Del 15 febrero al 2 marzo de 1998, una delegación de parlamentarios, oficiales gubernamentales y representantes de ONGs europeos visitaron Colombia, Perú y Bolivia para obtener información sobre la situación de la producción de drogas ilícitas. Su objetivo era lograr testimonios de primera mano de oficiales gubernamentales (locales), miembros de parlamento, representantes del aparato legal, expertos en desarrollo de ONGs y organizaciones multilaterales, representantes campesinos y otros, sobre los problemas económicos, sociales, políticos y medioambientales relacionados a la producción de drogas ilícitas así como a las estrategias que apuntan a controlar este fenómeno.

Informe de una misión de Miembros de Parlamentos (nacionales) Europeos, oficiales gubernamentales y representantes de ONGs a la Región Andina (Colombia, Perú y Bolivia) para investigar el impacto de politícas de control de la producción de drogas ilícitas
15 de Febrero al 1 de Marzo de 1998

Miembros de la misión:

Jean HUSS – Miembro de Parlamento, Partido Verde, Luxemburgo

Mathias SCHUBERT – Miembro de Parlamento, Partido Social Demócrata, Alemania

Jean-Luc KAMPHAUS – Oficial Gubernamental, Ministerio de Finanzas, Luxemburgo

Yves MERSCH – Oficial Gubernamental, Ministerio de Finanzas, Luxemburgo

Fabienne GROJEAN – Representante de ONG, Freres des Hommes, Luxemburgo

Joep OOMEN – Representante de ONG, Consejo de ONGs Europeas sobre Drogas y Desarrollo, Bélgica

Indice

Introducción

1. Itinerario

2. La situación de la producción de drogas ilícita en la región andina

3. Resumen de experiencias

a. Colombia

b. Perú

c. Bolivia

4. Recomendaciones

a. Mathias Schubert

b. Fabienne Grojean, Jean Huss, Joep Oomen

5. Lista de documentos

Anexo

Editor responsable:

EUROPEAN NGO COUNCIL ON DRUGS & DEVELOPMENT (CONSEJO DE ONGS EUROPEAS SOBRE DROGAS Y DESARROLLO)

E-mail: info@encod.org

[up]
Introducción

La misión fue organizada por el Consejo de ONGs Europeas sobre Drogas y Desarrollo, junto con sus contrapartes locales en la región andina. Fue co-financiada por la Comisión Europea y el Gobierno de Luxemburgo.

Inicialmente, el enfoque de la misión fue orientado en dos problemas principales: las perspectivas de los programas de desarrollo alternativo (apoyados por Europa) en los tres países y la viabilidad de la legalización/regulación del cultivo de coca y la industrialización de sus derivados.

Sin embargo, la misión se produjo tres meses antes de la UNGASS, la Sesión Especial de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre Drogas, que acaba de realizarse en Nueva York. En esta sesión, uno de los acuerdos concretos que podría ser alcanzado es la aprobación de la ‘Estrategia para la Eliminación de la Coca y la Amapola’ (SCOPE), que se ha introducido recientemente por el Secretario Ejecutivo del UNDCP, Pino Arlacchi. El objetivo de SCOPE es de erradicar globalmente el cultivo y la producción de derivados de la coca y el opio antes del año 2008.

La factibilidad y la conveniencia de SCOPE está bajo discusión actualmente. Por ello, este informe obtiene un interés particular a aquellos parlamentarios, oficiales de gobierno y de Naciones Unidas, periodistas y otros que siguen esta discusión, sirviendo como una inventarización de experiencias con las políticas de control de drogas en los países en vías de desarrollo en general, y en la región andina en particular.

Se debe notar que, aunque han participado seis delegados en la delegación, sólo cuatro de ellos (Jean Huss, Mathias Schubert, Fabienne Grojean y Joep Oomen, han acordado formalmente con el contenido de este informe.

En todos los tres países, los co-ordinadores locales asícomo los colaboradores de la Embajada alemana han jugado un papel clave en el éxito de su misión. Su amable recepción y hospitalidad y su preparación sólida de tanto los detalles logísticos como sustanciales del programa han hecho de nuestra estadía una extremadamente agradable y nos han permitido de tener reuniones intensivos y fructíferos con nuestros interlocutores. Por consiguiente, quisieramos agradecer a Omayra Morales, Pien Metaal, Lee Cridland, Ricardo Vargas, Hugo Cabieses, Ricardo Soberon, Genaro Ccahuana, Theo Roncken y sus colaboradores.

Si desea contactar a los miembros de la delegación, obtener copias de este informe y/o detalles sobre la delegación y sus experiencias, por favor contacte al secretariado del Consejo de ONGs Europeas sobre Drogas y Desarrollo.

1. Itinerario

 COLOMBIA 16-18 de febrero

Debido a los límites de tiempo, la visita a Colombia se redujo a reuniones en la capital, Bogotá, con las personas siguientes:

Ricardo Vargas Meza – Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP). Coordinador de la visita a Colombia.

 Juan Carlos Palau y Arturo Ospina, resp. Director y Vice-director de PLANTE, la oficina gubernamental para la coordinación de programas de desarrollo alternativo

 Klaus Nyholm, director de la oficina nacional colombiana del Programa de las Naciones Unidas para el Control Internacional de Drogas, UNDCP

 Padre Gabriel Izquierdo, director de CINEP

 Omayra Morales, Gilberto Sánchez, Luís Alberto López, y otros representantes (20) de organizaciones campesinas de regiones productores de coca, opio y canabis (Guaviare, Caqueta, Putumayo, Cauca, Meta, Norte de Santander) y de otras regiones como Urabá

 Varios representantes (15) de NGOs que trabajan con los problemas de Derechos Humanos / Medio Ambiente / Pueblos Indígenas

 Eduardo Verano de la Rosa, Ministro de Medio Ambiente

 Piedad Cordoba y Gabriel Mujuy, Miembros del Senado colombiano (para resp. el Partido Liberal y un Movimiento Indígena)

 Alfonso Gomez, Fiscal Nacional

 Coronel Benjamín Nunez y su equipo, Policía Nacional

 María Elsa Pulido, Coordinadora de la Unidad de Prevención Integral, Municipalidad de Bogotá

 Leonardo … y Alfonso Manrique, Defensoria del Pueblo.

 PERU 19-23 de febrero

La estadía en el Perú fue dividida entre Lima (19 y 20 de febrero), y el Valle de La Convencion y Lares (21 – 23 de febrero) que es la principal región productora de la coca tradicional en el país, y donde la producción casi se apunta exclusivamente a los propósitos lícitos. Durante este tiempo, nosotros nos encontramos con las personas siguientes:

 Hugo Cabieses Cubas, GTZ-AIDIA, Coordinador de la visita en el Perú

 Juan Gil y su equipo en CONTRADROGAS, el cuerpo coordinador para el control de drogas del gobierno peruano

 Dr. Carlos Torres y Torres Lara, Presidente del Congreso Nacional y Sr. -Miguel Velit, Presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso

 Francisco Barrantes, Raymundo Navarro, Moises Arista y otros representantes (41) de campesinos productores de coca, unidos en -CONAPA (Convención Nacional de Dirigentes Agropecuarios de las Cuencas Cocaleras del Perú)

 Marcela Lopez de Ruiz, Ministra de Asuntos Especiales, Ministerio de Asuntos Extranjeros

Varios representantes de agencias de Cooperación Internacional (FAO, ICAA, una consultoría privada para USAID, UNDCP, el Fondo Perú Canada, el Concilio Británico, la Unidad de Cooperación Técnica alemana GTZ, la Comisión Europea, el Consejo de Administración de los Países Bajos para Cooperación Internacional – DGIS)

 Fernando Cabieses, neurólogo, experto en coca y cocaína

 Ricardo Soberón Garrido, de la Comisión Andina de Juristas y varios otros expertos en el problema de producción de drogas ilícitas y políticas de control de drogas

 Víctor Uceda, Director y Eduardo Muzo, Vice-director de Empresa Nacional de la Coca (ENACO), y su equipo

Varios directivos y miembros de la Federación de Campesinos del Valle de La Convencion y Lares.

 BOLIVIA, 24-28 de febrero

La estadía en Bolivia fue dividida entre La Paz (24 y 25 de febrero), y la Región de El Chapare (26 – 27 de febrero) que es la región principal de producción de coca en el país, y donde la mayoría de las hojas de la coca se destina para la elaboración de cocaína. En este tiempo, nosotros nos encontramos con las personas siguientes:

Lee Cridland, Theo Roncken y Pien Metaal, de la Red Andina de Información/Acción Andina, co-ordinadores de la visita a Bolivia

 Jorge Hurtado, psiquiatra e investigador de la coca

 Waldo Albarracín, presidente de la Asamblea de los Derechos Humanos Nacional

 José Decker, Director del Fondo Nacional para Desarrollo Alternativo (FONADAL)

 Jean Jacques Waelput, Embajada belga

 Carlos García Tornell, Agencia Española para Cooperación Internacional

 Gregorio Lanza, Acción Andina

 Abdón Mamani, Secretario Ejecutivo de la Asociación de Productores de Coca, La Paz

 Sergio Medinacelli, el Viceministro de Interior, responsable para los programas de la prevención

 Pino Arlacchi, Director Ejecutivo de UNDCP, Viena

 Rene Bastiaans, Director Nacional de UNDCP-Bolivia, La Paz

 Aldo Lale Demostraciones, Jefe de Sección de América Latina, UNDCP, Viena

 Sabino Arroyo, Felipe Cáceres, Epifanio Cruz y Guido Tarqui, alcaldes de resp. Sinahuota, Villa Tunari, Chimoré y Puerto Villaroel, las municipalidades principales en el Chapare

 Ramiro Arasola, Víctor Bernaldo y Max Alvesia, técnicos de la cooperación española, proyecto en Chimore (fábrica de latas de palmito y jugo de naranja)

 Angel Zambrano, presidente de la Asociación de Productores de palmito, Chimoré

 Godofredo Reinicke, Director de Oficina de los Derechos Humanos, Ministerio de Justicia, Chimore

 Edgar Meneses, presidente de la Asociación de Productores de maracuya, Valle Sajta

2. La situación de la producción de drogas ilícitas en la región andina

Según las cifras de UNDCP, desde Colombia, Perú y Bolivia se suministra el 98% de la cocaína en el mundo. Considerando que el principio de la década de los años noventa mostró un alto incremento del cultivo la coca, las tendencias en los años recientes más bien demuestran una ligera disminución del área total cubierto con esta planta. Sin embargo, siempre deben tomarse con cautela las estadísticas en esta materia. Mientras unos informes dicen que el área cultivada con coca en el Perú fue de 75,000 has. en 1996, algunas fuentes especulan que todavía pudiera ser alrededor de 120,000 has. En el caso de Colombia, las estimaciones en 1994 oscilaron entre 40,000 ha (gobierno colombiano) y 83,000 (PNUD). Actualmente, algunos observadores locales mantienen que hay 150,000 has. por lo menos. Además, Colombia parece haber surgido como un relativamente importante país productor de opio para el mercado norteamericano, con 6,600 has. de amapolas. En Bolivia, más o menos existe un acuerdo general sobre una figura total de 50.000 has. de coca.

A esto debe agregarse que desde 1988, se permiten al Perú y a Bolivia legalizar una cierta cantidad de hectáreas para el cultivo de la coca, a fines de abastecer a los propósitos domésticos lícitos (esp. el consumo tradicional). En el Perú, este área se estima que asciende a 20,000 has. y en Bolivia, 12,000 has.

Los países andinos están obligados a erradicar los cultivos ilícitos de coca desde que ellos ratificaron, en 1964, la Convención Unica de Estupefacientes de la ONU de 1961. Sin embargo, en Bolivia, Colombia y Perú, se han multiplicado las áreas cubiertas con arbustos de la coca desde entonces muchas veces. Obviamente, esto se debe a un fuerte aumento en la demanda de cocaína desde finales de años setenta. Sin embargo, incluso desde que la demanda se ha estabilizado, la producción de la cosecha ilícita ha estado en aumento. Este fenómeno lleva a la asunción que las estrategias llevadas a cabo para frenar el cultivo de la coca han fallado.

Generalmente, uno puede dividir estas estrategias en dos: la estrategia represiva (erradicacion de la cosecha e interdiccón de la elaboración y comercializacion de drogas ilícitas), y la estrategia de desarrollo (el programa de desarrollo alternativo y otras medidas para promover producción del cultivo lícito)

1. La estrategia represiva.

Durante mucho tiempo, una de las prioridades de los esfuerzos internacionales para controlar las drogas en la región andina ha sido la erradicación de los cultivos ilícitos. Para este objetivo, los países donantes han apoyado esfuerzos a reducir el número de hectáreas plantadas con cultivos ilícitos por medio de la destrucción manual y aérea. Por otro lado, el reforzamiento de la legislación local antidroga y de la interdicción ha sido promovido para reducir la oferta de drogas y para eliminar los impactos nefastos de la corrupción relacionada con las drogas sobre la democracia y el Estado de Derecho en los países involucrados.

Aunque esta estrategia suele ser aplicada por el gobierno americano, ciertos miembros de la UE (como el Reino Unido) también le han dado su apoyo moral y financiero. El gobierno norteamericano condiciona el desembolso de ayuda de desarrollo a los países andinos a su cooperación en materias de control de drogas, a través de la llamada ‘certificación’. El Plan de Acción de la Unión Europea para Combatir las Drogas (1995 – 1999) propone que la UE también debe considerar el condicionamiento de su ayuda a los países en vías de desarrollo a su actuación en el control de las drogas.

2. La estrategia de desarrollo

El objetivo de esta estrategia ha sido promover la erradicación voluntaria de cosechas ilicitas a través de la sustitución por cultivos lícitos. Los programas intentan lograr ello a través del ofrecimiento de un paquete de desarrollo, incluyendo a insumos para el cultivo legal, instalaciones agroindustriales, componentes de la infraestructura social y ayuda técnica. Desde 1990, la Comisión Europea ha aplicado Preferencias Generales a los países andinos para reforzar la posición de productos legales de exportación. Ello fue considerado como una respuesta importante a la demanda andina de apoyar sus esfuerzos para eliminar las causas económicas locales de la producción de drogas, siendo la pobreza rural extendida principalmente por la ausencia de fuentes de ingreso alternativas. Esta estrategia se financia y es promovida principalmente por estados miembros de la UE en cooperación con agencias multilaterales como el UNDCP.

3. Resumen de experiencias

a. Colombia

Situación

Probablemente, no hay ningún otro país en el mundo tan asociado con el trafico de drogas que Colombia. Desde finales de los 1970’s, la mayor razón por qué este país obtiene atención en los medios de comunicación son las actividades de dos organizaciones especializadas en el tráfico de cocaína: los carteles de Medellín y Cali.
Se considera que estas dos organisaciones fueron responsable durante muchos años para la elaboración de por lo menos 80 % de toda la cocaína ilícita comercializada en el mundo entero.

Después de una ofensiva larga y sangrienta de parte del gobierno colombiano, se considera actualmente que los dos carteles han desaparecido. Sin embargo, otros han surgido. Mientras los carteles de Medellín y Cali compraban sus materiales crudos (sobre todo las hojas de coca y la pasta base de cocaína) en el Perú y Bolivia, la nueva tendencia es un creciente cultivo de coca en Colombia mismo.

Existen 16 áreas de producción importantes, con una cierta concentración en las provincias Orientales Sur en la tierra baja amazónica: Guaviare, Putumayo y Caquetá. En esta región, muchos colonos (campesinos sin tierra o muy empobrecidos, proveniendo de otras partes del país) han empezado a cultivar coca como una fuente segura de ingreso. Sin embargo, se considera que no todo el cultivo está en las manos de campesinos pequeños: una parte importante es dominada por barones de drogas, que han establecido plantaciones de grande escala, sobre todo en regiones aisladas que son difíciles alcanzar por tierra. Para distinguir entre los dos tipos de cultivo, los últimos son referidos con el término ‘plantaciones comerciales’.

Según las cifras de la Policía colombiana, la producción ilícita anual es de 555 toneladas de cocaína, 6,6 de heroína y 7.500 de marijuana. La economía de drogas ilícita debe representar unos 5.000 millones de USD para la economía colombiana. Esto explica en parte la lucha por el poder sobre el negocio de las drogas, la cual es uno de los factores más importantes para la violencia en el país: se cree que muchos de los 35.000 asesinatos que anualmente ocurren en Colombia son relacionados con las drogas. Además, se considera a un millón de personas como refugiados internos en el país, muchos de ellos escapando de las acciones terroristas de fuerzas paramilitares que están trabajando a servicio de los traficantes de drogas.

Se identifican tres actores diferentes que juegan un papel importante en la lucha para ganar el control sobre la regiones productoras de drogas: Organizaciones Guerilleras, Grupos Paramilitares y el Gobierno.

 Existen dos organizaciones guerilleras principales que son activas en las áreas de producción ilícita: FARC y ELN. Las dos organizaciones, originalmente orientadas hacia el marxismo, están envueltas en una lucha de poder de larga duración con la élite económica sobre el control de los recursos del país. Su presencia en las áreas productores de coca y opio se debe principalmente a la protección que ellos ofrecen a campesinos contra las operaciones de erradicacón forzosa por el Gobierno. Sin embargo, las organizaciones también imponen impuestos sobre la cosecha, el uso de pistas de aterrizaje etc.

 Los grupos paramilitares son orginalmente fuerzas privadas de protección para terratenientes o políticos locales. Además, algunos de ellos parecen tener conexiones tanto con traficantes de drogas como con el ejército nacional. Estos grupos son acusados de servir como un instrumento del gobierno para hacer frente a los movimientos guerilleros, pero era imposible para nosotros confirmar estas acusaciones. Sin embargo, según la Policía colombiana, la participación de grupos paramilitares en la producción de drogas ilícita es notable.

 El gobierno colombiano y sus varias instituciones no han podido obviamente reducir producción de la cosecha ilícita significativamente. Uno de los factores podría ser la abierta integración de la economía de las drogas en el aparato estatal colombiano en general, otro la aparente falta de coordinación entre el enfoque represivo/ de desarrollo en las estrategias aplicadas con respecto a la producción ilícita.

El enfoque de Colombia al problema

En general, se notó que los representantes gubernamentales colombianos tienden a dar énfasis en que el problema de las drogas en Colombia se genera por el hecho de que existe una demanda por las drogas en el extranjero. Este argumento parece ser convencedor a primera vista, pero se vuelve discutible a la segunda. La pregunta es, por qué la producción y el tráfico de la cocaína se concentra tan masivamente en Colombia, mientras las condiciones en el Perú, Bolivia, y hasta en Brasil, son significativamente mejores. La respuesta es que hay muchos sectores importantes en la sociedad colombiana que se aprovechan del comercio de las drogas, y por consiguiente, la razón por qué es tan difícil controlar este fenómeno también está relacionado con un problema interior de Colombia.

Los comentarios recibidos sobre la factibilidad y la eficiencia de las políticas actuales hacia la producción de drogas varían de acuerdo a los interlocutores. Estas políticas son dominadas por un acercamiento represivo, principalmente a través de la práctica de fumigación aérea con el pesticida ‘glifosato’. A pesar de la mobilisación masiva contra la fumigación en 1996, en la que murieron por lo menos 50 personas, esta práctica continúa hasta hoy.

Según los representantes de los campesinos, el razonamiento detrás de fumigación no es el de luchar contra las drogas, sino el de luchar contra los seres humanos. Ellos denunciaron el impacto de los químicos, que no está limitado a los cultivos ilícitos, sino que también afecta a la la producción de alimentos – la fuente básica de supervivencia en las regiones concernidas – y en la salud de las personas. Los campesinos consideran a la fumigación como un instrumento barato y práctico cuyo objetivo es de expulsar a las poblaciones campesinas fuera de las regiones amazónicas. En su opinión, el gobierno colombiano ha vendido la idea de luchar contra las drogas a través de las medidas represivas, sobre todo al gobierno norteamericano. Pero al mismo tiempo, su propia agenda (impuesto por las élites económicas nacionales e internacionales) consiste de ejecutar grandes obras de infraestructura y explotación de recursos (petróleo, piedras preciosas y otros) en la región de la Amazonía, lo que no puede ocurrir con demasiadas personas alrededor. También deben verse las actividades de grupos paramilitares como una parte integral de esta estrategia.

Según el Gobierno (Ministro de Medio Ambiente), es un método eficaz para evitar el cultivo ilícito, puesto que el desarrollo alternativo y la sustitución del cultivo ilícito es un proceso de larga duración y la erradicación manual es demasiado peligrosa debido a la resistencia armada. Por otra parte, el ministro dijo estar muy preocupado por la aparente presión de la Embajada de Estados Unidos sobre su país para iniciar la implementación del llamado granulado (el bombardeo con capsulas llenas de Tibuthyron o Imazapyr, dos pesticidas que han sido prohibidos por la Agencia de la Protección al Medio Ambiente de los Estados Unidos) Esta práctica es más precisa que la fumigación, ya que no afecta a los otros cultivos, pero también más devastant, porque esteriliza el suelo durante más de un año y medio.

Sin embargo, el director nacional de la oficina de Bogotá del UNDCP comentó que ‘la fumigación es un instrumento malo. Como los aviones que fumigan son pequeños, no llegan a las plantaciones comerciales y por consiguiente sólo afectan a las plantaciones pequeñas, de los campesinos. Además, es una estrategia contraproducente. La fumigación deteriora la situación económica de los campesinos, dejándoles ninguna otra opción que buscar el apoyo de los movimientos guerilleros y desafiar al gobierno.’

Esta impresión fue confirmada por los directores de PLANTE, el cuerpo coordinador para el desarrollo alternativo, que mencionaron la falta de cooperación de los campesinos con los programas de desarrollo que fueron iniciados por el gobierno luego de las operaciones de fumigación. Los campesinos consideran a los representantes de estos programas principalmente como ejecutores de la represión.

Representantes de la Policía colombiana resaltaron la efectividad de la fumigación (el 61% de todas las parcelas fumigadas se destruyó eficazmente), pero indicaron que estas operaciones están provocando la resistencia armada (en el día antes de la entrevista, un helicóptero había sido atacada por grupos guerilleros). En entrevistas privadas, algunos policías también reconocieron que en su opinión, la fumigación no afecta a los traficantes de drogas, y que los que son afectados son campesinos que cultivan coca para sobrevivir.

ONGs que trabajan con el tema de los derechos humanos señalaron un fuerte aumento de las violaciones de los derechos humanas después de las mobilizaciones campesinas contra las fumigaciones en 1996. Estas violaciones son caracterizadas por una notable brutalidad e relativa impunidad y son cometidas por todos los grupos en acción, aunque se mencionaron especialmente la presencia y las acciones de grupos paramilitares. En las semanas anteriores a la visita de la misión europea, grupos paramilitares fueron acusados de haber matado a 38 personas en sólo un pueblo en la región de Putumayo, Puerto Asis, de 75.000 habitantes. Según su Alcalde, el Gobierno Nacional no había prestado atención a sus advertencias repetidas que esto iba a pasar.

Perspectivas para el desarrollo alternativo

‘ Una aspirina para curar un cancer’.

(Alfonso Gomez, Fiscal Nacional de Colombia, al describir los esfuerzos para sustituir la agricultura ilícita con la lícita, 17 febrero, 1998, Bogotá)

Comparado al impacto de la fumigación, los esfuerzos realizados en Colombia para lograr alguna forma de desarrollo alternativo claramente demuestran un perfil mucho más bajo. Hasta recién (1995), no hubo coordinación en absoluto entre estos esfuerzos, ni existió ninguna forma de evaluación. A fin de mejorar esta situación, se ha creado una oficina coordinadora llamada PLANTE, una institución directamente dependiente de la oficina del Presidente. Sin embargo, debe notarse que PLANTE no está presente en el Consejo Superior Interministerial sobre Drogas, donde se toman las decisiones principales en las políticas de control de drogas y donde los ministerios de Justicia e Interior están dominando.

PLANTE está intentando llevar a cabo un concepto de sustitución a través de créditos pequeños y apoyar a la agricultura lícita de comunidades rurales que han aceptado firmar un acuerdo con el gobierno de no cultivar más coca u opio.

Hasta hoy existe sólo pocas experiencias de pequeña escala, tales como con grupos de campesinos indígenas bien organizados en el Valle de Cauca, donde se han sustituído unas cientas hectáreas de opio y coca con caucho, palmito o algunas veces pesquerías de pequeña escala. La extensión de estas experiencias a las áreas recientemente colonizadas, donde la población consiste principalmente de colonos, es impedida por la falta de infraestructura y medios de comercialización. También es difícil relocalizar los colonos en otras áreas donde la agricultura rentable es posible, debido a la ausencia de reformas agrarias.

Bajo las condiciones descritas, se debe dudar si el desarrollo alternativo alguna vez tendrá la oportunidad para concretarse, y se presenta la pregunta si PLANTE no es una institución que debe dar la coartada para continuar el enfoque represivo que parece estar atacando a los productores pequeños principalmente, y no a los intereses de los grandes traficantes.

Comentarios concretos sobre la cooperación con Europa

En general, según la opinión de los interlocutores colombianos, la posición de Europa en el debate es considerada más positivo que la de los EE.UU, en el sentido de que Europa prefiere a los acercamientos pacíficos, y no a la represión. En distintas ocasiones, se expresó la esperanza de que Europa cooperara con los países andinos en la elaboración de una agenda global contra el problema de las drogas, basada en un diálogo real. Muchos portavoces mencionaron que los procedimientos de la certificación bilateral, como la que actualmente se lleva a cabo por el gobierno de los EE.UU. en su decisión de condicionar su ayuda a la actuación en el control de drogas, son un obstáculo a las soluciones reales. Se consideró que la certificación no debe ser bilateral pero multilateral: todos los países deben ser permitidos a participar igualmente en las discusiones sobre lo que se puede esperar de cada país que haga. También los países desarrollados en cuyos territorios existe un gran mercado para las drogas, deben reconocer su responsabilidad, tal como en el establecimiento de precios justos para los productos lícitos y en la reorganización de mecanismos de subsidio para campesinos (europeos) que causan mayor competencia para la agricultura doméstica en los países en vías de desarrollo.

Los representantes policíales mencionaron la necesidad de mayor control por los Estados europeos en la exportación de químicos precursores: ellos mantuvieron que el 16,77% de todos los precursores que entran en Colombia procede de Europa.

Representantes campesinos presentaron propuestas concretas para la cooperación con gobiernos/instituciones europeos, cuyo resumen se presenta en la página 23 de este informe.

Finalmente, el Fiscal Nacional, Alfonso Gomez, recordó los sacrificios que Colombia ya ha hecho durante décadas para luchar contra las drogas (perdidas de vidas de oficiales estatales prominentes, las pérdidas económicas debido a las medidas de protección), y que a pesar de esta situación, es considerado internacionalmente como un país no-cooperativo. Con respecto a las alegaciones de corrupción en el aparato estatal, Gomez se negó a aceptar la sugerencia que Colombia estaba intentando escapar de sus responsabilidades internacionales, e insistió que el país ha afinado sus leyes de extradición, el blanqueo de dinero etc. y que todavía hoy, gran parte de la violencia política es debido a la guerra de drogas. Por consiguiente, él insistió en una actuación más fuerte de los países europeos en la lucha contra el blanqueo de dinero del narcotráfico y el comercio de armas igualmente relacionado al comercio de drogas.

b. Perú

Situación

Hace algunos años, el Perú era de lejos el mayor productor de hojas de coca, con 185.000 has. en 1992. Sin embargo, los recientes años han mostrado una caída dramática en esta figura, y actualmente, se cree que no más de 70.000 has. son cultivadas con coca, de las que 10 a 20.000 son destinadas para el uso legal. Se considera que la razón más importante para el traslado de áreas productoras desde el Perú a Colombia es el colapso del precio en el mercado para hojas de coca que ocurrió en el Perú entre 1993 y 1996. Por ejemplo, el precio para un kilograma de hojas de coca, en la región del ‘Alto Huallaga’, era 2,50 USD en junio de 1992, y 0,70 USD en junio de 1997. La pasta de cocaína se compró en los valles del Río de Huallaga, en la selva central peruana, a 740 USD el kilogramo, ahora cuesta menos de 250 USD. La cocaína, se vendió por 2.100 USD en las pistas clandestinas, ahora cuesta 650 USD en la frontera colombiana.

El gobierno peruano ha legalizado todo el cultivo de la coca en el país desde 1993. La Empresa Nacional de Coca (ENACO) está a cargo de la comercialización legal (para el mercado de los consumidores tradicionales de coca y para la elaboración de una serie de derivados legales como el té de coca etc.) La elaboración de derivados de coca o la comercialización fuera del control de ENACO es ilegal. ENACO tiene centros de acopio en cuatro regiones.

Se considera que la represión contra la producción de drogas ilícitas se concentra en los laboratorios donde la pasta de cocaína se fabrica, las pistas aéreas y otras infraestructuras usadas por traficantes de drogas (aunque algunos representantes campesinos indican que se han llevado a cabo operaciones de fumigación, hasta hoy no ha habido ninguna prueba de esto). Gracias a una ofensiva exitosa contrainsurgente del gobierno peruano en los recientes años, la presencia de violencia política en las regiones de producción ilícita es considerada mínima, sobre todo comparado con hace algunos años. En este contexto y teniendo presente el bajo precio de la coca, debe haber una base excelente para los programas de desarrollo alternativo. En los últimos 20 años, ha habido algunas experiencias con estos programas en el Perú, pero en general, ellos no han sido muy exitosos. Un factor es la falta de co-ordenación entre las varias agencias involucradas, y otro, la insuficiente participación por parte de los beneficiarios en el diseño y la aplicación de los programas.

Otro es en general la falta de coherencia con medidas macroeconómicas. Ya durante años, Perú está cubriendo su necesidad alimentaria, importando del extranjero productos baratos (por ejemplo arroz). Esto provoca una creciente crisis en la agricultura doméstica y un estancamiento de desarrollo en las áreas rurales. El derrumbamiento del precio de alimentos básicos no puede ser compensado por productos alternativos como café, cacao y ni siquiera por coca.

El enfoque de Perú al problema

A fines de coordinar las estrategias de control de drogas en el país, se creó en 1996 CONTRADROGAS, un comité interministerial asignado por el Presidente y operando bajo la presidencia del Ministro de Salud. El comité también cuenta con la presencia del Ministro de Interior, de la Mujer y el Desarrollo Humano, y de Agricultura. Su estrategia es definida a través de tres objetivos: la lucha contra la pobreza, la lucha contra las drogas y la protección del medio ambiente. Su objetivo es sustituir toda la coca que es cultivada para los propósitos ilícitos en 10 años, sustituyéndola por una economía sustentable y lícita.

Las metas concretas de Contradrogas son el mejoramiento de una infraestructura básica, el fortalecimiento de organizaciones de campesinos locales, la introducción de, entre otros, la agroindustria y agrosilvicultura, entre otros por la promoción de inversiones privadas, como una manera de establecer perspectivas de desarrollo en las regiones interesadas, y la relocalización de la población de estas regiones hacia la cordillera central del país. Este último programa es considerado necesario para mejorar las condiciones para los campesinos en áreas desde donde se produce la migración hacia la tierra baja amazónica, donde se cultiva la coca.

Debe notarse, que teniendo en cuenta los modestos recursos financieros del país, los objetivos puestos por Contradroags pueden parecer bastante ambiciosos. Sin embargo, debe ser reconocido, que el enfoque del Perú es esencialmente un enfoque de desarrollo, haciendo la reducción de la producción ilícita secundaria a la lucha contra la pobreza.

Hasta ahora, gracias al bajo precio de la coca, una reducción sustancial del cultivo de coca se ha logrado. Sin embargo, ya han aparecido unos efectos negativos colaterales. En primer lugar, es notado que cuando el precio de la pasta de cocaína baja, los traficantes producen más para mantener los mismos ingresos, y el consumo de drogas en el propio Perú aumenta, según los portavoces de Contradrogas. Ellos indicaron también que el cultivo de opio ha aumentado, puesto que resulta más aprovechable aún que la coca.

En la reunión con representantes de productores de la coca (delegados a una Asamblea Nacional de las Federaciones de Productores de Coca de distintas regiones del Perú), ellos expresaron su escepticismo en los esfuerzos de cuerpos gubernamentales y multilaterales para instalar el desarrollo alternativo. Ellos expresaron su abierto descontento con los proyectos llevados a cabo hasta ahora, por ser insuficientes, por no tener en cuenta la participación popular, y a veces incluso por crear división e inestabilidad en la región. Describieron la situación en las regiones productores de coca como muy crítica, ya que debido al colapso del precio de coca, la pobreza ha alcanzado dimensiones extremas.

Representantes de campesinos también expresaron sus propias propuestas a los programas de desarrollo en su región, que según ellos deben integrarse con la economía de la coca (apuntando a la sustitución gradual, no un reemplazo inmediato), incluyendo al respeto a la importancia del papel de mujeres en programas de desarrollo, y en general de la participación popular. Algunos también comentaron el peligro de un daño ecológico por la producción de la coca.

Representantes de agencias de donantes internacionales que juntos financian approx. 25 millones de dólares americanos en los programas de desarrollo alternativos en Perú (Canadá 10,5 millón, EE.UU. 10, Alemania 1,5, la Comisión Europea 1,1, IICA 1,1, UNDCP 1), comentaron la necesidad de una mejor coordinación entre los países donantes. Mientras el elemento común en sus enfoques es la lucha contra la pobreza, siguen habiendo diferencias sustanciales en lo que es la causa de esta pobreza y cómo luchar contra ellas en un contexto adverso como es el dominado por políticas económicas neo-liberales.

En particular el director del Fondo Perú Canadá (apoyando sobre todo los proyectos de pequeña escala con ONGs y organizaciones locales) expresó que el problema era sólo complejo porque nosotros lo hacemos complejo: ‘ lo que se necesita es una visión sobre desarrollo en la Región Amazónica que debe tener primero una perspectiva local, luego una nacional, y luego una internacional’. Recientes eventos en la cooperación alemana (GTZ) y británica (DIFID) parecen confirmar que aparentemente la cooperación decentralizada está ganando un apoyo más amplio.

Perspectivas para la coca legal

‘Imagínese una comisión de parlamentarios peruanos y bolivianos que, al inspeccionar la erradicación de campos del tabaco en Europa, mastican hojas de coca’

(Comentario de Jean Huss a sus compañeros miembros de la delegación, fumadores, el 22 de febrero de 1998, Quillabamba, Perú)

El hecho de que el mate de coca es una bebida común en el Perú se demostró durante el almuerzo en el hotel Sheraton en Lima ofrecido a la delegación por los diputados peruanos, entre ellos Miguel Velit, presidente de la Comisión de Fiscalisación. Después de la comida, se sirvió un mate de coca y fue disfrutado por todos, entre otros por sus efectos muy conocidos sobre la digestión. También durante otras reuniones, se consumieron pasteles de la coca, y durante un almuerzo en un restaurante de lujo en Lima, se comieron helados de coca como postre. Por supuesto, mientras se consumían estos productos, la conversación se concentró inmediatamente sobre el estatus ilegal que tiene la hoja de coca actualmente.

El neurólogo peruano y experto en coca, Fernando Cabieses explicó que ‘al referirse al consumo de drogas, lo que es legal y lo que es ilegal es una cuestión cultural, y no se pueden reprimir comportamientos culturales por la ley. Cada cultura tiene sus propias costumbres, que no pueden ser reprimidas a través de la fuerza: el gobierno americano lo probó con alcohol, pero provocó un caos. Al parecer, este tipo de comportamiento humano sólo puede ser influenciado a través de la educación o la publicidad.’

Según Cabieses, el agente activo de la coca, cocaína, cuando es ingerido oralmente (p.ej. masticando hojas de coca), entra despacio en la sangre y el cuerpo lo deshace relativamente fácil. Entonces, tiene muchos propósitos beneficiosos como un estimulante ligero. El problema con la cocaína ocurre cuando se la ingiere por la nariz o se la inyecta, llevándola directamente al cerebro. Concluyendo, es la manera de usar la sustancia que crea el problema, no la propia sustancia.

Los derivados tradicionales de la coca en el Perú son casi todos fabricados por ENACO, que era originalmente una compañía estatal, y desde 1993 se privatizó. La mayoría de sus clientes son los consumidores tradicionales (sobre todo campesinos, pescadores y choferes) y una parte más pequeña es para los productos industrializados como el mate de coca en varias formas. Además están abriendo otras líneas de productos como licor de coca y otros.

Los investigadores de ENACO explicaron que ellos trabajan con extractos de coca íntegral (500 miligramos de cocaína en 100 mililitros) o con volúmenes reducidos (15 miligramos de cocaína en 100 mililitros) para los propósitos aromáticos. De acuerdo a ellos, una compañía como la Cola Coca lo hace también, y por consiguiente es posible descubrir rastros de cocaína en Cola Coca. No se saca toda la cocaína simplemente porque entonces uno tiene que usar solventes fuertes que son peligrosos para la salud. Cuando ENACO hace mate de coca o licor, se reduce la cantidad de cocaína a un mínimo de 0,0024%, o sea menos del 0,1% que es el límite determinado por la Convención Unica de Estupefacientes de 1961. Sin embargo, no ha sido posible comercializar los derivados de coca fuera del Perú debido al temor de las empresas importadoras de que el sistema de control de la ONU les bloquee este comercio (controlando tan estrictamente que así se sabotee el esfuerzo).

Mientras que hace algunos años presentó el llamado para la legalización de la coca a la Comisión de Estupefacientes de la ONU, el gobierno de Perú últimamente cambió su política con respecto a este tema. De la Señora Marcela Lopez de Ruiz, del Ministerio de Asuntos Extranjeros, supimos que, en este momento, es considerado inoportuno presentar la propuesta de la revalorización. Tal como la ONU pidió, el Perú ha presentado los documentos científicos necesarios para demostrar la salubridad de los derivados tradicionales de la coca, pero no ha habido ninguna reacción. Al parecer la razón detrás de la oposición a la coca no es moral, sino económica, o política. Esta impresión era confirmada por un panel de especialistas independientes de la coca, que comentaron que el miedo de decertificación por los EE.UU. implica que ninguna propuesta de revalorisación puede presentarse.

Según Contradrogas, hay otra razón por qué la revalorisación ha dejado de ser una prioridad. No sería diestro preparar el mundo para los productos legales de la coca, cuando los proveedores peruanos a ese mercado no están en condiciones de competir. Por consecuente, ENACO tiene que ser modernizado, se debe instalar un control mejor y se debe mejorara las condiciones para los productores legales – para evitar la rivalidad con aquellos campesinos que producen para el mercado ilícito. Actualmente, ENACO tiene la capacidad de elaborar 30 toneladas de hojas de coca por año, pero en este momento elaboran sólo 4. Debido a la crisis económica y al cambio de clima (inviernos menos fríos) el mercado en el Perú este año se ha reducido.

Al propósito, el Secretario Ejecutivo de la Federación de Productores Campesinos del Valle de la Convencion y Lares, la región principal para la producción de coca para el mercado tradicional (aproximadamente 90% de las hojas de la coca compradas por ENACO viene de esta región) expresó su gran descontento con ENACO, por cobrar comisiones demasiado altas en cada compra (15%) y también por manipular en la fase de la elaboración: según él, ENACO mezcla las distintas calidades de hojas (mala y buena) al venderlas, mientras no les paga el mismo precio a los productores, los que hacen esfuerzos para seleccionar las hojas al cosechar.

Comentarios concretos sobre la cooperación con Europa

Sr. Gil de Contradrogas enfatizó que el Perú ya no quiere ser dependiente, quiere recibir ayuda para mostrar que es capaz de ejecutar un programa. Existen dificultades en la competencia, se tienen que aprender las lecciones del pasado y una lección importante es que el trabajo debe ser hecho por expertos, no por políticos. Por consiguiente, el gobierno quiere trabajar estrechamente con el sector privado, y quiere organizar a los campesinos para trabajar con ellos, preparar al Congreso para facilitar inversiones privadas.

Señora Lopez de Ruiz explicó que el gobierno peruano tiene un problema con la presión europea en el problema de los precursores. Ella sentía que el Perú tiene su legislación en orden, pero que son otros países que no tienen un control eficaz, y que los países europeos deben dirigir su atención primero hacia esos países.

Peter Luhmann, el director de GTZ en Lima expresó la importancia de más coordinación entre los representantes de agencias de cooperación internacionales en el Perú, y también la presencia de ONGs en esta discusión, a fines de desarrollar más allá las ideas sobre el desarrollo alternativo y la necesidad de un diálogo sobre la coordinación.

Varias organisaciones de campesinas presentaron propuestas concretas para la cooperación con agencias de desarrollo occidentales. Un resumen de papeles se lista en la página 23. Ellos resaltaron la experiencia de la Federación del Valle de Apurimac en el Departamento de Ayacucho que recientemente ha suscrito un acuerdo de cooperación técnica con el Fondo Perú Canadá que es el primer acuerdo de este tipo en el Perú.

Los diferentes expertos de coca a la Comisión Andina de Juristas declararon que según ellos, el problema es esencialmente económico. Con tal de que Perú no tenga el espacio financiero para crear perspectivas de desarrollo realistas, será imposible de encontrar soluciones a largo plazo en la lucha contra la pobreza, y por consecuente en el problema de la coca también. Se debería sensibilizar a los banqueros y políticos sobre la necesidad de flexibilizar en la política de la deuda.

c. Bolivia

Situación

Durante muchos años, Bolivia fue el segundo país productor más grande de hojas de coca en el mundo. Actualmente es el tercero, con unas 12.000 hectáreas para los propósitos lícitos y 35.000 hectáreas para los propósitos ilícitos, localizados en la Región de Chapare, al nordeste de la ciudad de Cochabamba. Esta región produce approximadamente 70.000 toneladas de coca, las que sirven para elaborar 200 toneladas de cocaína. La economía ilícita genera 70 millones de USD por año para los campesinos, y 400 millones de USD para el país en conjunto. Esto representa aproximadamente 4 a 5% del PIB y 30% de las exportaciones legales.

En años recientes, los resultados de la erradicación en Bolivia han sido constantes: aproximadamente 8.000 hectáreas por año. Sin embargo, se plantaron nuevos cocales todo el tiempo, así que en general, la producción total ha permanecido en el mismo nivel. Los productores de coca en el Chapare son, entre otros, mineros migrados que responden a sus necesidades económicas luego de ser despedido por medidas de privatización del gobierno en 1985. Al visitar el Chapare en 1998, uno puede concluir rápidamente que ellos no han escapado de la miseria. Siendo los proveedores de uno de los mejores negocios del mundo, los productores bolivianos de coca siguen en condiciones de extrema pobreza.

Desde 1997, la Comisión Europea está contribuyendo al desarrollo alternativo en esta región con una cantidad sustancial (30 millones de USD). También los estados europeos tienen algunas experiencias en este tema, sobre todo a través del apoyo a la agroindustria (Italia, Suecia) y al diseño de un plan de desarrollo (Alemania). En este contexto, la diferencia inmediata entre Bolivia por un lado y el Perú y Colombia por el otro es que Bolivia todavía sigue siendo un país verdaderamente en vías de desarrollo. No sólo porque tiene el promedio de ingreso por cápita más bajo de América del Sur, y porque la infraestructura técnica y social se ha desarrollado de manera insuficiente. También porque existe en general una cultura de subordinación, una actitud característica de receptores.

El enfoque de Bolivia al problema

Este problema se muestra claramente en la relación de Bolivia con los Estados Unidos. La política de drogas en Bolivia parece ser relacionada directamente con la política de certificación del gobierno de los EEUU. Se considera que la embajada norteamericana juega un papel clave en todas las decisiones importantes que son tomadas sobre este tema, y que la DEA interviene directamente en las operaciones técnicas. Para ser certificado, el gobierno de los EEUU espera de Bolivia que se erradica un cierto número de hectáreas (7.000 a 8.000 has.). Para obtener esta cifra, la policía y el ejército boliviano implementan con intervales regulares una estrategia represiva, en que se producen violaciones de derechos humanos de manera sistemática.

Hasta la fecha en que se desarrolló la visita de la delegación, el actual gobierno boliviano no habia cometido ningún abuso a los derechos humanos todavía, pero ya se pensaba que esto simplemente fue debido al período de la llamada ‘luna de miel’ (el gobierno recién se posesionó en agosto de 1997). Y en realidad, desde el 1 de abril, han habido varios enfrentamientos violentos en el Chapare entre campesinos y policías, con un saldo de 9 muertos, unos 30 heridos y un número desconocido de personas desaparecidas.

Lo que se teme es que en práctica, el estado boliviano es muy impotente frente a la presión norteamericana. Por ejemplo, ya durante años ha resultado ser imposible de modificar la Ley 1008, el instrumento legal de la política de control de drogas de Bolivia. Esta ley es basado en el principio que en cuanto es más estricta una ley, más eficaz también será. La ley está en violación con los principios básicos de la declaración de los derechos humanos e incluso la constitución boliviana. Según esta ley, todos son culpables mientras que no se demuestra el contrario, el fiscal tiene la obligación de apelar cuando un juez declara inocente al acusado, los períodos de investigación pueden tomar entre 1 y 2 años, y el principio de ‘cuando en duda en favor del acusado’ se viola, cuando los jueces tienen más miedo a salvar a un culpable que a sancionar a un inocente. Cuando fue preguntado sobre este problema, el Viceministro de Interior, Sr. Sergio Medinacelli, confirmó que hasta ahora, cada esfuerzo por modificar la Ley 1008 ha sido vetado por la Embajada norteamericana.

Por otro lado, el propio gobierno boliviano claramente ha mostrado su voluntad política para aumentar la represión contra el comercio de drogas, y que esto también significa que se debe confrontar a los campesinos cocaleros. Los representantes gubernamentales no hacen ningún secreto de su aversión de lo que ellos llaman ‘la dictadura sindical’ en el Chapare, refiriéndose al comportamiento aparentemente dictatorial de algunos líderes campesinos que se habrían opuesto al desarrollo alternativo y les obligarían a los campesinos que no cooperaran con el gobierno en este tema. Algunas fuentes que trabajan junto con el gobierno (como el director de la Agencia de Cooperación Española Carlos Tornell), incluso mencionaron que los líderes campesinos son financiados por traficantes de drogas y/o ONGs europeas, sin embargo, sin poder entregar cualquier prueba escrita de estas declaraciones.

Por otro lado, los observadores independientes comentaron que está gracias a la fuerza de las federaciones campesinas en el Chapare, que las mafias de las drogas nunca han podido entrar en la región. Esto fue confirmado por el Dr. Godofredo Reinicke, Director de la Oficina de los Derechos Humanos del Ministerio de Justicia en Chimoré que confirmó que no existe ningún tipo de violencia organizada de los campesinos contra los proyectos de desarrollo, y además que todos los campesinos quieren sustituir coca pero que no hay ninguna alternativa. Según Reinicke, la disciplina sindical es necesaria porque las autoridades públicas están casi ausentes en la región.

El problema de la creciente polarización en el debate interno sobre la coca en Bolivia podría relacionarse a las tensiones étnicas y políticas que existen en el país; la planta de coca tiene importancia cultural fundamental para la población indígena, que a pesar de ser la mayoría (65%) nunca ha tenido acceso a las decisiones políticas. En este momento, los campesinos cocaleros de alguna manera son la vanguardia del movimiento campesino/indígena, que incluso está intentando de obtener cierto poder político.

Mientras que en Bolivia sobra la evidencia del valor cultural y científico de coca (expresado en varios estudios de investigadores nacionales e internacionales) el gobierno continúa siendo reservado con respecto al apoyo de la demanda por la revalorización internacional. Al mismo tiempo continúa aceptando la presión extranjera para erradicar todo el cultivo ilícito, y lo puede utilizar en cualquier momento para reprimir al movimiento cocalero, o sea, a sus opositores políticos.

El enfoque principal de la política gubernamental está en la región de Chapare, actualmente una región bajo estado de sitio virtual, dominado por la policía y el ejército. El nuevo gobierno del presidente Banzer recientemente ha anunciado un plan quinquenal para erradicar todo el cultivo de coca en el Chapare. Eliminará gradualmente los pagos de compensación por las hectáreas erradicadas (actualmente 2.500 dólares por hectárea). Después del 31 de marzo, estos pagos empezarán a ser destinados a la comunidad, y a finales del año 2000, ninguna compensación se dará más, así que todos los medios de erradicación serán compulsivos. En el momento de escribir este informe, a finales del mes de abril, ya se sienten los primeros resultados de esta política (ver arriba).

Para financiar este plan, ha sido calculado un presupuesto ambicioso: en 5 años, 900 millones de USD de los que deben usarse 700 millones para el desarrollo alternativo. Bolivia misma financiaría el 15% de esta cantidad, el resto debe venir de los donantes extranjeros. Tanto observadores externos como internos han expresado su duda sobre la posibilidad de obtener estas cantidades que exceden muchas veces las cantidades recibidas por Bolivia en los últimos 20 años para el mismo propósito. Por ejemplo, los Estados Unidos anunciaron en febrero la reducción de su contribución anual al desarrollo alternativo en Bolivia de 45 a 12 millones de USD, algo que fue considerado por el gobierno boliviano como un insulto directo.

Sin embargo, el plan boliviano parece encajar excelentemente en la nueva estrategia del UNDCP, que ha puesto un objetivo de 5 años para erradicar todo el cultivo de coca y amapola y otros 5 años para supervisar los resultados. Según el Secretario Ejecutivo del UNDCP, Pino Arlacchi, en 25 años de desarrollo alternativo han habido muchos éxitos. Por consecuente, la organización ha presentado un presupuesto de 5.000 millones de USD para financiar una estrategia mixta de represión y desarrollo alternativo para lograr esta meta.

Perspectivas para el desarrollo alternativo

En este contexto, es interesante notar algunas de las experiencias de los proyectos de desarrollo alternativos que se han llevado a cabo hasta ahora. Los representantes gubernamentales comentaron por ejemplo que los técnicos nacionales supieron ya en 1989 que el Chapare tenía vocación por la agrosilvicultura y no la agricultura comercial. Sin embargo, fueron obligados a introducir ‘cash crops’ por la agencia USAID.

Ello fue confirmado por los campesinos del Chapare, que comentaron que hasta ahora, el desarrollo alternativo ha consistido en la introducción de plantas nuevas y exóticas, cultivadas en granjas modelo donde los ingenieros pueden producir plantas buenas con pesticidas e insecticidas, insumos que el campesino no podría permitirse nunca el lujo de pagar. .

Además ha significado el establecimiento de fábricas que se construyeron sin perspectivas de mercado, sin seguimiento, sin dirección empresarial, sin suficiente asistencia técnica: en resumen, las fábricas se han vuelto verdaderos fracasos.

Como una ilustración de esta realidad, la delegación visitó algunas fincas de productores de coca en los alrededores de Villa Tunari, donde la enfermedad de la ‘Sica Toka’ ha destruido muchas plantas bananeras que los campesinos han plantado con dinero que ellos recibieron para la erradicación de la coca. Sin embargo, la enfermedad ha destruido la cosecha completamente, y según los campesinos, ellos no han podido contrarrestarlo porque las pesticidas eran o demasiado caras o no adecuadas.

También se visitó un proyecto financiado por la Agencia de Cooperación Española en Chimoré. Los técnicos explicaron que ellos están construyendo una fábrica que puede elaborar 2.500 latas de palmito por día, y 500 litros de jugo de naranja por día. Fueron entregadas a los campesinos 1 ha de palmito y 1 ha de naranja. Con 1 ha de palmito, ellos podrán ganar 1.850 USD en un año, después de dos años de producción. Como existen algunos problemas con enfermedades que tienen que ser atacadas con pesticidas e insecticidas, los costos de inversión son 1.000 USD por ha. El mercado está seguro, una fábrica española de latas es accionista y comprará la primera producción para exportar a España. Para las naranjas, la situación es la siguiente: pueden plantarse 238 plantas por ha, en el cuarto año, habrá 1.000 naranjas por planta, eso significa un ingreso de 4.000 USD. por año por ha. El jugo será para el mercado nacional.

La fábrica de jugo de naranja/palmito podrá cubrir las necesidades de 150 familias. Hay 4/5 otras fábricas planeadas, pero es difícil imaginar cómo ellos llenarán las necesidades de las 25.000 a 30.000 familias en la región actualmente dependientes del cultivo de coca.

Desde hace varios años, Bolivia está experimentando con una profunda reforma estatal sobre todo dirigida a resforzar el papel de las autoridades locales. Esto ha aumentado las posibilidades para el desarrollo decentralizado que desafortunadamente no ha producido mejoras significativas todavía. Esto se debe al hecho de que los recursos públicos, a pesar de la privatización masiva de las compañías estatales, no han podido cubrir con las consecuencias adversas del colapso de precios en materiales crudos producidos por el país y la contínua falta de infraestructura, razón por qué el país no puede construir una agricultura competitiva que enfrenta la importación de productos baratos del extranjero.

En el propio Chapare, la preocupación principal entre las autoridades locales (los cuatro alcaldes de los principales municipios son todos miembros de un partidos con lazos estrechos con la Federación de Productores Campesinos, y todos fueron elegidos en diciembre de 1996 con más de 50% de los votos) es el peligro de tensión política que puede generar violencia a cualquier hora. Por ejemplo, las actividades de las autoridades nacionales (policía, ejército) para realizar el catastro de la región con el apoyo de la Comisión Europea, son vistas con sentimientos de ambigüedad. Por una parte, los alcaldes sienten que este estudio necesita ser hecho para legalizar los títulos de propiedad de la población. Por el otro lado ellos también temen que generará confrontación ya que podría ser utilizado para reestructurar la región del Chapare y facilitar la llegada de compañías privadas que comprarán los lotes de los campesinos pequeños y establecerán plantaciones comerciales grandes.

Es obvio que existen limitaciones al desarrollo alternativo en Chapare (el ritmo de desarrollo agroindustrial es sumamente lento, se necesita más infraestructura, la mayor parte de la región no tiene vocación agrícola, pero se apta a la agrosilvicultura).

Sin embargo, la región podría tener un futuro siendo sumamente adecuada para el cultivo de frutas como la piña, maracuya, plátano y palmito. Sin embargo, para el sector agrícola pequeño es importante contar con aceso al mercado y a los medios de inversión, lo que no suele ser el caso. Al contrario, los inversores privados grandes tendrían este acceso, y por consiguiente, ellos podrían fácilmente tomar la iniciativa. En tal caso, sigue siendo un interrogante adónde deben recurrir los campesinos. Un nuevo escenario trágico de ‘relocalización’ puede ser la consecuencia.

Debido a estas experiencias negativas con las agencias de desarrollo, algunos campesinos han decidido ya seguir adelante por su propia cuenta; ellos obtienen créditos comerciales y contratan a técnicos, buscan maneras de atacar a las enfermedades y contratan compañías que venden los remedios, investigan las posibilidades de mercado al nivel nacional e incluso internacional, hasta ahora con relativo éxito.

Comentarios concretos sobre la cooperación con Europa

Los observadores locales en el Chapare, tanto del gobierno nacional como local, comentaron que es imposible erradicar en 5 años sin que se genere violencia. En lugar de poner este tipo de objetivos poco realistas, debe haber un seguimiento a la elaboración de conceptos de desarrollo integrados, como el que se ha establecido en el ‘Plan del Trópico’ (un plan de desarrollo para la región de Chapare elaborada por una comisión mixta de gobierno y campesinos en 1995, financiado por la cooperación alemana GTZ). Varios interlocutores lo comentaron como un plan excelente, pero difícil de ejecutar, puesto que el gobierno nacional ha condicionado el desarrollo a la erradicación, mientras que según los campesinos, debería ser justamente al revés.

4. Recomendaciones

a. Mathias Schubert, Miembro de Parlamento, Partido Social Demócrata,
Alemania

Sobre la legalización de la coca

Para luchar contra el cultivo ilícito de la coca y el aumento correspondiente de la criminalidad relacionada con las drogas, sigue presentándose la propuesta de legalizar el comercio en hojas de coca para los propósitos lícitos. Se encuentran defensores de esta propuesta entre ONGs, Federaciones de productores de coca e incluso Miembros de Parlamentos Nacionales en Europa y en el Parlamento Europeo.

La actitud de la comunidad internacional, repetidamente confirmada por la Comisión de Estupefacientes de la ONU y recientemente por la Cumbre del G7 en Escocia de febrero de 1998, es que la prohibición mundial del comercio de hojas de coca se continúa. También, es casi seguro que la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre las Drogas en Nueva York, en junio de 1998, no tendrá una conclusión diferente. La cooperación internacional con los países andinos, sobre todo la de los Estados Unidos, está apuntando a la erradicación total del cultivo ilícito de la coca.

Esta estrategia podría ser considerada como una manera de transferir la aparente incompetencia de los países consumidores para tratar con su propio problema de drogas, a los países productores. Sin embargo, también está claro que sin el suministro, no habría demanda, y que este suministro se mantiene con tal de que los campesinos encontrarán en la coca un producto que les garantiza un precio más alto que cualquier otro producto. Una legalización eventual de la coca para los propósitos lícitos no contribuye nada a la solución de este dilema.

Los defensores de la legalización mantienen que la planta de la coca contiene una cantidad considerable de elementos medicinales y farmacológicos. La legalización generaría nuevas posibilidades de mercado, habría que descriminalizar a los productores y establecer el respeto a la cultura andina. Estos argumentos no son convencedores. La cultura de la coca tradicional es limitada, y cuando se legaliza en el Perú y partes de Bolivia, ello significa que ya se ha aceptado. Por otro lado, es cuestionable si se encontrarán nuevos mercados fuera de la región andina. La cantidad de productos que podrían comercializarse como productos alimenticios salubrosos en Europa y los EE.UU. está limitada. Hasta hoy, la industria farmacéutica puede hacer productos sin coca para lograr objetivos similares. Por lo tanto, la coca tiene pocas oportunidades para obtener una porción de este mercado. Tampoco existe ningún argumento económico para legalizar la coca: la situación económica de los campesinos no mejorará sustancialmente.

El argumento ideológico se mantiene. Cuando la Coca Cola contiene coca, y puede ser consumida en el mundo entero, entonces esta posibilidad también debe ofrecerse a los productos peruanos o bolivianos. Por ejemplo, se produce un licor de coca en el Perú que contiene menos cantidades de coca que la Coca Cola. No debe haber ninguna restricción para estos productos.

Sobre el desarrollo alternativo

La razón para las limitaciones al desarrollo alternativo y los proyectos de sustitución hasta ahora es ante todo la falta de competitividad de productos alternativos y las dificultades para encontrar mercados. Se enfrentan los campesinos con un mercado mundial saturado con precios cada vez más bajos para sus productos. Quien cambia a café o cocoa, tiene que contar con fluctuaciones extremas en el precio y quien experimenta con frutas, sólo tiene una oportunidad para el éxito si puede conquistar un lugar en un mercado sumamente competitivo.

A esto, pueden agregarse los contínuos cálculos erróneos de las agencias ejecutores. Por ejemplo, USAID desarrolló en años recientes una campaña para estimular la producción de maracuya. Muchos campesinos aceptaron la propuesta, pero cuando las perspectivas del mercado tales como habían sido descrito por los ingenieros del proyecto no se hicieron realidad, el experimento acabó en un desastre. Muchos campesinos fueron obligados a empezar a cultivar coca de nuevo, y como resultado, terminaron criminalizados.

Estas conclusiones deben llevar al reconocimiento que el desarrollo alternativo puede ser sólo exitoso cuando se lo concibe como un concepto regional. Sólo conceptos integrales, que tienen perspectivas a largo plazo y no son condicionados a la erradicación, serán capaces a cambiar la vida y las condiciones de ingreso de los beneficiarios sustancialmente. Deben apoyarse las intenciones de los gobiernos peruano y boliviano. En Colombia, debe enfatizarse que la concepción de la política hacia la producción del cultivo ilícito debe concentrarse más en este enfoque de desarrollo integral.

Este concepto, sin embargo, debe ser basado en dos asunciones importantes. Primeramente, los gobiernos involucrados deben tener un interés en la cooperación con el desarrollo cualitativo. Luego, debe existir una clara relación de contraparte entre donadores y beneficiarios. Aquí, es importante eliminar el déficit existente, que se debe a una sobre-estimación por parte de los beneficiarios de la cooperación al desarrollo como tal como también a la calidad de la administración de los proyectos.

Sobre el Plan de UNDCP

El Director Ejecutivo de UNDCP Pino Arlacchi ha manifestado que la eliminación de todo el cultivo de la coca ilícita en los próximos 5 años es un objetivo mayor de su organización. Arlacchi cree que las perspectivas para este plan son sumamente positivas, y lo basa en las experiencias en Tailandia y Pakistán. La receta para el éxito consiste según Arlacchi en un gasto masivo de fondos para sustituir la coca con productos alternativos. Fondos que deben venir particularmente de los países europeos. Si los gobiernos de la región andina no cooperan con esta estrategia, se debería obligarlos a ello. Este plan ha encontrado gran escepticismo por los representantes de tanto federaciones de campesinos, ONGs, autoridades nacionales y locales pero también por los propios oficiales del UNDCP. Yo estoy de acuerdo con esta actitud.

El ejemplo de Bolivia de muestra que la sustitución neta de cocales está avanzando mucho más despacio que planificada. No se desarrollan suficientes alternativas a la coca e incluso, los proyectos de pequeña escala todavía están en la fase de estabilización. Apenas se encuentran mercados nacionales e internacionales para los productos alternativos.

Aparte de esta realidad económica, el plan del UNDCP contiene dinamita política. Para empujar semejante plan ambicioso con presión externa, implica el peligro de sabotear, si no impedir, los modelos de desarrollo participatorio entre donantes y beneficiarios. El plan del UNDCP corre el riesgo de ser considerado como un instrumento del neo-colonialismo siendo meramente un refuerzo a la política de eliminación de la coca mediante el enfoque militar llevado a cabo por los EE.UU. en la región andina hoy día.

b. Fabienne Grojean, Jean Huss y Joep Oomen

Sobre la legalización de la coca

En primer lugar, consideramos el enfoque represivo en la lucha contra las drogas, a través del militarización de las regiones productoras de coca, las matanzas, torturas y corrupción que ella genera, en contradicción completa con la Declaración Universal sobre los Derechos Humanos. Por consiguiente, recomendamos una demilitarización completa de las áreas involucradas, es decir un enfoque socio-económico hacia el problema del cultivo de coca para el mercado ilícito y una creciente inversión en los programas de desarrollo integral, que no excluyen la hoja de coca.

En particular, las operaciones de la fumigación y el uso de pesticidas que han demostrado causar enormes daños ecológicos al medio-ambiente y la salud humana deben ser paradas inmediatamente.

Habiendo dicho ello, consideramos que todo el enfoque hacia el cultivo ilícito en la región andina hasta ahora se ha basado en un concepto de la lucha contra las drogas, no contra la pobreza. Esta lucha contra las drogas se ha vuelto en una lucha contra las personas, y particularmente contra los eslabones más débiles en la cadena del comercio de drogas: productores pequeños, pequeños transportistas, consumidores, en fin, personas con casi ninguna responsabilidad en el negocio y virtualmente ningún beneficio de él.

Este concepto de la lucha contra las drogas, por lo tanto, no pertenece a una sociedad moderna, donde se deben resolver los problemas a través de instrumentos sofisticados.

Una de las legitimaciones para la lucha contra la coca es la inclusión de la hoja en la lista de sustancias peligrosas, agregada a la Convención de Estupefacientes de la ONU de 1961. Tanto científicos andinos como occidentales han entregado bastante evidencia que esta inclusión es basada en argumentos dudosos. Además, la prohibición mundial de la coca ha impedido una investigación seria en sus propiedades medicinales y terapéuticas, y por lo tanto, ha impedido una investigación seria en las perspectivas comerciales de derivados inofensivos de la coca.

Sobre el desarrollo alternativo

Opinamos que existe sólo un argumento legítimo para no legalizar la coca en seguida: la posibilidad de un derrumbamiento del precio que seguirá luego de un aumento en las áreas del cultivo (no sólo en América del Sur, sino también en Africa y Asia). Sin embargo, este dilema nos demuestra donde está la raíz del problema: la globalización de la economía de libre mercado, lícito o ilícito, simplemente no es compatible con el desarrollo sostenible. Creo que el último es más importante que el primero y por consiguiente, se necesita urgentemente una regulación para proteger los sistemas de cultivo sostenible en todas partes del mundo.

Participar en esta misión nos ha dejado claro una vez más que luego de gastar cientos de millones de dólares durante más de 20 años, los programas de desarrollo alternativo siguen todavía en la fase de investigación y experimentación. Sin embargo, son los campesinos que hacen los experimentos. Cuando fallan, los responsables de proyecto continúan recibiendo sus sueldos, mientras los campesinos están arruinados. Por ello, un desarrollo alternativo que no tiene en cuenta el concepto de gradualidad no sólo es irrealista, es una mera justificación de la represión.

El camino hacia adelante es instalar perspectivas alternativas realistas para el desarrollo, teniendo en cuenta las medidas macroeconómicas necesarias para asegurar estas perspectivas, y sólo entonces, sustituir los cultivos ilícitos. No hace falta mencionar que estos programas deben concebirse, planificarse y ejecutarse en concertación con los representantes legítimos de los productores.

Sobre el Plan de UNDCP

Los países europeos deben reflexionar bien antes de aprobar el plan SCOPE tal como fue introducido por el Director Ejecutivo del UNDCP, Pino Arlacchi. Creemos que es imposible realizar la estrategia de eliminar todo el cultivo de coca y opio en 5 o 10 años, y que además está en flagrante contradicción con los principios de desarrollo sostenible y duradero. Los países miembros de la ONU deben evaluar los programas de desarrollo alternativo llevados a cabo hasta ahora por el UNDCP, y establecer criterios que no miden la cantidad de hectáreas erradicadas sino la cantidad de mejoras logradas en indicaciones de Desarrollo Humano tales como han sido establecidas por el PNUD, OMS, FAO, OIT y otras como por ejemplo el Indice para la Pobreza Humana y el Indice para la Participación de Mujeres. Antes de erradicar algo, lo que debe ser erradicada es la pobreza.

La certificación bilateral tal como está siendo aplicada actualmente por el gobierno de los EEUU debería ser sustituída por un proceso de cetrificación multilateral, en la que se considera responsabilidad de todos los países del mundo en la lucha contra las drogas Las políticas internacionales de control de drogas deberían incluir el concepto de la responsabilidad compartida entre los países en los que se concentra la oferta y los píses en que está concentrada la demanda.

La mayor parte del presupuesto para el control de las drogas debería ser destinada a medidas de prevención. Al mismo tiempo, los países occidentales deberían mejorar su control de la exportación de precursores.

Como un anexo a estas recomendaciones, quisiéramos añadir la Resolución sobre una Política Coherente, Justa y Eficaz hacia la Producción de la Hoja de Coca, como ha sido adoptada por la Asamblea General del Comité del Enlace de Organizaciones No-gubernamentales Europeas, el 19 de abril de 1996.

5. Lista de documentos

Nos gustaría mencionar que en nuestras reuniones con productores de coca en Colombia y Perú, recibimos una impresionante cantidad de documentos conteniendo analisis y propuestas para mejorar la cooperación en desarrollo alternativo integral, junto con el pedido de dar esta información a las agencias de instancias donantes. Es imposible de incluir aquí todos estos documentos. Sin embargo, un resumen se agrega, y se pide a los representantes de agencias interesadas en recibir una copia de contactar a ENCOD para tener los detalles (dirección en página 2).

Colombia

 1. Proyecto de desarrollo: Caqueta: Futuro de Colombia, Tierra de Promision, por la Federación Campesina, Caquetá

 2. Análisis regional: Una mirada critica desde el Guaviare, por representante campesina, Guaviare

 3. Análisis regional: Carta de Federación de campesinos pequeños de Cauca (SINPEAGRIC)

 4. Proyecto de desarrollo para producir y comercializar plátano, de Sintragrim, Meta

 5. Proyecto de desarrollo para producir fruta, Putumayo,

 6. Proyecto de desarrollo para producir caña, Cauca

Perú

 1. Resumen de denuncias contra ENACO, por CONAPA,

 2. Acuerdos de grupos de trabajo, por CONAPA

 3. Análisis de la región de Monzon

 4. Análisis de la región de San Martin

 5. Análisis de la región de Tingo María

 6. Análisis de la región de Valle de Yanatile

 7. Análisis de la sitación de mujeres en las áreas productores de coca

 8. Análisis de la región de Valle de la Convencion

 9. Análisis de la región de Selva de Puno

 10. Análisis de la región de Uchiza

 11. Proyecto Revalorisación Hoja de Coca Hoja, Valle de la Convencion

 12. Declaración Frente de Mujeres para Comercialización de las hojas de coca

ANEXO

Resolución para una Política Coherente, Justa y Eficaz sobre la Producción de la Hoja de Coca

La Asamblea General de ONGs Europeas de Desarrollo, en su reunión en Bruselas los días 18 y 19 de abril de 1996,

* Revocando que el Plan de Acción de la Unión Europea para la Lucha contra las Drogas (COM (94)0234 – C4 – 0107/94) enfatiza la necesidad para la UE de prevenir la oferta de drogas de las regiones productoras como un complemento esencial a los esfuerzos para reducir las drogas dentro de sus fronteras (Artículo 48) y para emprender acciones conjuntas en la UE con respecto al problema de las drogas,
* Revocando que la UE y sus Estados Miembros, a través de las varias convenciones y tratados como el Tratado de la Unión Europea, Horizonte 2000, Agenda 21 y la Convención 169 de la OIT, se ha comprometido a llevar a cabo una política que promueve el desarrollo sostenible de los países en vías de desarrollo, su integración gradual en la economía mundial, la reducción de la pobreza, la consolidación de la democracia y el respeto para los derechos humanos y civiles, incluyendo los para los pueblos indígenas,
* Profundamente preocupados por el hecho de que la falta de coherencia entre algunos aspectos de la actual política de control de drogas, y las políticas de desarrollo y económicas llevadas a cabo por la UE y sus Estados Miembros en general está dañando tanto los objetivos de control de drogas como los de desarrollo,

Llama a la Comisión a establecer esta coherencia.

La Asamblea General,

* Reconociendo que la causa fundamental del cultivo de plantas usadas en la fabricación de drogas es la pobreza rural, la destrucción de otros sectores productivos y la falta de oportunidades para el desarrollo en general,
* Reconociendo que las estrategias oficiales para combatir las drogas parcialmente están dirigidas hacia la eliminación del cultivo relacionado a las drogas. Las operaciones para erradicar este cultivo, sobre todo cuando son llevadas a cabo con fuerza, han tenido muchos efectos colaterales indeseables y, a pesar de estas campañas, la producción de drogas continúa aumentando globalmente,

Llama a la Comisión a:

* dejar de apoyar el uso de medidas represivas (siguiendo la recomendación adoptada por el Parlamento Europeo en su sesión plenaria del 15 de junio de 1995)
* dejar de relacionar la cooperación al desarrollo en general con criterios del control de drogas y utilizar su posición de coordinadora para animar a los Estados Miembros de hacer lo mismo
* desarrollar criterios para la asistencia al control de drogas. Esto podría incluir pruebas que las autoridades están tomando pasos concretos para luchar contra la corrupción y no debe incluir el logro de objetivos de la erradicación,
* apoyar la involucración de organizaciones independientes especializadas en el desarrollo, los derechos humanos y el medio ambiente, en la observación del uso y los efectos colaterales de la asistencia al control de drogas,
* hacer uso de su posición dentro del Grupo de Dublín para expresar las preocupaciones europeas con el impacto de la política del gobierno de los EEUU con respecto al cultivo de la hoja de coca en los países andinos.

Además, la Asamblea General,

* Revocando que los proyectos de desarrollo alternativo en las zonas de cultivo ilícito, financiadas por la Comisión a través del Programa de las Naciones Unidas para el Control Internacional de las Drogas, ha tenido resultados decepcionantes. Estos proyectos han sido caracterizado a menudo por una participación insuficiente por parte de los grupos objetivo y frecuentemente, ha habido insuficiente reflexión sobre la comercialización de productos alternativos. Además, los proyectos han sido adversamente afectado por cambios en los precios internacionales (por ejemplo, para el café), causados por problemas que quedan fuera de su alcance,

Llama a la Comisión a:

* llevar a cabo estudios para identificar modelos de producción campesina que son ecológica- y económicamente sustentables en áreas donde tiene lugar el cultivo ilícito, particularmente proyectos destinados a garantizar la seguridad alimentaria y la producción para el mercado doméstico, en lugar de los mercados de la exportación,
* llevar a cabo y sistematizar las evaluaciones independientes de todos los proyectos de desarrollo alternativo ejecutados en colaboración con UNDCP e insistir en la involucración de la población beneficiaria en todas las fases de estos proyectos, en cumplimiento de los criterios para la línea presupuestaria B7 – 6210.

La Asamblea General,

Atenta a que la inclusión de la hoja de la coca en la Lista 1 de la Convención Unica sobre Estupefacientes de la ONU de 1961 ha torcido la realidad socio-económica y cultural de los campesinos andinos para quienes la coca tiene importancia cultural crucial. La inclusión de la hoja de la coca en la convención ha impedido la difusión de investigaciones serias que demuestran la inofensividad de la coca, así como ciertas propiedades terapéuticas y nutritivas. La confusión entre la coca y la cocaína ha impedido una solución a problemas asociados con las drogas. La inclusión en la Lista 1 ha sido un error histórico basado en argumentos torcidos, y la comercialización de derivados beneficiosos de la hoja de coca podría generar opciones de desarrollo importantes para las regiones productoras,

pide a la Comisión de:

* apoyar o llevar a cabo investigaciones sobre la forma en que el retiro de la hoja de la coca de la Lista 1 podría contribuir a un desarrollo sostenible en las regiones productoras y a la comercialisación de derivados beneficiosos de la coca en Europa.

La Asamblea General,

* Considerando que la política de la UE de conceder preferencias de comercio especiales (GSP) a los países andinos – aunque haya sido una medida positiva – no ha tenido el efecto deseado de reforzar el sector campesino. Los beneficios potenciales para los campesinos han sido neutralizados por las políticas económicas domésticas e internacionales que tienen un impacto adverso en este sector y la eliminación de mecanismos de crédito y comercialización entregados por el estado como parte de programas de privatización ha perjudicado aún más a las comunidades campesinas. Esto contribuye a un aumento en el cultivo ilícito, y la creciente liberalización del comercio global tiende a eliminar la ventaja que las preferencias ofrecen al sector campesino,

Pide urgentemente a la Comisión a:

* llevar a cabo y sistematizar estudios en la manera en que la cooperación al desarrollo puede permitir al sector campesino pequeño a hacer mejor uso de las oportunidades ofrecidas por las preferencias comerciales.
* apoyar proyectos e intervenciones en los países andinos que corresponden al esquema del ‘Comercio Justo’, dirigidos a ofrecer la posibilidad de cultivar y comercializar productos a un precio justo a un número creciente de campesinos.

Republish