Fuente: ABC
19 de enero de 2009
Por Luis de Vega, corresponsal
La producción y el tráfico de cannabis en Marruecos baja, pero mantiene sus lazos con las Fuerzas de Seguridad y otros funcionarios.
Una treintena de agentes son los últimos detenidos.
España se mantiene como principal destino de esta droga
Que los aduaneros del puerto de Tánger hallaran los primeros días de 2009 en un camión que iba camino de España 52 kilos de hachís no es noticia en un país donde se producen unas mil toneladas anuales. Pero «la mercancía se encontraba disimulada entre un cargamento de tomates producidos… en tierras del rey Mohamed VI», como han detallado varios periódicos marroquíes.
El conductor y propietario del vehículo, de nacionalidad española, parecía seguro de que el sello «domaines royaux» (dominios reales) era garantía suficiente para que los agentes no le inspeccionaran. Se equivocó, porque no es la primera vez que alguien utiliza al palacio como tapadera.
Aunque ese transportista subestimara el trabajo de los policías del puerto de Tánger, el Ministerio del Interior tiene que bregar de manera cotidiana con la participación de algunos de sus hombres en las redes de tráfico de droga.
El miércoles pasado anunció que 29 miembros de las Fuerzas de Seguridad pertenecientes a los cuerpos de la Gendarmería Real, la Marina Real y las Fuerzas Auxiliares habían sido puestos ante la Justicia tras ser detenidos como cómplices en la última operación de lucha contra el narcotráfico. La red enviaba los alijos a Bélgica y Holanda a través de España.
La última encuesta de Transparency Maroc, publicada el mes pasado, sitúa a la Justicia como campeona de la corrupción. En segundo lugar aparece la Policía. En la clasificación mundial, el reino alauí bajó el año pasado ocho puestos y se colocó el 80 de 180.
«El empeoramiento sufrido por Marruecos es debido a la no aplicación efectiva de las reformas anunciadas por el Gobierno para luchar contra este fenómeno», dijo en septiembre Rachid Filali, máximo responsable de este observatorio de la corrupción.
La última encuesta de Transparency Maroc situó el pasado diciembre a la Justicia como campeona de la corrupción. En segundo lugar aparece la Policía
El 9 de octubre de 2006, el rey Mohamed VI recibió una carta de miembros de la sociedad civil de Nador, provincia limítrofe con Melilla desde donde zarpan embarcaciones con hachís hacia España, en la que se denunciaba que en la laguna de la «Mar Chica» se operaba con absoluta impunidad.
Carta al rey
Un mes después se intervenían en esa laguna 123 lanchas rápidas tipo zodiac y diez toneladas de hachís. «La puerta de entrada y salida de esa laguna hacia el Mediterráneo tiene apenas 80 metros de ancho y está permanentemente vigilada por la Gendarmería, la Marina y las Fuerzas Auxiliares», comenta a ABC Chakib al Khayari, presidente de la Asociación Rif de Derechos Humanos y uno de los remitentes de la carta al monarca.
«En las regiones donde históricamente se produce el cannabis, como Ketama, es bien sabido que los miembros corrompidos de la autoridad, entre ellos las Fuerzas de Seguridad, obligan a los pobres campesinos a pagar dinero para no ser acusados de cultivar cannabis», añade Khayari.
«Hay implicados parlamentarios, pero no les pasa nada», «agentes que pagan por obtener una plaza en el norte del país» y «hasta la Justicia conoce este fenómeno de la corrupción», se queja este activista de Nador. Esa «especie de mafia» entre traficantes y Fuerzas de Seguridad es «un secreto a voces», reconoce un agente español desplegado en Marruecos.
«Se mueve mucho dinero» y es fácil «comprar voluntades».
Ante esta situación, el 5 de febrero de 2008, el fiscal de Nador recibió una denuncia de la Asociación Rif de Derechos Humanos en la que se le reclamaba abrir una investigación por «complicidad de agentes de la autoridad en el tráfico de droga a nivel internacional».
«Es bien sabido que los miembros corrompidos de la autoridad obligan a los campesinos a pagar dinero para no ser acusados de cultivar cannabis», dice un activista de Nador
Unos meses antes, en septiembre de 2007, el que era director de la seguridad de los palacios reales, Abdelaziz Izzou, fue detenido y encarcelado después de ser denunciado por un gran capo del hachís, Mohamed Kharraz. Izzou colaboró con él cuando ocupó la jefatura de la Policía Judicial de Tánger entre 1996 y 2003. Kharraz arrastró además a otra docena de funcionarios. Algo parecido ocurrió cuando el traficante Mounir Erramach tiró de la manta en 2003.
También España
«No hay que olvidarse de España», afirma Chakib al Khayari, donde se decomisan, según datos de la Oficina de Naciones Unidas para las Drogas y el Crimen (ONUDC) de 2008, el 45 por ciento de los alijos de hachís de todo el mundo. «La mayoría de la droga que sale de Marruecos lo hace hacia España y algunos de los traficantes que Rabat busca hallan refugio en Melilla, a ojos de todos, incluidas las Fuerzas de Seguridad». «Mientras haya producción de hachís, habrá tráfico ilegal y complicidad de las autoridades, ya sean marroquíes o españolas».