Fuente : Nacion
23 de septiembre del 2011
La guerra mundial contra las drogas ha fracasado. Así contundentemente lo expone el informe de la Comisión Global de Políticas de Drogas. Indica que hace 40 años –cuando Nixon lanzó la guerra contra las drogas– se pensó que acciones legales y una severa represión podrían reducir la producción, distribución y consumo de drogas. Pero, por el contario, la evidencia muestra el incremento del consumo y la prosperidad de mercados ilegales bajo la dirección del crimen organizado, y la impotencia o complicidad de las autoridades.
Es un informe serio, balanceado y razonado. Lo suscriben personas de gran valía intelectual, tales como George P Shultz (ex- secretario de Estado de Estados Unidos), Paul Volcker (expresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos), Kofi Annan, Mario Vargas Llosa, Fernando Henrique Cardoso, Ernesto Zedillo, Carlos Fuentes y otros.
Políticas fallidas.
Las autoridades de los diversos países siguen aplicando políticas de prohibición y represión ante el fenómeno del consumo de drogas, a pesar de su poca efectividad para enfrentar un problema de salud. El informe expresa claramente que los organismos encargados de aplicar la represión han evadido el debate y se empeñan en continuar aplicando políticas fallidas. Además, el informe señala que las políticas han estado dominadas por “perspectivas ideológicas o conveniencia política”.
¿Cuáles son las drogas prohibidas? ¿Las más dañinas para la salud? La respuesta es negativa. Pues no hay coherencia en la aplicación de las prohibiciones: hay drogas altamente dañinas para la salud humana que no son prohibidas, a la par de drogas menos dañinas que están prohibidas. Parece que los criterios de la prohibición son más de carácter político o económico que de salud pública.
La lucha contra las drogas se está midiendo por el número de arrestos y los montos incautados de droga, no en términos de salud o de bienestar de la humanidad, tal como es de esperar cuando se busca enfrentar un problema de salud pública mediante la represión.
Pero, además, el informe nos recuerda que el enfoque represivo genera consecuencias no deseadas: el surgimiento de mercados negros y de una economía del crimen organizado que amplía sus tentáculos por entre todas las actividades económicas y políticas. Las actividades ilegales asociadas al negocio de las drogas generan violencia creciente a medida que las autoridades aplican mayor represión.
Por ejemplo, desde que el presidente Calderón en México declaró la guerra a las drogas y puso al ejército al frente de esta lucha, la escalada de violencia en México ha sido creciente y hay miles y miles de muertos, muchos inocentes, por una lucha poco efectiva para enfrentar un problema de salud pública.
El informe habla con claridad sobre “imperialismo del control de las drogas”. Esto no llama la atención por su novedad, sino porque el informe está suscrito por Shultz y Volcker, ambos altos exfuncionarios del Gobierno de los Estados Unidos. Este imperialismo ha obligado a los países a seguir la receta de la represión y “cooperación”, bajo la pena de caer en las “listas negras” de países, a los cuales se les aplicarían sanciones para que vuelvan al “buen redil”.
El informe hace un llamado a romper el tabú sobre las drogas y promover un debate para buscar políticas efectivas para reducir el consumo de drogas y sus daños. El informe plantea la regulación de las drogas para salvaguardar la salud y la seguridad de los ciudadanos, en vez de la prohibición y represión actuales.
¿Y Costa Rica’? Costa Rica tiene dos problemas. Primero, su propio problema de salud relacionado con el consumo local de drogas. De este, poco se habla, porque el ingrediente más importante de las políticas ha sido la represión y no la salud. Segundo, el problema de estar en las rutas de comercialización de las drogas que van al mercado de EE. UU., el de mayor volumen de consumo en el planeta.
El Gobierno estadounidense nos quiere involucrar cada vez más en la tarea de detener lo que ellos no pueden o no quieren detener en sus propias fronteras. La presión es fuerte y constante para involucrar a Centroamérica en una guerra en contra de las drogas, tal como ha ocurrido en México y Colombia.
La división del trabajo es clara: nos “regalan” unas cuantas lanchas, nos dan algún entrenamiento y nosotros ponemos los muertos. Si las cosas van mal, advertirán a sus ciudadanos para que no se acerquen a la zona, porque es peligrosa.
Problema de salud.
Costa Rica, como país pequeño en un mundo global, tiene pocas opciones para cambiar por sí solo su política o la de los países grandes con respecto a las drogas. Sin embargo, así como el presidente Arias durante su primera Administración asumió el liderazgo para lograr la paz de Centroamérica, hoy nuestro Gobierno debe asumir con otros países democráticos de América Latina una cruzada para cambiar las políticas globales represivas correspondientes a las drogas. No se trata de una cruzada antigringa. Es decirles a las autoridades de Estados Unidos que, en vez de la criminalización de los involucrados en el negocio y consumo de drogas, hay que atacar el problema por medio de los servicios de salud.
Un tema de tanta importancia como es la política en contra de las drogas debe someterse a un gran debate nacional. El informe de la Comisión Global de Políticas de Drogas debe darnos la pauta para orientar la discusión y buscar alianzas para una acción global que no nos conduzca a una guerra que de antemano la tenemos perdida.
El Poder Ejecutivo debería plantear su propuesta, al igual que las fracciones legislativas y los diversos grupos sociales. En este debate debe evitarse una perspectiva exclusivamente represiva y tener presente que ninguna solución estará exenta de problemas.
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