9 de julio de 2015

Por Colpisa

El pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo acordó estimar el recurso que presentó la Fiscalía contra una sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya que absolvió a los responsables de una asociación de consumidores de cannabis de Deusto (Bilbao).

Los magistrados, reunidos en un pleno jurisdiccional, han condenado a los responsables de esta asociación por un delito contra la salud pública, aunque excluye las figuras de asociación ilícita o grupo criminal de las que también se les había acusado.

La Audiencia de Vizcaya había estimado que los hechos carecían de relevancia penal al estar comprendidos en la doctrina del autoconsumo compartido proclamada tiempo atrás por el Supremo. Una tesis que ha sido rechazada por el pleno al estimar que la estructura y funcionamiento de esas asociaciones desborda la filosofía que late en aquella doctrina. La existencia de un debate jurídico -que ahora queda zanjado- sobre el carácter penal de estas asociaciones ha permitido en el caso concreto una atenuación de la pena.

La sentencia fijará a partir de ahora los puntos que han sido debatidos, una actualización de la doctrina del autoconsumo compartido. El colectivo afectado se llama Asociación de estudios y usuarios del cáñamo EBERS, fue constituido en el 2010 e inscrito en marzo del 2011.

La siguiente asociación que se verá las caras con el Supremo es Pannagh. Cinco de sus miembros fueron absueltos el pasado marzo por la sección 6ª de la Audiencia Provincial de Vizcaya de los cargos de tráfico de drogas. Tres de ellos también estaban acusados de integración en grupo criminal y asociación ilícita, delitos que tampoco quedaron demostrados. No obstante, la Fiscalía recurrió la sentencia y serán nuevamente juzgados por el Supremo en los próximos meses. El presidente de Pannagh, Martín Barriuso, que está imputado, opina que esta nueva decisión del Supremo responde a una «decisión política dirigida a acabar con su actividad» y espera el juicio con incertidumbre y preocupación. Pero lejos de amilanarse, defiende lo que considera sus derechos: «No atentamos contra la salud pública. De hecho luchamos contra los traficantes ofreciendo a nuestros usuarios una alternativa legal».

En España es ilegal la venta de marihuana, pero no el autoconsumo. Sin embargo, no existe una normativa que regule el cultivo para el consumo propio. «La situación de indefinición crea inseguridad entre los consumidores», dice Barriuso. El hecho de asociarse no ofrece a los usuarios de esta sustancia ningún tipo de garantía legal, pero les permite alzar la voz. «Contamos con el apoyo de numerosos sectores sociales y partidos políticos que consideran que lo que hacemos es legal», asegura Barriuso. Pannagh ha estado operando durante años, «registrada como asociación legal, pagando los impuestos pertinentes y ofreciendo garantías a sus socios», explica su presidente. Pero debido a una serie de litigios que culminarán con el pronunciamiento del Supremo, lleva casi cuatro años de inactividad.

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