Por: Andrés Bermúdez Liévano

7 de julio de 2015

Durante tres días 700 cocaleros de todo el país se reunieron en Mocoa para hacer su ‘constituyente de la coca’.

​Mientras las Farc propusieron este fin de semana arrancar ya con el aterrizaje del acuerdo firmado en La Habana sobre cultivos de coca, los cocaleros en sus regiones de influencia están pidiendo ser protagonistas de esos pilotos de sustitución que el Gobierno aún no ha aprobado.

“Queremos decirle, señor Presidente, que si usted tiene la voluntad de materializar la sustitución [de coca], acá está su contraparte. Siéntese con nosotros y hacemos los pilotos”, retumba la voz aguda de Andrés Gil, uno de los líderes más visibles del movimiento de reservas campesinas y de Marcha Patriótica, que ayudaron a organizar la ‘constituyente de la coca, amapola y marihuana’. Una cumbre que reunió, desde el sábado hasta el lunes, a unos quinientos cocaleros de todo el país -desde el Catatumbo y el Bajo Cauca antioqueño hasta Guaviare y Caquetá- en Mocoa, Putumayo, para discutir su futuro.

En frente de Gil se arremolina, en medio del frondoso Parque General Santander de Mocoa, un público de varios cientos de campesinos, más otros tantos jóvenes universitarios que vinieron a ‘apoyar’ su causa, vistiendo camisetas con eslóganes pidiendo una Asamblea Nacional Constituyente y ¡Cese bilateral al fuego ya! “¡Somos campesinos, exigimos soluciones!”, corean todos como respuesta, mientras arrecia el aguacero típico el invierno putumayense.

El problema es que, aunque sus ideas van en línea con lo acordado en La Habana sobre cómo erradicar la coca, los cocaleros están tratando de meterle el acelerador antes de que la firma de un Acuerdo final los vuelva realidad. Y, sobre todo, que están desafiando varios inamovibles que el Gobierno ni siquiera ha querido discutir con las Farc en la mesa de negociación.

La cumbre de cocaleros

Para líderes agrarios de Marcha Patriótica, como Andrés Gil y César Jerez, es el momento de aterrizar unos pilotos de sustitución de coca con la misma filosofía del acuerdo de La Habana de erradicación voluntaria y participativa.

Los cocaleros sienten que un proceso de sustitución debe ser gradual, algo a lo que el Gobierno se niega por considerar que no pueden recibir incentivos del Estado mientras siguen cultivando la planta.

Hasta ahora los cocaleros -una de las bases sociales tradicionales de las Farc y el origen de una de sus principales fuentes de financiación- se han sentido perseguidos y estigmatizados tras años en que han sido los blancos más fáciles en la ‘guerra contra las drogas’ pese a tener los márgenes de ganancia más pequeños en toda la cadena.

El proceso de paz les ha dado más confianza en que se pueda solucionar lo que ellos llaman “el problema social y económico de la coca”, que viene a ser la falta de alternativas de supervivencia en las regiones más abandonadas y violentas del país.

Ese optimismo era palpable en el coliseo del Colegio Ciudad de Mocoa, en donde se enclaustraron sábado y domingo para redactar su ‘constituyente de la coca’. Ese es el nombre que le dieron al documento que esperan se convierta en la hoja de ruta para el futuro de la coca en Colombia, en el que se puedan alejar del narcotráfico y acercar a los usos tradicionales e industriales en boga en Bolivia o Perú.

De hecho, tan seria es su idea de poner de moda la planta de la coca que dos de sus invitados especiales fueron el boliviano Dionicio Guzmán, que fue viceministro de la coca del gobierno de Evo Morales, y Serafín Luján, que fue secretario general del gremio que reúne a más de 25 mil cocaleros peruanos.

Durante dos días, los cocaleros se repartieron en los diferentes salones de una de las mayores escuelas de Mocoa, organizados en grupos de discusión bautizados con nombres como ‘víctimas de la guerra química’ o ‘falsos positivos judiciales’. Sus jornadas de nueve horas de discusión solo eran interrumpidas por el almuerzo, visible por la fila que serpenteaba por todo el colegio y que servían los voluntarios que cada delegación enviaba a la cocina comunitaria. Luego sus colegas se encargaban de dejar todo limpio.

Una de sus mayores motivaciones es que el tercer acuerdo que firmaron las Farc y el Gobierno hace un año plantea un revolcón en la política antidrogas, reemplazando el modelo actual de fumigación y erradicación forzosa por una voluntaria que nace de una planeación participativa con las comunidades involucradas y viene acompañada por una transformación radical de las condiciones de vida en el campo.

Es decir, dos cosas que permitirían una mayor integración social y oportunidades para los cocaleros. “A medida que eso se haga realidad, la coca irá estorbando en la finca”, dice Heraldo Vallejo, un zootecnista y líder campesino del Putumayo conocido con el apodo del ‘Hombre Amazónico’.

“Estamos adelantándonos a lo que se acordó en La Habana. Independientemente del proceso, si al Gobierno le interesa resolver el problema social cocalero, la nuestra es una propuesta viable”, dice Yule Anzueta, un líder campesino de Orito y de la mesa de diálogos con el Gobierno creada allí tras el paro el año pasado.

Para eso se inventaron este fin de semana la Coordinadora de Organizaciones de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana, o Coccam, que los reunirá y les dará una voz pública.

No será un gremio cocalero en estricto sentido, como los que intentaron crear durante los paros cocaleros de Caquetá a mediados de los noventas o la Cococa en la época del Caguán.

Más bien funcionará bajo el paraguas de las organizaciones campesinas a las que ya pertenecen los cocaleros. Lo imaginan como un espacio para discutir los problemas de la coca donde se sientan delegados de las distintas organizaciones al interior de la Cumbre Agraria, formada hace un año para agrupar a los sectores súper poderosos de la movilización social en el país y convertirse en el movimiento político del posconflicto.

Esto se debe a que la mayoría de grupos en la Cumbre son campesinos o tienen una fuerte base rural.

Allí, entre los cafeteros, cacaoteros y otros productores de Fensuagro, el Congreso de los Pueblos o la Mesa de Interlocución y Acuerdos, también están los cocaleros. De igual manera, en la mayoría las zonas de reserva campesina existentes y propuestas -como Catatumbo, la Perla Amazónica o Losada Guayabero- hay coca sembrada.

E incluso la hay en la Onic indígena y el PCN afro, que aún no reconocen de frente la presencia de coca en sus territorios pese a que -como ha contado La Silla- ésta se ha venido concentrando en resguardos y consejos comunitarios dado que es más difícil para el Estado entrar a erradicarla.

“La idea es dar la cara: no somos narcotraficantes, somos cocaleros, somos campesinos y tenemos estas propuestas”, dice César Jerez, otro de los voceros del movimiento de zonas de reserva y líder de la Cumbre Agraria.

Según Jerez y Gil, en la reunión que tuvieron hace una semana los delegados de la Cumbre Agraria en la Casa de Nariño, el presidente Juan Manuel Santos les contó que quiere arrancar unos pilotos de sustitución que suenan muy parecidos a los que propusieron las Farc el fin de semana.

La Silla no pudo comprobar que Santos les hubiera hecho ese anuncio. Hacerlo implicaría una suspensión de facto de la estrategia antidrogas en esas zonas y hacerle otra excepción al principio de que “nada está acordado hasta que todo esté acordado” que ha regido las negociaciones en La Habana.

Aún así, los cocaleros insisten en que ellos son los interlocutores naturales del Gobierno. Como dice Jerez, “arrancar los programas de sustitución sería un mensaje positivo de confianza en el proceso de paz. Se abriría un espacio en el que el Gobierno necesita interlocución con los cocaleros y para esto está Coccam”.

“El Gobierno está hablando de nosotros con ellos allá [en La Habana], pues ahora debería hablar con nosotros de lo que nos pasa”, dice un cocalero del Caquetá, que -como los demás- prefiere guardarse su nombre.

Los cocaleros se imaginan su futuro

Una de las iniciativas del congreso cocalero fue crear un espacio que los represente e interactúe con el Gobierno, en el que se sienten los líderes de los movimientos campesinos donde hay cocaleros.

Muchas de las propuestas que hicieron este fin de semana los cocaleros, desde enfocar el consumo como un problema de salud pública hasta llevar bienes públicos como vías y escuelas a las zonas rurales, coinciden plenamente con el acuerdo de drogas de La Habana y también con las ideas que el Gobierno está contemplando para darle un vuelco a la política de drogas, tras los consejos de su Comisión Asesora en Política de Drogas o de la Comisión Global en la que está el ex presidente César Gaviria.

Pero hay varias que no solo van en contravía de lo que el Gobierno ha planteado, sino que ya consideró como ‘no negociables’ con las Farc en La Habana. Sobre todo dos.

La primera es que los cocaleros quieren que, además de voluntaria y participativa, la sustitución de cultivos sea un proceso gradual. Eso significaría que los campesinos puedan mantener la coca en sus predios mientras logran montar un proyecto de vida distinto.

Algunos incluso plantearon que el Gobierno compre la producción de hoja de coca -evitando que quede en manos de los eslabones que la procesan en clorhidrato de cocaína- y que se les debería garantizar que ganaran lo mismo que antes (aunque, en general, la coca no es un negocio rentable para el que la siembra sino para los eslabones que le siguen). “¿Y cómo a cuánto lo pagarían?”, le pregunta a su vecino un hombre mayor del Guaviare, curioso por hacer las cuentas matemáticas en su cabeza.

“Es difícil, por no decir imposible, que en el estado actual de cosas la gente deje de cultivar, no vaya a ser que se le mueran los hijos por falta de con qué comer. No hay alternativas”, dice Luis Eduardo Betancur, un veterano líder cocalero que fue diputado del Guaviare y personero de Calamar en los años noventa, pero que arrancó como raspachín y cultivador.

Él y los demás cocaleros argumentan que el Gobierno históricamente les ha hecho conejo con las promesas pactadas y que no tiene sentido sacar la coca sin asegurar que se cumplan los acuerdos. “Si yo arranco mi coca, ¿quién me responde después si en Bogotá se hacen los de la vista gorda?”, pregunta una campesina del Putumayo.
Muchas de las propuestas de los cocaleros van en la línea de lo que acorado en La Habana sobre drogas, pero otros puntos se acercan a lo que el Gobierno consideró no negociable.

La constituyente cocalera forma parte simultáneamente de las distintas constituyentes que Marcha Patriótica y la Cumbre Agraria han hecho en todo el país, sobre temas tan diversos como la locomotora minero-energética o los temas rurales, un proceso que esperan desemboque en una Asamblea Nacional Constituyente.

El Gobierno, sin embargo, no tiene ninguna intención de aterrizar los programas si no hay una voluntad real de dejar la coca de una vez por todas. Eso le dijo, por ejemplo, a los campesinos del Putumayo que en su mesa de diálogo intentaron exigir lo mismo y luego abandonaron la idea.

“No pueden tener coca y al mismo tiempo recibir beneficios del Estado: ese es el principio del acuerdo. Es un imposible político y jurídico”, le dijo a La Silla un experto en política de drogas que no está autorizado para hablar del tema en público.

Algo similar sucede con la propuesta de los cocaleros de que se repare, y se incluya en la Ley de Víctimas, a todos los campesinos afectados por la fumigación de coca -sean o no cocaleros- y a los que han sido judicializados por cultivarla, dos puntos que las Farc también plantearon sin éxito en la mesa de negociación.

Más viable, en cambio, es la propuesta de los cocaleros de que se les deje de castigar bajo el Estatuto antinarcóticos que permite procesarlos como narcotraficantes cuando se les agarra con cultivos o con cargamentos de hoja, una estrategia que ha permitido al Gobierno ‘inflar’ el número de capos capturados.

En la práctica, la Policía ha venido abandonando esta práctica y en cambio enfocándose en medidas administrativas como incautar la hoja o destruir los cultivos, dado que la justicia termina soltando a los cocaleros y esto le ha costado a la Fuerza Pública perder legitimidad en las zonas cocaleras. Y en el Congreso ya hay un proyecto de ley de reforma al sistema penal acusatorio, presentado por el Ministerio de Justicia y la Fiscalía, que ampliaría el principio de oportunidad para los cocaleros.

Sin embargo, un estudio que está terminando el observatorio de drogas de Indepaz y liderado por el ex alcalde de San José del Guaviare, Pedro Arenas, encontró 2 mil casos de cocaleros judicializados solo en las cárceles de Cúcuta, Tumaco y Popayán, por lo que su estimativo es que podría haber unos 3 mil en todo el país. De ahí que para ellos el tema sea urgente.

El tema es que el Gobierno, como le explicó a La Silla una persona que conoce el problema de primera mano, no puede dejar de perseguirlos penalmente -así opte por otras fórmulas que no sean la cárcel- porque sigue siendo un delito y los acuerdos de La Habana no contemplan que deje de serlo.

Es por eso que los cocaleros están intentando impulsar que se reconozcan los usos ancestrales de la coca (como el mambeo) y que se le dé un empujón a las industrias de derivados como tés, pomadas y medicinas.

Eso les permitiría que, si bien en Colombia la coca no ha sido parte de la cultura tradicional como en sus vecinos del sur, en el futuro se pueda abrir esa puerta y -como ellos quieren- haya usos lícitos para la planta que saben ya cultivar tan bien. “Son muchos años que uno sabe cómo es el jaleo”, comenta un campesino del Valle de Sibundoy a un par de horas de Mocoa.

De hecho, una de las decisiones de los cocaleros fue integrarse al Consejo Andino de Cocaleros, donde están Perú y Bolivia y que está en proceso de revivir tras años dormido.

Esa es una de las misiones de la ‘constituyente cocalera’. Pero hay otra: es una de las más de 70 reuniones que, bajo la batuta de Marcha Patriótica, se han venido organizando en todo el país para recoger insumos hacia una eventual Asamblea Nacional Constituyente, que en las organizaciones donde están los cocaleros, la Cumbre Agraria y otros sectores afines consideran -en palabras de un líder agrario- como “la única manera de desarrollar los acuerdos de La Habana para el beneficio del pueblo”.

El factor Farc

La noche en la que proclamaron la nueva ‘constituyente cocalera’, que un día después promocionaron con una multitudinaria marcha por las calles de Mocoa, los campesinos celebraron con velas prendidas y cánticos de aliento al proceso de paz.

En medio de ese momento, festivo y también con cierto aura de solemnidad, se proyectó en una pantalla gigante en el colegio un mensaje especial que les llegó desde La Habana.

Era un video enviado por la delegación de las Farc en La Habana, que algunos rápidamente corrieron a filmar en sus celulares mientras a otros se les notaba cierto estupor. “¿Y eso por qué?”, preguntó uno.
Los cocaleros están de acuerdo con la idea de las organizaciones reunidas en la Cumbre Agraria de posiblemente armarle un paro al Gobierno en agosto para presionar el cumplimiento de los acuerdos de paros pasados como el del Catatumbo.

A través de ‘Romaña’, el comandante del Bloque Oriental que está en la mesa de negociación, las Farc les contaron que -para ellos- el acuerdo de drogas es el que refleja “mayores coincidencias” con el Gobierno, aunque lo acusó de no querer comenzar a implementarlo. Y apelaron a varios de los puntos sensibles para los cocaleros, como la creación de un fondo para las víctimas de la aspersión con glifosato o la necesidad de que el proceso sea gradual. Es decir, aquellos que ellos estaban consignando en su constituyente.

Ese mensaje desnuda una de las dificultades que tienen los cultivadores: su asociación con la guerrilla sentada en La Habana.

Aunque la mayoría insiste en que no tiene vínculos con las Farc, es una realidad indiscutible de que las zonas de cultivo coinciden con territorios donde esta guerrilla ha tenido presencia permanente y a que sus habitantes han debido convivir -ya sea por necesidad o por convicción- con ellos o con el ELN. Y muchas de ellas comparten algunos de sus planteamientos sobre temas como la economía campesina o el rechazo al modelo agroindustrial, los TLC y a la locomotora minero-energética.

En el Gobierno sienten que, más allá de solo expresar su solidaridad con la causa cocalera, las Farc han venido inculcándoles la idea a los cultivadores en algunas regiones -“haciéndoles una invitación cordial”, en términos de un actual funcionario- de que tener coca es su prenda de garantía para que el Estado invierta en ellos. De que con coca tendrán plata en el posconflicto, pero no con yuca o cacao.

Esta una de las explicaciones que encuentran para que los cultivos de coca brincaran de 48 mil hectáreas hace un año a 69 mil en el 2014, como reveló el censo de cultivos ilícitos lanzado por la Oficina de la ONU para la Droga y el Delito hace una semana.

Eso hace que, según un experto en política de drogas, haya una especie de doble incentivo para como el que se vio en Afganistán tras la llegada de los militares gringos para contrarrestar a los Talibán. Por un lado podían vender la amapola en el mercado negro y por el otro usarla como puerta de entrada a los programas de desarrollo alternativo. Es decir, ganar por cualquier lado.

La lógica de eso, para el Gobierno, sería que eso ayudaría a las Farc a ampliar su base social -a la que después podrían reivindicar su rol en transformar sus condiciones de vida- pero también mantener un flujo de caja hasta que se dé la firma (o no) de un Acuerdo final.

La mayoría de líderes campesinos de las zonas cocaleras niegan que eso sea así y dicen que es una mentira del Gobierno para estigmatizarlos.

Otros admiten que sí existe gran expectativa entre los campesinos por los acuerdos, pero que esa lógica es solo una de varias razones por las que los cultivos subieron. Y todos subrayan que, como dice un cocalero del Meta, “hay una expectativa, sí, pero también mucha desconfianza de las comunidades que no creen que el Gobierno le cumpla al campesino”.

De todos modos, los cocaleros tienen un plan B a la vista para forzarle la mano a Santos: reeditar el paro agrario de hace dos años, junto con los otros sectores campesinos -como los del Catatumbo- que acusan al Gobierno de no cumplirles los acuerdos. Ya están planeando una posible salida a las vías para agosto.

Como dice Yule Anzueta, “si se firma un Acuerdo en La Habana, el Gobierno se verá en la obligación de hacer viable lo que hay ahí. Si no lo hay, es posible que no esté interesado en resolver los problemas de fondo. A no ser que haya una movilización con fuerza nacional de las bases campesinas capaz de exigírselo. Eso dependerá de que nos movilicemos”.

En Mocoa pusieron la primera semilla de esa movilización.

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