Fuente: La Voz de Galicia

28/4/2010

Por: Julio Á. Fariñas

El balance de un siglo de fiscalización de los estupefacientes ofrece un panorama desolador. Informes recientes de la ONU reconocen que un 4% de la población mundial consume drogas. La Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (Cicad), adscrita a la Secretaría de Seguridad Multidimensional de la Organización de los Estados Americanos, congregó la pasada semana en Lugo a representantes de 40 ciudades de 34 países para intercambiar experiencias en la reducción de la demanda de las drogas. El brasileño Alexandre Addor Neto, en calidad de secretario de Seguridad Multidimensional de la OEA, fue uno de los máximos responsables de la organización de esta cumbre.

Dice que el planteamiento de guerra a las drogas, propuesto y adoptado por EE.UU. en los setenta y que tuvo influencia en muchos países, está claramente superado

-Tres ex presidentes de Latinoamérica, entre ellos el brasileño Henrique Cardoso, presentaron recientemente las conclusiones de una comisión regional sobre drogas y democracia en São Paulo. Su veredicto fue que la guerra contra las drogas es un fracaso. Las redes de traficantes han echado raíces y el dinero de este negocio ilegal ha infectado la política. ¿Lo comparte?

 Los tres ex presidentes de los tres países de mayores poblaciones en América Latina [Brasil, México, y Colombia], en un programa que llaman Drogas y democracia, lo que proponen es un tratamiento diferente a la cuestión de las drogas: que el consumo se vea más como un problema de salud pública que criminal; que se considere la despenalización de drogas blandas y que se continúe combatiendo el trafico, como elemento esencial de la delincuencia organizada transnacional. Consideran los efectos de corrupción del tráfico y de su penetración en el campo político. Es una propuesta a discutir.

-A pesar del famoso Plan Colombia y de las políticas de erradicación de cultivos, la producción de cocaína sigue aumentado. ¿Cómo se entiende eso?

 Está claro que es imposible combatir las drogas sin algunos elementos esenciales: uno, la reducción de la demanda; en este sentido, en las Américas los gobiernos reconocen el principio de la responsabilidad compartida. Segundo, el estímulo de los cultivos alternativos, que garanticen la supervivencia de los campesinos que hoy dependen de la hoja de coca. Con eso se contribuiría a la reducción de la oferta. Pero sin duda la clave de todo está en garantizar junto a las poblaciones vulnerables y excluidas una presencia del Estado nacional que traiga esperanzas de acceso a la ciudadanía y al progreso material.

-¿En qué medida la actual política frente a las drogas responde a una imposición de EE.?UU.?

 Estados Unidos, por todas las razones conocidas, su poder económico, financiero, tecnológico, político y militar, tiene obviamente gran influencia. En la OEA lo que se busca es una agenda interamericana, de interés para todos los países miembros, en la que no debería haber espacios para imposiciones. Creo que la visión de guerra a las drogas, propuesta y adoptada por EE.?UU. en los años setenta y que tuvo influencia en muchos países, ya está claramente superada. Una de las malas consecuencias de la concepción de guerra es que se acepta la muerte de inocentes, considerada un daño colateral.

-¿La Administración Obama sigue por esa misma línea?

 La nueva administración norte americana habla de responsabilidad compartida con gran énfasis y ya declaró oficialmente que mandar a la cárcel a todos los involucrados en el tráfico de drogas ilegales [inclusive consumidores] no es la solución. El nuevo responsable en la Casa Blanca, Gil Kerlikowske, se dijo favorable a alternativas a la encarcelación, como las discutidas en esta cumbre de Lugo.

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