Fuente: El Deber

25 de junio del 2011

Bolivia va a defender siempre en todos los foros internacionales la cultura e identidad nacionales, entre ellos la práctica ancestral del acullicu o masticado de coca, manifestó el viernes el presidente Evo Morales Ayma.

Durante el acto de celebración del aniversario de la provincia Carrasco, del departamento de Cochabamba, Morales anotó que el Gobierno “no ha denunciado la Convención de Viena de lucha contra las Drogas”, al salir al frente de las críticas de sectores de oposición.

El Jefe de Estado explicó que lo que se ha pedido a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) es que denuncie la Convención sobre Estupefacientes aprobada en 1961 en Nueva York.

La Cámara de Diputados aprobó los pasados días una Ley presentada por el Ejecutivo para denunciar la Convención de Estupefacientes de 1961 que mantiene a la coca en la lista de estupefacientes y no ha despenalizado el masticado de la hoja.

“Esa Convención fue aprobada en Estados Unidos con el propósito de prohibir el pijcheo o acullicu, como se llama en Bolivia, o el chajcheo en Perú o mambeo en Colombia”, indicó.

El Mandatario anotó que en el pasado ninguno de los Gobiernos ha asumido defensa de las tradiciones culturales del pueblo boliviano, por lo que es una obligación hacerlo ahora frente a la comunidad internacional.

“Está comprobado que el acullicu o masticado de coca no hace daño a la salud humana y, contrariamente, tiene propiedades medicinales”, puntualizó.

Diversos estudios establecieron que la coca en su estado natural tiene propiedades medicinales y no es un estupefaciente, por lo que no corresponde que sea incluida en la lista de drogas.

El presidente lamentó que algunas personas hayan vertido declaraciones confusas al respecto sin saber de qué se trataba, es decir que Bolivia no denuncia la Convención de Viena, sino aquella que prohíbe la práctica milenaria del masticado de coca.

El Mandatario manifestó que la denuncia de la Convención sobre Estupefacientes de 1961 “es para defender el acullicu o pijcheo en Bolivia y en los países donde se conserva y practica esta tradición ancestral”.

El artículo 384 de la Constitución Política de Bolivia establece que el Estado protege la coca originaria y ancestral como patrimonio cultural natural renovable de la biodiversidad de Bolivia, y como factor de cohesión social.

Diversos estudios establecieron que la coca en su estado natural tiene propiedades medicinales y no es un estupefaciente, por lo que no corresponde que sea incluida en la lista de drogas.

Morales señaló que es lamentable que ex funcionarios de la Cancillería y algunos políticos de oposición hayan confundido a la población con propuestas negativas para la identidad y cultura nacionales.

Subrayó que Bolivia no está sola en la denuncia, ya que ha recibido el respaldo de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) para que los organismos internacionales respeten las culturas nacionales y la identidad.

El embajador Plenipotenciario de Bolivia ante la ONU, Pablo Solón, ha destacado el viernes que la denuncia será presentada el 1 de julio, una vez que sea aprobada por la Cámara de Senadores de Bolivia, para que siga su proceso, de acuerdo a los mecanismos existentes en ese organismo.

A su vez, el ministro de la Presidencia, Carlos Romero, desestimó que Bolivia vaya a aislarse o a ser sancionada tras esta decisión.
Anotó que Bolivia cumple ampliamente su responsabilidad en la lucha contra el narcotráfico al asestar duros golpes a las bandas delictivas, reducir las plantaciones ilegales de coca e implantar una política de prevención del consumo.

El diputado del gobiernista Movimiento al Socialismo (MAS), Lucio Marca, expresó que Bolivia no se retirará de la Convención Única de Naciones Unidas sobre Estupefacientes de 1961, enmendada por el protocolo de 1972, sino que denunciará la contradicción de derechos sobre la masticación de la hoja de coca.

Aseveró que el artículo 46 de la Convención establece que cualquier país puede denunciarla por escrito antes del 1 de julio de cualquier año para que entre en vigencia seis meses después.

“El Órgano Ejecutivo ha decidió denunciar el convenio, que surtirá efectos desde el 1 de enero pero en estos seis meses el Estado boliviano continuará aplicando y siendo parte de todas las convenciones, en ningún momento se retira, al contrario se compromete a cumplir cualquier y todas las convenciones”, dijo.

ABI

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