Fuente: Los Tiempos

23 de junio 2011

El Gobierno decidió denunciar la Convención de la ONU sobre Estupefacientes firmada en Viena en 1961, como protesta porque ese organismo no despenalizó el masticado de la hoja de coca.

La Cámara de Diputados, de mayoría oficialista, aprobó ayer en detalle y en grande el proyecto de ley que avala esa decisión del Ejecutivo, texto que pasó para su tratamiento a la Cámara de Senadores.

El proyecto de Ley Nº 392, de un solo artículo, fue aprobado luego de que se diera lectura a una carta del presidente Evo Morales y de escuchar la argumentación de esa decisión por parte del canciller David Choquehuanca.

La Convención de Viena de las Naciones Unidas sobre Estupefacientes, suscrita el 18 de abril de 1961, entró en vigor en abril de 1964 y fue enmendada por el protocolo de 1972. Bolivia reconoció en 1973 esta Convención, que establece un plazo de 25 años para eliminar la masticación de la coca. Además, tipifica a la hoja como estupefaciente.

“La Convención de 1961 prohíbe el akulliku (masticado de coca). Si nosotros no hacemos esta denuncia, nuestros hermanos no van a poder ejercer esta práctica ancestral”, sostuvo el canciller durante la sesión de Diputados.

El excanciller Armando Loaiza calificó de gravísima esta decisión del Gobierno de querer desvincularse de la convención, por la connotación que tendrá esta actitud en el contexto internacional, pues podría entenderse de que Bolivia quiere desligarse de la obligatoriedad que tiene como país firmante en la fiscalización de la lucha mundial contra las drogas.

“Es un mensaje gravísimo y delicado, se puede entender de que Bolivia quiere quedar al margen del derecho internacional en el tema droga, más aún porque Bolivia es un importante productor de coca y además de cocaína”, sostuvo.

Sin embargo, la exautoridad precisó que la vigencia de esta decisión no es inmediata, de acuerdo a la normativa de las Naciones Unidas para desligarse de un tratado hay un procedimiento que seguir. “Espero que en este proceso Bolivia recapacite, porque generará una polémica grande y el mensaje es negativo”, dijo al anotar que el rechazó a la enmienda para despenalizar el akulliku no es fundamento para denunciar el tratado.

Preocupación por el impacto

Legisladores de la oposición, por su parte, expresaron su preocupación por el impacto que puede tener la decisión de denunciar el Convenio de Viena en la cooperación internacional económica que recibe Bolivia para la lucha contra las drogas.

Choquehuanca aseguró en su explicación en Diputados, que Bolivia, no dejará la Convención de 1988, la cual “dice que no está prohibido
(el akulliku) en lugares donde se demuestre vivencia histórica, y en Bolivia se puede demostrar que hay miles de casos de esa vivencia”.

“Nosotros hemos solicitado la enmienda para que podamos practicar el akulliku y no se ha atendido favorablemente, pero la misma convención tiene caminos para que un país pueda salir”, añadió.

Bolivia espera volver a “adherirse” a la Convención de 1961 en el plazo más breve, pero “manifestando su reserva” a la prohibición de masticar coca, manifestó.

Choquehuanca dijo que si la norma es sancionada en el Senado, el Gobierno podría presentarla en el organismo mundial que tendrá unos seis meses para su evaluación y respuesta.

Aseguró que, con la denuncia, el Gobierno “acata la nueva Constitución” vigente desde el 2009, que declaró a la coca “patrimonio cultural, recurso natural renovable (…) y factor de cohesión social, que en su estado natural no es estupefaciente”.

ANTEPROYECTO

• El proyecto de ley aprobado en Diputados dice en su único artículo que “de conformidad con (…) la Constitución Política del Estado, se aprueba la determinación del Órgano Ejecutivo de denunciar la Convención Única de Naciones Unidas sobre estupefacientes de 1961, enmendada por el Protocolo de 1972”.

• Añade que la denuncia debe ser hecha formalmente “antes del 1 de julio del 2011”.

Bolivia no dejará de cumplir

El presidente de la Cámara de Diputados, Héctor Arce, precisó que el proyecto de ley aprobado ayer, establece que Bolivia seguirá cumpliendo con todos los elementos comprometidos en la Convención de 1961, tales como la lucha contra el narcotráfico y el tratamiento que se da a las sustancias controladas.

“Nuestra Constitución Política del Estado establece que la denuncia a tratados ratificados deberá ser aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional antes de ser ejecutada por el Presidente del Estado, en función de ese principio y de ese artículo constitucional este proyecto de ley denuncia ese Convenio y con la posición firme y determinante de los bolivianos y del Estado de excluir de la lista de estupefacientes a la hoja de coca y preservar las practicas ancestrales”, explicó Arce.

Asimismo, precisó que el proyecto de ley “establece y da un mandato al Presidente del Estado para que nuevamente nos adhiramos a esa convención los primeros meses del próximo año, formulando una reserva de acuerdo a la Constitución en relación a la categorización o a la mención de la hoja de coca como sustancia controlada”, agregó.

Arce aseguró que esa ley “no debe inquietar a nadie” porque la denuncia señala que el país se retira de ese tratado, pero eso no impide que el país, por propia determinación, siga cumpliendo las determinaciones de lucha contra el narcotráfico.

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