Por: Hugo Cabieses

San Jerónimo, Cusco, Peru 15 de Febrero 2009

Cuatro hechos recientes, dos nacionales – Surquillo y el VRAE – y dos internacionales – México y Viena -, han alentado el debate sobre las políticas de drogas en el Perú y la región. Aquí propongo abordar la discusión y las propuestas a tres bandas – el consumo, la producción y el tráfico -, con un solo objetivo: echarse abajo la fracasada “guerra contra las drogas” que impone el Gobierno de los Estados Unidos y el hipócrita prohibicionismo internacional.

DESDE SURQUILLO …..

El 5 de febrero se difundió en Lima la provocadora propuesta del alcalde distrital de Surquillo – barrio conocido como “Chicago Chico” con serios problemas de micro comercialización y consumo de drogas -, Gustavo Sierra Ortiz, sosteniendo que el marco legal para el tráfico ilícito de drogas (Ley 28002), “es hipócrita pues, entre otras cosas, indica las cantidades máximas de posesión de sustancias y plantas prohibidas, pero no dice dónde adquirirlas, por lo que el Estado quien debe hacerse cargo de la venta legal a través de un padrón oficial de adictos.”

“Lo que estoy proponiendo es que el Estado asuma un rol protagónico. Se dice de qué manera usarla, pero no cómo obtenerla. Esto es contradictorio porque ignora el problema de la comercialización, el cual debería estar regulado”, señaló. La sugerente propuesta es que los adictos empadronados serían tratados por especialistas del Ministerio de Salud y plantea entregar a diario las dosis máximas permitidas por la ley y, poco a poco, ir reduciendo la cantidad hasta lograr la rehabilitación. Los médicos harían un monitoreo a los pacientes y a su familia. La idea es que en seis meses o un año, como máximo, la adicción podría ser controlada. El alcalde está convencido que se eliminaría la micro comercialización y opinó que quienes hacen la ley, como los congresistas, no conocen a fondo la batalla diaria que se libra con los traficantes, como ocurre en su distrito, uno de los más peligrosos de la capital del Perú.

LEVIATAN EN CONTRA

Por supuesto que el Centro de Documentación e Información sobre Drogas CEDRO de Lima a través de uno de sus investigadores – Milton Rojas – y su presidente ejecutivo – Alejandro Vassilaqui -, se pronunció en contra: “legalizar la drogas sólo traería más inseguridad”. Más cauta fue la Comisión para el Desarrollo y Vida sin Drogas DEVIDA, el organismo estatal anti-drogas, a través de su presidente ejecutivo Rómulo Pizarro, quien dijo: “Invito al alcalde a conversar, pero no estoy de acuerdo”. El Primer Ministro Yehude Simon sostuvo que: “Me parece de muy mal gusto y estoy en contra por un problema ético y moral”.

El “mal gusto” se refería sin duda al hecho de que el alcalde hizo su propuesta la víspera de la inauguración de la XXIV Conferencia Mundial de Comunidades Terapéuticas, aguando el pastel a los CEDROs del mundo convocados por la activista anti-drogas, doña Marilú de Gonzáles Posada. El Presidente Alan García inauguró el evento al medio del 9 de febrero, pero no quiso referirse al tema.

Como era de esperarse, se han pronunciado en contra de la propuesta Iglesia Católica (el congresista Luis González Posada del APRA – esposo de doña Marilú -, el Ministerio de Salud, el congresista Juan Perry de Madre de Dios – de la fantasmal Alianza Nacional -, los alcaldes de Barranco, el Rímac y Lince, así como, por supuesto, la Embajada de los EEUU, a través de su embajador, Michael McKinley.

También se pronunció el presidente de la Región San Martín, César Villanueva diciendo que “no es el momento apropiado”.

El congresista Isaac Mekler, de las filas del nacionalista Ollanta Humala, dijo que solicitará al procurador del Congreso de la República denunciar penalmente al Alcalde de Surquillo por “el gravísimo acto de instigación al consumo indebido de drogas, por la actitud de este de llevar al recinto parlamentario varios gramos de Marihuana durante su entrevista con el Presidente de la Comisión de Salud”. Blandiendo el sable, señaló que:”existe una fuerte corriente en pro de la legalización de las drogas que cuenta con amplio financiamiento internacional de parte de las ONG, como la Open Society Institutte, del especulados y “filántropo” George Soros, cuyo financiamiento está estratégicamente canalizado en nuestro país, a través de diversas instituciones para investigaciones y proyectos de periodistas, estudiosos, abogados, artistas y políticos, en definitiva líderes de opinión”.

En el otro extremo, el sicólogo social Baldomero Cáceres, se pronunció apoyando la propuesta: “Estoy a favor de la marihuana y la hoja de coca. Son plantas medicinales desechadas por la ciencia por la falsa creencia de que son drogas”. El Colegio Médico a través de su presidente Julio Castro dijo que el tema debe debatirse con seriedad. En mi caso me he pronunciado a favor de la propuesta, pero solicitando su extensión hacia las otras dos bandas: la producción y cultivo de coca y el tráfico de drogas en el marco de una estrategia de reducción de daños.

Por su lado el analista en temas de drogas y seguridad, Ricardo Soberón, planteó cuatro puntos que permitan ordenar el debate: 1) la falsedad de la legalización de las drogas que supuestamente defendemos; 2) la absoluta inoperancia del sistema actual que permite el funcionamiento de las mafias y el hacinamiento del sistema penal peruano; 3) la falsedad de los argumentos usados por políticos, comunicadores y ONGs interesadas; y, 4) los actos de posesión para el consumo que no están penalizados por ley.

La analista ambiental del diario El Comercio, Martha Meier, escribió sobre el tema el 7 de febrero en un artículo titulado “La Marihuana que no queremos”, posicionando a ese diario en el marco de las satanizaciones de CEDRO y la Embajada de los EEUU. Leyendo el artículo, cabe preguntarse, ¿tanto daño causa la marihuana al consumirla? ¿Qué dicen los usuarios y defensores de esta planta maestra?. ¿No hay miles de libros escritos a favor de su uso terapéutico, varios estados de EEUU que la “administran” en máquinas automáticas y cientos de ciudades del mundo en donde circula con libertad regulada?.

Curiosamente, el respetado analista César Hildebrant no se ha pronunciado sobre el tema de fondo, sino que plantea varias interrogantes y sobre el alcalde mismo al que, según sostiene, nadie conocía hasta que lanzó su propuesta. Leer “Un alcalde sin nombre” en el diario La Primera.

…… HASTA EL VRAE

El segundo tema nacional, ha sido que un día antes de la polémica propuesta del alcalde de Surquillo, frente al clamoroso fracaso del llamado Plan VRAE dirigido por el Ministerio de Defensa que ya lleva dos años basado en una mesa inestable de tres patas – militarización contra el terrorismo, policialización contra el “narcotráfico” y desarrollo alternativo que no fue uno ni lo otro -, el Gobierno promulgó la Resolución Ministerial Nro. 056-2009-PCM del 4 de febrero del 2009, creando un Grupo de Trabajo Multisectorial de Coordinación del Sector Público Agrario del Valle de los ríos Apurímac y Ene (Ayacucho, Cusco y Junín) y de la provincia de Tayacaja (Huancavelica) que dependerá del Ministerio de Agricultura a través del Programa para el Desarrollo de la Amazonía (Proamazonía).

¿Al fin se dieron cuenta en el Gobierno y en la Embajada de los EEUU que la mesa de tres patas – militar/policial/civil -, lanzada a fines del 2006 no funciona? Ojala sea así, ya que un síntoma del fracaso es que los muertos hasta ahora contabilizados – 18 desde agosto del 2008 – los han puesto las FFAA y Policiales, el “narcotráfico” y la coca en el VRAE siguen campeando y el doctor Jorge Durand – jefe civil del Plan VRAE – sigue sin visitar esta satanizada zona (ver mi artículo en Quehacer Nro. 172 “En defensa del VRAE y sus gentes”, octubre-diciembre 2008).

El 6 de marzo el Primer Ministro Yehude Simon visitará la zona para realizar un Consejo de Ministros Descentralizado. Esperamos que militares y policías se subordinen al desarrollo social y productivo, así como a las autoridades locales y regionales. El tema está planteado: el problema de la coca y el VRAE es agrario, no policial y menos aún militar.

DECLARACIÓN DE NOTABLES …..

Coincidentemente con estos dos hechos, el debate continuó y se fortaleció con la Declaración de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia integrada por Fernando Enrique Cardoso, César Gaviria, Ernesto Zedillo, Enrique Krauze, Sergio Ramírez, Paulo Coelho, Tomás Eloy Martínez, Enrique Santos Calderón, Antanas Mockus y 12 personalidades más que emitieron el 11 de febrero en Río de Janeiro la declaración “Drogas y Democracia en América Latina. Hacia un cambio de paradigma”. Los únicos peruanos que la firmaron fueron el escritor Mario Vargas Llosa y el jurista y ex-Ministro de Justicia y Relaciones Exteriores Diego García Sayán. Este último publicó un artículo en La República el 13 de febrero titulado “Drogas: cero puntos …. Pero muchos tiros”, precisando la Declaración firmada y sosteniendo que la administración de Barack Obama ofrece “una nueva oportunidad, en la meida en que los países de AL seamos capaces de hablar en serio y francamente sobre el tema”.

En resumen la Declaración plantea romper el silencio frente al fracaso de la “guerra contra las drogas” y ratificar que su “enfoque no es de tolerancia con las drogas”, pero que se debe: 1) tratar el consumo de drogas como una cuestión de salud pública; 2) evaluar con un enfoque de salud pública y haciendo uso de la más avanzada ciencia médica la conveniencia de descriminalizar la tenencia de marihuana para consumo personal; 3) reducir el consumo a través de campañas innovadoras de información y prevención que puedan ser comprendidas y aceptadas, en particular por la juventud, que es el mayor contingente de usuarios; 4) focalizar la represión sobre el crimen organizado; y, 5) reorientar las estrategias de represión al cultivo de drogas ilícitas. Añaden que “La simple descriminalización del consumo, si no va acompañada de políticas de información y prevención, puede tener como consecuencia la profundización de los problemas de adicción”.

Y, ojo para los satanizadotes de la coca y las drogas: “Se debe hablar no sólo de cultivos alternativos sino de desarrollo social de fuentes de trabajo alternativo, de educación democrática y de búsqueda de soluciones en un contexto participativo”. Por si fuera poco, sostienen también que: “se deben considerar los usos lícitos de plantas como la coca, en los países donde existe larga tradición sobre su uso ancestral previo al fenómeno de su utilización como insumo para la fabricación de droga, promoviendo medidas para que la producción se ajuste estrictamente a ese tipo de consumo”.

La “Carlincatura” de Carlos Tovar en el diario La República, me exime de mayores comentarios sobre la opinión de los leviatanes de siempre respecto a la marcha de este debate:

……. Y LA JIFE

Desde Colombia, España, Argentina, Bolivia y México ha comenzado a alimentarse este debate, en momentos en los que en Viena se iniciará el 52 periodo de sesiones de la Comisión de Estupefacientes de la ONU que se realizará entre el de marzo. En este marco, desde el 19 de febrero comenzó a circular el Informe 2008 de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes JIFE, que claramente se ubica en el sector más duro de la polémica, pese a que sostiene que: “A mediados del decenio de 1980 algunos gobiernos, enfrentados a problemas cada vez más graves de consumo de drogas por inyección, consideraron la “reducción del daño” una respuesta pragmática, si bien no una solución, para hacer frente a esos problemas y empezaron a adoptar medidas para hacerles frente.” Pero también señala que: “el objetivo de todo programa de prevención del abuso de drogas debe ser la abstinencia y que ….. ciertas medidas de “reducción del daño” no son compatibles con los tratados y actúan principalmente como forma de control social.”

Con respecto a la hoja de coca dice claramente que: “hoy en día existe un movimiento encaminado a revalorizarla y elevarla a la categoría de símbolo de identidad nacional y étnica utilizado por los pueblos indígenas para reafirmar sus raíces culturales y sus derechos históricos. Algunos gobiernos han seguido permitiendo el cultivo de arbusto de coca y el uso de hoja de coca y hasta han fomentado esas costumbres.” Y añade: “La posición de la hoja de coca en la Lista I de la Convención de 1961 es clara: el consumo de hoja de coca sin la extracción previa de sus principales alcaloides activos, incluida la cocaína, a menos que sea con fines terapéuticos, está prohibido.”

Con respecto a la marihuana, la JIFE dice que “constituye un problema por varias razones: a) La tolerancia del uso “recreativo” del cannabis en muchos países es incompatible con la posición de esa sustancia en las Listas I y IV de la Convención de 1961; b) La relación entre la política aplicada al cannabis en diferentes países y las repercusiones de esa política en las tendencias del uso ilícito de la sustancia no queda clara; c) Las ideas de la opinión pública acerca de los supuestos usos “médicos” del cannabis y de su uso “recreativo” se superponen y se confunden; d) Los países en desarrollo que se esfuerzan por eliminar el cultivo ilícito de la planta de cannabis se ven desalentados por las políticas tolerantes de sus países vecinos más ricos y, tal vez en consecuencia, reciben escasa asistencia para el desarrollo alternativo.”

“RID” A TRES BANDAS

Posicionándome en la discusión, considero falso el debate prohibición/legalización y junto con otros y otras, planteo una “tercera vía”, aunque suene feo y oportunista, que es la estrategia de Reducción Integral de Daños RID, o “a tres bandas”, lo que esquemáticamente implica impulsar:

1) Por el lado de la producción y cultivos, el desarrollo humano sostenible inclusivo con la gente y con la coca legal, respetando las culturas y saberes locales, protegiendo la ecología, manejando los recursos naturales, fortaleciendo institucionalidad social y pública siendo la Estatal una de ellas y con actividades económicas, no productos o commodities, apuntando a los mercados locales y regionales, no hacia la exportación y, menos aún, a los biocombustibles.

2) Por el lado del consumo de drogas la despenalización de las drogas suaves – marihuana, entre ellas -, la des-satanización de las plantas maestras con propiedades medicinales y/o “alteradoras de la conciencia” – la coca entre ellas -, la administración regulada de las drogas fuertes – cocaína y heroína, principalmente – en centros hospitalarios y farmacias autorizadas, el uso de terapias de sustitución – metadona, cocaína oral, etc. – , la regulación de las “comunidades terapéuticas” especialmente aquellas que usan y abusan de la religión y una fuerte campaña preventiva/informativa desde el Estado, en medios y la sociedad civil sin mensajes tipo “a la drogas dile no”, rechazando la satanización, especialmente contra la coca – “de cada 10 hojas 9 van al TID ….” -, cocaleros – “narco cultivadores” y “tontos útiles de los narcos” -, coqueros – “adictos desnutridos” “cosa de indios” – y contra los que defendemos estrategias diferentes por supuestamente ser “cómplices del narcotráfico”.

3) Por el lado del tráfico ilícito de drogas, aplicar inteligencia operativa para la ubicación y apresamiento de capos, firmas, banqueros y empresarios lavadores de dinero, sanciones fuertes – verificables y monitoreables – para autoridades policiales, militares, magistrados y políticos involucradas en delitos de TID y “jaladores” de niños y jóvenes mochileros y/o burriers para involucrarlos en el “negocio”, sin impunidad contra estos delitos – especialmente de policías, militares y políticos –, golpeando a los verdaderos blancos y no a consumidores y/o micro-comercializadores, vaciando las cárceles de delitos menores.

Lo anterior implica en el Perú, por supuesto, la derogatoria de la Ley Maldita 22095 de febrero de 1978, por obsoleta y por promover el TID, sus complementarias y modificatorias. Esto en el marco de una campaña permanente nacional e internacional por la despenalización de la hoja de coca y su retiro de la Lista 1 de estupefacientes de la ONU.

Esta es, palabras más palabras menos, la misma estrategia de “domesticación de las drogas” que planteaba hace más de 15 años Rosita del Olmo y recogía – recoge – en buena parte de sus escritos Ethan Nadelman desde la Drug Policy Alliance de la Open Society y, por cierto del TNI de Holanda, WOLA de Estados Unidos y el Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC).

No estoy inventando nada ….. salvo insistir que hay que impulsar la estrategia no sólo por el lado del consumo, sino simultáneamente por el de la producción y el TID. Finalmente pregunto: ¿qué están esperando los partidos políticos y líderes de izquierda, ecologistas, socialistas y nacionalistas para pronunciarse?. Este debate es importante ya que está de por medio no sólo la salud de los ciudadanos y sus jóvenes, sino la soberanía para diseñar políticas de Estado con respecto a la estrategia tonta, hipócrita e ineficaz de “guerra contra las drogas”, “desarrollo alternativo” y “a la drogas dile no”.

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