La Habana, 16 de mayo de 2014

Las Delegaciones del Gobierno y las FARC-EP informan que:

Hemos llegado a un acuerdo, sobre el cuarto punto de la Agenda contenida
en el “Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción
de una paz estable y duradera”, tercero en discusión, denominado “Solución
al problema de las drogas ilícitas”

Hemos logrado acuerdo sobre los tres sub puntos del punto 4 del Acuerdo
General:

Programas de sustitución de cultivos de uso ilícito. Planes integrales de
desarrollo con participación de las comunidades en el diseño, ejecución y
evaluación de los programas de sustitución y recuperación ambiental de las
áreas afectadas por dichos cultivos.Programas de prevención del consumo y
salud pública.Solución al fenómeno de producción y comercialización de
narcóticos.

Consideramos que:

El conflicto interno en Colombia tiene una larga historia de varias
décadas, que antecede y tiene causas ajenas al surgimiento de los cultivos
de uso ilícito y a la producción y comercialización de drogas ilícitas en
el territorio.

La persistencia de los cultivos está ligada en parte a la existencia de
condiciones de pobreza, marginalidad, débil presencia institucional,
además de la existencia de organizaciones criminales dedicadas al
narcotráfico.

Para contribuir al propósito de sentar las bases para la construcción de
una paz estable y duradera es necesario, entre otros, encontrar una
solución definitiva al problema de las drogas ilícitas, incluyendo los
cultivos de uso ilícito y la producción y comercialización de drogas
ilícitas.

La producción y comercialización de drogas ilícitas y las economías
criminales ha tenido graves efectos sobre la población colombiana,
afectando el goce y ejercicio de sus derechos y libertades.

El cultivo, la producción y comercialización de las drogas ilícitas
también han atravesado, alimentado y financiado el conflicto interno.

El fin del conflicto debe representar una oportunidad para construir una
solución conjunta e integral al problema de las drogas ilícitas.

Es necesario diseñar una nueva visión que atienda las causas y
consecuencia de este fenómeno, especialmente presentando alternativas que
conduzcan a mejorar las condiciones de bienestar y buen vivir de las
comunidades en los territorios afectados por los cultivos de uso ilícito;
que aborde el consumo con un enfoque de salud pública y que intensifique
la lucha contra las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico,
incluyendo actividades relacionadas como las finanzas ilícitas, el lavado
de activos, el tráfico de precursores y la lucha contra la corrupción,
desarticulando toda la cadena de valor del narcotráfico.

Esta nueva visión implica buscar nuevas alternativas basadas en la
evidencia, que diferencie en su tratamiento el fenómeno del consumo y el
problema de los cultivos de uso ilícito, del problema de la criminalidad
organizada asociada al narcotráfico.

Aspiramos a un país en paz y sin el problema de las drogas ilícitas y
somos conscientes de que lograr tal propósito depende también de consensos
y definiciones de alcance global por parte de todos los estados, en
particular por aquellos que de manera directa o indirecta se han visto
afectados por este problema de carácter transnacional.

Esas políticas deben regirse por el ejercicio de los principios de
igualdad soberana y no intervención en los asuntos internos de otros
estados y deben asegurar la acción coordinada en el marco de la
cooperación internacional, en la medida en que la solución al problema de
las drogas ilícitas es responsabilidad colectiva de todos los Estados.

Hemos acordado que para construir soluciones sostenibles, garantizar los
derechos de los ciudadanos y el no resurgimiento del problema, la política
que se emprenda debe tener un enfoque territorial basado en la
participación ciudadana y en la presencia y el fortalecimiento, en
términos de efectividad, eficiencia y transparencia, especialmente de las
instituciones responsables de la atención social y de las responsables de
la seguridad y protección de las comunidades, ambas con un enfoque de
derechos humanos.

Que esas políticas darán un tratamiento especial a los eslabones más
débiles de la cadena del narcotráfico que son los cultivadores y los
consumidores de drogas ilícitas, e intensificarán los esfuerzos de
desarticulación de las organizaciones criminales.

Que la política debe mantener el reconocimiento de los usos ancestrales y
tradicionales de la hoja de coca, como parte de la identidad cultural de
la comunidad indígena y la posibilidad de la utilización de cultivos de
uso ilícito, para fines médicos y científicos y otros usos lícitos que se
establezcan.

Frente al primer sub-punto Programas de sustitución de cultivos de uso
ilícito hemos acordado que el Gobierno Nacional creará y pondrá en marcha
un nuevo Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso
Ilícito-PNIS, como parte de la transformación estructural del campo que
busca la Reforma Rural Integral, y con el fin de generar condiciones
materiales e inmateriales de bienestar y buen vivir para las poblaciones
afectadas por cultivos de uso ilícito, en particular para las comunidades
campesinas en situación de pobreza que en la actualidad derivan su
subsistencia de esos cultivos, y de esa manera encontrar también una
solución sostenible y definitiva al de problema de los cultivos de uso
ilícito y a todos los problemas asociados a ellos en el territorio.

Acordamos que la transformación de los territorios y las alternativas para
las comunidades afectadas por los cultivos de uso ilícito, partirán de la
construcción conjunta y participativa entre estas y las autoridades
nacionales, departamentales y municipales, de la solución al problema de
los cultivos de uso ilícito y la superación de las condiciones de pobreza.

El Programa requiere la más amplia participación de las comunidades,
incluyendo las directamente involucradas con el cultivo, para formular,
ejecutar y hacer seguimiento a los Planes integrales municipales y
comunitarios de sustitución y desarrollo alternativo, mediante un proceso
de planeación participativa.

Se garantizará la participación de la mujer.

Un fundamento indiscutible de la solución definitiva al problema de los
cultivos de uso ilícito se encuentra en el carácter voluntario y
concertado y, por tanto, en la manifiesta voluntad de las comunidades de
transitar caminos alternativos a los cultivos de uso ilícito, y el
compromiso del Gobierno de generar y garantizar condiciones dignas de vida
y de trabajo para el bienestar y buen vivir.

Acordamos que las diferentes propuestas de las asambleas comunitarias
serán la base para la construcción de los planes municipales integrales de
sustitución y desarrollo alternativo para las zonas afectadas por cultivos
de uso ilícito, el cual se elaborará e implementará con la participación
activa de las comunidades, incluidas sus organizaciones sociales
territoriales. En el marco del plan municipal y teniendo en cuenta las
propuestas de las respectivas asambleas, se elaborarán los planes
comunitarios, que serán parte integral del mismo. Tanto los planes
municipales como los comunitarios se construyen entre las comunidades, las
autoridades nacionales, departamentales y municipales, y el Programa, como
autoridad nacional competente.

El plan municipal que integra las propuestas de las comunidades y está
constituido por los planes comunitarios será la base para la ejecución del
Programa.

Para la ejecución de los planes de sustitución se privilegiará la
contratación de las organizaciones comunitarias y se promoverá la
generación de empleo en las áreas de aplicación del mismo.

Las medidas de apoyo por parte del Programa estarán condicionadas al
cumplimiento del cronograma de compromisos adquiridos por los cultivadores
en el marco de los acuerdos de sustitución y no resiembra. Lo anterior en
el entendido de que el proceso de sustitución y su sostenibilidad
requieren del apoyo del Gobierno en los términos acordados con las
comunidades. En todo caso deberá existir un compromiso pleno de no
cultivar ni de estar involucrado en labores asociadas al cultivo, ni de
participar en las comercialización ilegal de las materias primas derivadas
de los cultivos de uso ilícito.

En los casos donde, en el marco de la suscripción de los acuerdos con las
comunidades en el marco del Programa, haya algunos cultivadores que no
manifiesten su decisión de sustituir los cultivos de uso ilícito o
incumplan los compromisos adquiridos sin que medie caso fortuito o fuerza
mayor a pesar de los esfuerzos del Programa y de las comunidades de
persuadirlos, el Gobierno procederá a su erradicación manual, previo un
proceso de socialización e información con las comunidades.

En los casos en los que no haya acuerdo con las comunidades, el Gobierno
procederá a la erradicación de los cultivos de uso ilícito, priorizando la
erradicación manual donde sea posible, teniendo en cuenta el respeto por
los derechos humanos, el medio ambiente y el buen vivir. Las FARC-EP
consideran que en cualquier caso en que haya erradicación esta debe ser
manual.

La protección de las comunidades, la garantía de derecho a la vida y el
bienestar de la población rural, requiere también asegurar el desminado,
para lo cual el Gobierno Nacional, tras la firma del Acuerdo Final y en el
marco de su implementación, pondrá en marcha un programa de desminado y
limpieza de las áreas del territorio nacional que hubiesen sido afectadas
por la ubicación de minas antipersonal y municiones sin explotar.

Este es un propósito mancomunado al que contribuirán Gobierno y FARC-EP
por diferentes medios y en lo que le corresponda a cada cual, incluyendo
el suministro de información en los términos que se consignen en el
Acuerdo Final y como parte del compromiso mutuo con el fin del conflicto y
la construcción de una paz estable y duradera.

En cuanto al segundo sub-punto de la Agenda Programas de prevención del
consumo y salud pública acordamos que la solución requiere del compromiso
y el trabajo conjunto entre las autoridades, la comunidad y la familia en
torno a una política de promoción en salud, prevención, atención integral
e inclusión social, con especial énfasis en niños, niñas y adolescentes.

La política frente al consumo de drogas ilícitas debe ser una prioridad y
una política de Estado que requiere, entre otros, el fortalecimiento de
las capacidades, tanto nacionales como territoriales, en el marco del
sistema de protección social, y la disposición correspondiente de
recursos.

Acordamos que el Gobierno creará el Programa Nacional de Intervención
Integral frente al Consumo de Drogas Ilícitas como una instancia de alto
nivel, para articular las instituciones con competencia en la materia y
coordinar un proceso participativo de revisión, ajuste y puesta en marcha
de la política frente al consumo.

La política nacional frente al consumo de drogas ilícitas tendrá un
enfoque de derechos humanos y de salud pública, un enfoque diferencial y
de género, se fundamentará en la evidencia y se construirá e implementará
con participación de las comunidades.

Para garantizar la revisión y el ajuste participativo de la política
frente al consumo con base en los principios antes descritos, el Gobierno
creará una instancia nacional con representantes de las autoridades con
competencia en el tema, instituciones científicas, centros especializados,
instituciones educativas, asociaciones de padres de familia, comunidades
religiosas y consumidores.

Acordamos también diseñar y poner en marcha un Sistema Nacional de
Atención al Consumidor de Drogas Ilícitas que incluya acciones
complementarias de rehabilitación e inserción social.

Con base en la política y los análisis territoriales sobre el consumo de
drogas ilícitas, el Programa promoverá el desarrollo de capacidades de las
autoridades locales y las apoyará en la formulación y ejecución
participativa de planes de acción departamentales y municipales frente al
consumo, de acuerdo con las particularidades de los territorios y
diferentes grupos poblacionales.

En cuanto al tercer sub-punto Solución al fenómeno de producción y
comercialización de narcóticos acordamos que como parte del compromiso de
intensificación de la lucha contra el crimen organizado y sus redes de
apoyo en el marco del fin del conflicto y con el objetivo de proteger
tanto a las comunidades y el buen desarrollo del Programa Nacional
Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, como la implementación
de los acuerdos en el territorio de la amenaza del crimen organizado, y en
general de desarticular las redes de estas organizaciones, el Gobierno
Nacional pondrá en marcha una estrategia de política criminal, en forma
paralela a la implementación de una estrategia integral de lucha contra la
corrupción, que fortalezca y cualifique la presencia y efectividad
institucional y concentre sus capacidades en la investigación,
judicialización y sanción de los delitos asociados a cualquier
organización o agrupación criminal relacionados con la producción y
comercialización de drogas ilícitas, siempre considerando el tratamiento
diferenciado que se debe dar a los campesinos y pobladores rurales
vinculados a la explotación de los cultivos de uso ilícito.

Acordamos la puesta en marcha de una nueva estrategia contra los activos
involucrados en el narcotráfico y el lavado de activos que incluye la
identificación de la cadena de valor del narcotráfico mediante un proceso
de mapeo del delito por parte de un grupo de expertos, la formulación de
un nuevo estatuto de prevención y lucha contra las finanzas ilícitas que
permita, entre otros, adecuar donde sea necesario, o definir y articular
la normatividad referida a esta materia, la cualificación y el
fortalecimiento y donde sea necesario el rediseño o creación de instancias
de investigación, supervisión o control financiero y de lavado de activos,
la puesta en marcha de una nueva estrategia para garantizar la aplicación
efectiva de la extinción de dominio, y por último la implementación de una
nueva campaña nacional que promueva valores, alerte sobre nuevas
modalidades de lavado y fomente la participación y capacidad ciudadana en
el espíritu del punto 2 del Acuerdo General.

Acordamos también que el Gobierno Nacional revisará y establecerá
estrictos controles estatales sobre la producción, importación y
comercialización de insumos y precursores químicos.

Acordamos que en el marco de la estrategia integral de lucha contra la
corrupción se desarrollará una estrategia específica de lucha contra la
corrupción asociada al narcotráfico, sobre la base de las recomendaciones
de expertos que incluya el establecimiento de grupos interinstitucionales
para atacar las distintas expresiones de la corrupción y sus responsables
y contribuir a mejorar el desempeño institucional.

En el marco del fin del conflicto y con el propósito de contribuir a la
superación definitiva del problema de las drogas ilícitas, acordamos que
el Gobierno Nacional promoverá una Conferencia Internacional en el marco
de la Organización de Naciones Unidas para reflexionar, hacer una
evaluación objetiva de la política de lucha contra las drogas y avanzar en
la construcción de consensos en torno a los ajustes que sea necesario
emprender, teniendo en cuenta la discusión y los nuevos desarrollos
internacionales en la materia, así como la perspectiva de los países
consumidores y productores, en especial las experiencias y las lecciones
aprendidas en Colombia e identificando buenas prácticas basadas en la
evidencia.

Por último, acordamos que todo lo anterior solo es posible con el
compromiso efectivo de todos:

El compromiso del Gobierno Nacional de poner en marcha las políticas y
programas de este punto, de intensificar y enfrentar de manera decidida la
lucha contra la corrupción en las instituciones causada por el problema de
las drogas ilícitas, y de liderar un proceso nacional eficaz para romper
de manera definitiva cualquier tipo de relación de este flagelo con los
diferentes ámbitos de la vida pública.

El compromiso de las FARC-EP de contribuir de manera efectiva, con la
mayor determinación y de diferentes formas y mediante acciones prácticas
con la solución definitiva al problema de las drogas ilícitas, y en un
escenario de fin del conflicto, de poner fin a cualquier relación, que en
función de la rebelión, se hubiese presentado con este fenómeno.

El Gobierno Nacional y las FARC-EP manifiestan su firme compromiso con la
solución definitiva al problema de las drogas ilícitas.

El compromiso de toda la sociedad en su conjunto, incluyendo sus
diferentes formas de organización política o social, de rechazar toda
relación con el problema de las drogas ilícitas y los dineros provenientes
del mismo.

La construcción de una paz estable y duradera supone la disposición por
parte de todos de contribuir con el esclarecimiento de la relación entre
el conflicto y el cultivo, la producción y la comercialización de drogas
ilícitas y el lavado de activos derivados de este fenómeno, para que jamás
el narcotráfico vuelva a amenazar el destino del país.

Lo convenido hasta ahora forma parte de un acuerdo más amplio que
esperamos lograr prontamente el cual contiene seis puntos.

Recordamos que uno de los principios que guían La Mesa de Conversaciones
es que “Nada está acordado hasta que todo esté acordado”. Esto significa
que los acuerdos que se construyen, están condicionados a un pacto sobre
la totalidad de la Agenda y que se pueden ajustar y complementar.

Resaltamos el aporte de la Oficina de Naciones Unidas en Colombia y el
Centro de Pensamiento Para la paz de la Universidad Nacional en la
organización de los foros que se realizaron sobre este tema de cultivos
ilícitos.

Agradecemos a los miles de colombianos y colombianas, y organizaciones
sociales que nos han hecho llegar sus propuestas y opiniones sobre los
puntos de la Agenda a través de los foros, la Página Web o los formularios
que están disponibles en alcaldías y gobernaciones. Todas y cada una de
estas propuestas han sido recibidas, leídas y tenidas en cuenta por las
delegaciones en La Habana.

Queremos agradecer a Cuba y Noruega, países garantes de este proceso, por
su apoyo y por el ambiente de confianza que propician. Igualmente
agradecemos a Chile y Venezuela, países acompañantes, a quienes las
delegaciones informan periódicamente sobre la marcha de los diálogos.
Valoramos de manera especial, su gestión, al igual que agradecemos las
expresiones de apoyo de otras naciones, organismos y líderes
internacionales.

Estos acuerdos fundamentales son el resultado del intenso trabajo
realizado a fondo por ambas Delegaciones, pensando siempre en el anhelo de
paz de los colombianos.

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