie de colectivos con apariencia de entidad sin ánimo de lucro que actúan como coffee shops, a la holandesa. Y eso es un delito por mucho que sus titulares estén inscritos en el registro de asociaciones.

El consumo de la droga no es delito en España, pero sí la tenencia. Desde el aparato policial, se tiene muy claro. “Los supuestos en los que la tenencia de drogas es legal están muy tasados por la ley”, asegura el comisario de los Mossos d’Esquadra, Joan Miquel Capell. Y esos supuestos son: motivos médicos, por constituir la base de un proceso industrial, razones científicas o el de pequeñas muestras destinadas a finalidades pedagógicas en ámbitos académicos. Por norma general, cualquier otra tenencia es ilegal. Si la cantidad es pequeña, será una falta administrativa -de ahí, por ejemplo, las multas a los consumidores en la vía pública- y si la cantidad excede lo que la ley considera autoconsumo -las cantidades pueden ser flexibles dependiendo del grado de adicción-, entonces se incurre en un tipo penal y se corre el riesgo de ir a prisión por un delito contra la salud pública.

Sin embargo, existen asociaciones de consumidores en España y en todo el mundo occidental que abogan por un cambio de políticas que permita al fumador de marihuana abandonar el terreno de inseguridad jurídica en el que dicen estar, por ejemplo, los consumidores españoles. “La ley actual sólo beneficia a las mafias y está anticuada. Está redactada contra el tráfico de heroína de los años ochenta. Ahora sólo sirve para atacar a ciertos movimientos sociales”. Esta es la opinión de José Afuera, de 35 años y presidente de La Maca (Movimiento Asociativo Cannábico de Autoconsumo), con sede en distrito barcelonés de Sants.

Afuera es un firme defensor de la regulación a ultranza del autoconsumo, por tanto, de la despenalización de la tenencia dentro de ese marco específico. Está dispuesto, dice, a dar públicamente los datos de la entidad que capitanea. Son 500 asociados; de ellos, unos 200 lo son, asegura Afuera, por motivos terapéuticos. Cada uno de ellos paga 30 euros de cuota anual y la cantidad mensual correspondiente a su previsión media de consumo, en correlación con los costes que calcula la entidad que le comporta el cultivo. Por ejemplo, alguien que consuma entre 15 y 20 gramos al mes hará frente al pago mensual de unos 100 euros. Son cuotas flexibles que se van adecuando a las previsiones y necesidades del asociado. “El dinero incluye también todos los servicios comunes de la asociación, así como la consulta médica permanente de la que disponemos y que supervisa el caso de cada asociado”, aclara Afuera. Los pagos de las tarifas se hacen directamente en forma de imposiciones en una cuenta bancaria a nombre de la asociación. “No tocamos el dinero en la asociación”, añade.

Nadie puede superar los 60 gramos al mes, excepto por causas médicas muy justificadas. Con todo y que los nuevos socios sólo logran esa condición si la recomienda otro, se ha dado algún caso de deslealtad en la forma de venta del sobrante de un nuevo asociado a terceros con ánimo lucrativo. Se trata de una práctica totalmente prohibida por los estatutos y su autor es inmediatamente expulsado. “Tenemos normas muy estrictas”, afirma Afuera.

“Sin las incautaciones policiales que hemos sufrido últimamente, habríamos llegado a la previsión colectiva de este año, que era de 260 kilogramos”, añade este consumidor de cannabis y a la vez presidente de La Maca y de la federación de asociaciones cannábicas de Catalunya.

Afuera reconoce que dentro de las asociaciones o colectivos cannábicos hay grados de seriedad, cuando no aprovechados que acaban traficando bajo la apariencia de asociación. En ello, quizá sin quererlo, coincide con el comisario Capell. “Hay quien se piensa que por tener cubierto el trámite de inscribirse en el registro de asociaciones de Interior se puede hacer lo que se quiera”, puntualiza este alto mando policial. En ocasiones, se esgrime esa condición registral para evitar la acción policial, lo que resulta completamente inútil. La policía, porque es un mandato legal, debe esclarecer cualquier tipo de tenencia. Sin embargo, después los jueces reconocerán o no la existencia de lucro o dolo en la actividad de una asociación o, en cambio, su carácter colectivo y sin interés pecuniario.

Afuera asegura de forma vehemente que no ha habido en España una sola condena por autoconsumo. Y de hecho existe jurisprudencia, tanto del Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo, en la que se da por admitida la validez, en determinadas circunstancias, del autoconsumo colectivo. Podría tener lógica lo que asegura el presidente de La Maca. Nadie ha sido condenado por autoconsumo colectivo porque en cuanto se produce una condena es porque no se apreciaba esa conducta sino una delictiva, la que se corresponde con la de tráfico de drogas, o, como viene tipificado en el Código Penal, con un delito contra la salud pública.

Recientemente, los Mossos d’Esquadra han entrado en varios locales de asociaciones de consumo de cannabis y los han registrado. En alguno se ha encontrado droga comprada en el mercado negro porque no se alcanzaba la necesaria para cubrir el autoconsumo de los socios. La policía lo tiene claro. Eso es tráfico. De hecho, colectivos como La Maca están en contra de “las falsas asociaciones que actúan como coffee shop”, insiste Afuera.

El debate sobrepasa las fronteras españolas. Existen activistas en pro de la legalización del cultivo y autoconsumo de cannabis en muchos países. Desde la presidencia de la República Oriental del Uruguay se ha lanzado la propuesta de regular la compraventa de marihuana y el pago de impuestos especiales. El debate se ha contagiado a países vecinos como Argentina y Brasil, y hasta en México empiezan a oírse voces en esa dirección. José Afuera cree que ese es el camino. Por ahora, el comisario Capell seguirá aplicando la ley existente.

Cultivos colectivos

La plantación de Rasquera se encalla en el juzgado

El proyecto aprobado por el pleno del Ayuntamiento de Rasquera (Ribera d’Ebre) a finales de febrero para impulsar una plantación de cannabis en su término municipal ha quedado paralizado de forma cautelar por orden judicial, en respuesta a un recurso presentado por la Abogacía del Estado. A pesar de que el Consistorio ha preparado un recurso de apelación contra la paralización, dictada por el juzgado de instrucción 1 de Tarragona hace casi un mes, el litigio amenaza con prolongarse al menos durante un año.

El gobierno municipal de Rasquera asegura que pedirá una indemnización al Estado a razón de 54.000 euros al mes, la cantidad que había previsto ingresar el Consistorio en el caso de lograr sacar adelante el proyecto. Los vecinos de Rasquera votaron en abril en referéndum a favor del plan cannábico, aunque el sí no se impuso con el margen de votos esperado por el alcalde, Bernat Pellisa. La plantación la haría un club de consumidores de marihuana de Barcelona en fincas privadas del pueblo, aunque con la intermediación del Ayuntamiento. El gobierno municipal de Rasquera elaboró un informe jurídico antes de aprobar el controvertido proyecto basado en el vacío legal existente en España acerca del autoconsumo. Con el mismo argumento de la falta de legislación espera el Consistorio ganar la batalla judicial. Pellisa ha reclamado a la Generalitat valentía para crear una regulación. / Esteve Giralt

Permiso para plantar

Por Santiago Tarín

El derecho es un conjunto de normas que, en no pocas ocasiones, están sujetas a interpretaciones, pero en este terreno la Fiscalía Antidroga no tiene dudas: cualquiera no puede cultivar cannabis en su casa como si tuviera claveles, y lo de los clubs para fumar no es legal.

Y no es que no hayan discutido el tema. El pasado mes de junio se celebró en Bilbao la junta semestral de los fiscales antidroga de España, que abordó este asunto y que dio lugar a dos conclusiones, relativas al cultivo y a las asociaciones. En el primer asunto, se dice que el sembrado de cualquier planta con efectos tóxicos “está sometido a un estricto sistema legal de autorización y control por el Ministerio de Sanidad, con el exclusivo fin de obtener las sustancias necesarias para la industria farmacéutica”. Quien no se ajuste a estas normas, entra, según la Fiscalía, en el artículo 368 del Código Penal, que prevé penas de tres a seis años de prisión y multa de hasta el triple de lo incautado.

Este es un criterio que no se ha modificado desde hace muchos años, desde el franquismo. La ley de Estupefacientes ya lo dice, y está vigente desde 1967. En ella se explicita que “la autorización, intervención, vigilancia y control del cultivo” son cuestiones sometidas a control de Sanidad, y que es “tráfico ilícito todas las operaciones de cultivo (…) que sean realizadas contrariamente a la presente ley o con incumplimiento de los preceptos de la misma”. Y si se entra en la web del Plan Nacional sobre Drogas, en el apartado de legislación, sobre el tema de las plantaciones hay una única orden, que data de 1963, y que señala que está prohibido salvo que se disponga de autorización de Sanidad.

Otra cuestión son las asociaciones y clubs cannábicos. Como punto de partida, en este apartado la Fiscalía hace hincapié en que es necesario respetar la libertad de expresión y el derecho de reunión. Así, dichas asociaciones tienen sus estatutos, donde no se suele promover directamente el consumo, que sería punible, sino que se trata de divulgar aspectos beneficiosos y connotaciones sociales de determinados estupefacientes. Pero lo que no deben hacer es suministrarlo. No puede ocurrir que por ser socio de un club tengas derecho, según el Ministerio Público, a cantidades determinadas de hachís, porque, al ser el mercado ilegal, se supone que entonces se está acudiendo a un suministro ilícito. En este sentido, en las mencionadas conclusiones de las jornadas de Bilbao se señala que el control de la legalidad de las asociaciones se producirá en dos fases. La primera, que los estatutos no podrán “apreciar la existencia de delito”, y la segunda, que “la actividad real de la asociación no podrá realizar actos de cultivo o comercialización sin someterse a los requisitos establecidos en la ley de Estupefacientes”.

Además, y siempre según el criterio de la Fiscalía Antidroga, no se puede aludir al denominado consumo compartido, que según la doctrina del Tribunal Supremo está permitido. Los fiscales explican el ejemplo que permite discernir qué es el consumo compartido. Un grupo de amigos se reúnen para una larga noche de cartas. Entonces deciden fumarse unos porros durante la velada. Para no ir todos, uno de ellos recoge dinero y va a comprar, pero le detienen. Si demuestra que era para un ámbito privado para un momento concreto y que el dinero no era para traficar, sino para el consumo de los asistentes a la timba, se trata de consumo compartido, lo que no se puede aplicar a un club que distribuya cannabis entre sus asociados que pagan una cuota por ello.

La Fiscalía Antidroga no creen que las asociaciones estén en un limbo jurídico, como tampoco la posibilidad de cultivar cannabis libremente. Y, de hecho, ya han acusado al presidente de un club donde se encontraron bolsas de marihuana.

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