En marzo de 2001, 25 socios de ENCOD de 8 países diferentes se reunieron en Bruselas y editaron las siguientes líneas básicas para políticas de drogas justas y eficaces en Europa.

I. INTRODUCCIÓN

Este año se celebra el 40 aniversario de la firma de la Convención Única sobre Estupefacientes de Naciones Unidas. Esta Convención sigue siendo la base legal de las políticas de muchos países, orientadas a eliminar el cultivo, la producción, el comercio y el consumo de drogas ilegales en todo el mundo. Todo indica que este esfuerzo ha sido un gran fracaso. Desde 1961, el consumo mundial de drogas y los problemas relacionados con el fenómeno se han multiplicado varias veces, y el aumento continúa. Se calcula que cada segundo se ganan más de 16.000 euros mediante la venta de drogas ilícitas. Las ganancias son masivas – los costos de producción no representan más que el 1% de esa cantidad.

Mientras tanto, los problemas creados por las políticas de control de drogas han resultado ser mucho mayores que aquellos que intentan resolver. Se ha documentado extensamente el inmenso daño que causa la prohibición de drogas a nivel global en la salud pública, en una economía saneada, el desarrollo sostenible y la seguridad de la comunidad, sin embargo, esto no ha sido suficientemente entendido por los políticos, los medios de comunicación de masas y, por consiguiente, el público general.

Elaborar y poner en marcha otras soluciones para la cuestión de las drogas puede ser uno de los desafíos más importantes del siglo XXI. O, como una de las agencias responsables del control de drogas de Reino Unido señala: “Si el problema continúa aumentando como hasta ahora, vamos a enfrentarnos con opciones aterradoras. O va a haber una reducción masiva de los derechos civiles, al intentar mantener y manejar el problema en la clandestinidad, o habrá que buscar soluciones radicales. La cuestión es: ¿puede un sistema de justicia criminal resolver este problema particular?” Comandante John Grieve, Unidad de Inteligencia Criminal, Scotland Yard, en Channel 4, 1997.

Dentro de Europa muchos países han empezado ya a experimentar con políticas domésticas que contradicen abiertamente la Convención Única de 1961 y sus sucesoras de 1971 y 1988, aún más restrictivas. El nuevo enfoque ya no se dirige a la eliminación del consumo de drogas, sino a la reducción del daño relacionado con el uso no regulado de las mismas.

Las políticas de reducción del daño han tenido consecuencias beneficiosas para la salud y la seguridad de los consumidores de drogas y para la sociedad en su conjunto. Los programas de intercambio de jeringuillas, el creciente acceso a tratamientos no basados en la abstinencia y los centros de acogida de fácil acceso han salvado la vida de muchas personas y mejorado su calidad de vida.

Sin embargo, estas políticas tienen sus límites. En el momento en que se llevan a cabo en un marco legislativo que prohíbe las drogas, este enfoque no puede ejecutarse de una manera coherente. A pesar de estas políticas, los productores y consumidores de drogas continúan operando en un medio ilegal. Mientras la imposición de la ley se mantenga en la base de las políticas de drogas, es probable que éstas aumenten los daños en lugar de reducirlos.

Por lo pronto, las políticas orientadas a reducir el cultivo de plantas ilegales en los países en desarrollo han resultado ser un derroche de recursos financieros sin producir resultados positivos para la población campesina involucrada. En efecto, en América del Sur, durante los últimos 9 años, la comunidad internacional ha invertido miles de millones de dólares en una estrategia de erradicación forzosa que sólo ha reducido la producción de hoja de coca un 2,98%.

Las consecuencias medioambientales de este enfoque han sido desastrosas. Sólo en Colombia, se han fumigado 200.000 hectáreas con herbicidas químicos en el período entre 1994 y 2001. A pesar de esto, el área cultivada con plantas ilícitas se ha multiplicado por cuatro (de 45.000 a 165.000 hectáreas). Colateralmente, se han plantado nuevas áreas en zonas vírgenes de la selva amazónica y en áreas montañosas, con el consiguiente aumento del daño medioambiental.

La necesidad de un debate abierto sobre este sistema es obvia. Y Europa, un lugar donde tradicionalmente se han integrado los valores humanitarios en el proceso político, puede desempeñar un rol importante en este proceso. En estos momentos existen unas condiciones excelentes para evaluar las diferentes estrategias llevadas a cabo en Europa, compararlas y extraer conclusiones sobre su efectividad. Sin embargo, las agencias oficiales creadas para este propósito no han conseguido hacerlo hasta ahora, probablemente debido a razones políticas.

De hecho, a lo largo de los últimos 40 años, la discusión pública sobre las drogas ha estado más dominada por las emociones y los juicios morales que por los hechos. Como resultado, las actuales políticas representan una amenaza para los grupos vulnerables, para el presupuesto público, la credibilidad e integridad de las autoridades y la libertad de la ciencia. Para cambiarlo, el debate sobre la política de drogas requiere un acercamiento racional.

El presente documento ha sido producido por los miembros europeos de la Coalición Internacional de ONG por una Política de Drogas Justa y Eficaz. Esta Coalición consiste en más de 100 organizaciones de ciudadanos/as que personal o profesionalmente están involucrados en el fenómeno de las drogas. Muchos de nosotros sufrimos las consecuencias de las políticas de drogas actuales. Compartimos la convicción de que las políticas de drogas deben dirigirse a proporcionar dignidad a todos aquellos privados de ella, basándose en el sentido común y la humanidad.

En este documento presentamos nuestras sugerencias a los responsables de diseñar las políticas y a todas aquellas personas interesadas en el tema de las drogas. En primer lugar, describimos los objetivos que las políticas de drogas deberían tener para ser justas y eficaces. Después, explicamos por qué es inadecuada la manera como se evalúan las políticas de drogas actualmente, una de las posibles razones por las que no se han cambiado todavía. A continuación, proponemos una serie de indicadores que deberían usarse al evaluar las políticas de drogas. Y, finalmente, proponemos varios pasos concretos a ser tomados en cuenta para mejorar la situación.

Invitamos a cualquiera que lea esto a tomar contacto con nosotros para explorar maneras de avanzar juntos en este proceso. En las páginas finales podrán encontrar nuestros datos de contacto.

II. OBJETIVOS DE POLÍTICAS DE DROGAS JUSTAS Y EFICACES

El objetivo de las actuales políticas de drogas es eliminar o reducir la producción y el consumo de drogas de manera significativa. Todas las pruebas muestran que, tras cuarenta años de “guerra a las drogas”, las autoridades no han logrado esta meta, y que los ciudadanos de muchos países han pagado un precio muy alto. Con la prohibición, se criminaliza y marginaliza a los consumidores y productores de drogas, y sus vidas y su bienestar se ven amenazados.

Las drogas y plantas ilegales, tal como están consideradas por la política actual, no incluyen todas las substancias psicoactivas y adictivas que existen en este planeta, sino sólo un cierto número de ellas, seleccionadas por motivos culturales e históricos, no con el conocimiento científico como base.

Como ciudadanos de diferentes profesiones y confesiones religiosas, creemos que una sociedad libre de drogas sólo sería posible si deseáramos violar los derechos humanos a gran escala, tal como ocurre diariamente en países donde se aplica la pena de muerte, torturas y condenas sumamente largas a productores, vendedores y consumidores de drogas. Incluso a ese precio, nunca habrá una sociedad totalmente libre de drogas. El hecho de que entren drogas en las prisiones, en las que se encierra a personas por haber violado leyes sobre drogas, es un ejemplo absurdo del fracaso a nivel mundial de las políticas vigentes.

Las actuales políticas de drogas no contribuyen a mantener la paz social o la seguridad, en cambio provocan una constante alarma social que mantiene a los ciudadanos en estado de inseguridad e indecisión. Al mismo tiempo, empujan a los consumidores a comportamientos antisociales y a acciones delictivas reales para satisfacer sus necesidades en los mercados negros del mundo. De ahí que generen deterioro social, haciendo de las leyes prohibicionistas una profecía que se cumple por sí misma.

Este el motivo por el que creemos que el ethos de cualquier política de drogas debe aceptar que las drogas están aquí para quedarse. El consumo de drogas es un hecho. Nuestro trabajo debe ser reducir daños mayores provocados por su uso desinformado y desenfrenado, y obtener los mejores beneficios de su uso responsable. Una vez aceptemos que éstos son nuestros principales objetivos, necesitamos ajustar las políticas a esas metas.

La aplicación de la ley forma parte de cualquier política de drogas eficaz. Es preciso dar una regulación legal a las substancias psicoactivas, pues su consumo trae consigo riesgos sustanciales (en una escala de intensidad creciente), así como algunos beneficios. La regulación debe facilitar modelos responsables de consumo, producción y comercio de drogas. Bajo la prohibición es realmente imposible regular cualquiera de ellos.

No proponemos un sistema específico para la regulación legal, porque pensamos que pueden concebirse diferentes sistemas que funcionarían mejor que la prohibición. El problema es recobrar la autoridad nacional para crear un sistema que no sólo encaje en las relaciones internacionales, sino también en la cultura y la historia nacional.

Las metas de una política de drogas justa y eficaz deberían abordar los siguientes temas:

A. Promoción de la salud pública. Esto incluye:

1. Regulación adecuada de las condiciones del mercado, incluyendo métodos y puntos de distribución, edad de compra, control del precio a través de impuestos, etc.

2. Control de calidad desde la producción a la distribución.

3. Información exacta para cada persona interesada, sea joven o adulta.

4. Promoción del bienestar de los consumidores de droga, incluyendo medidas para prevenir el SIDA/VIH, la hepatitis C y otras enfermedades de transmisión sanguínea, acceso a todo tipo de tratamientos, etc.

5. Intervención médica limitada en principio a la asistencia voluntaria.
En un sistema de control de calidad y protección de la juventud que funcione bien, no es necesaria ninguna ley especial para las drogas. La evidencia muestra que la gran mayoría de consumidores de substancias psicoactivas puede aprender a controlar su uso, y que incluso algunos usuarios problemáticos consiguen con el tiempo moderar su consumo, con o sin tratamiento.

B. Protección de los derechos humanos y la seguridad de la comunidad. Esto incluye:

1. Protección de todos los derechos humanos y estímulo de actitudes responsables en lo referente a la producción o consumo de substancias psicoactivas. Esto significa la no discriminación basada en el consumo, no-consumo o posesión de ciertas substancias, y garantías para que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho a participar en el diseño de políticas y programas que los conciernen.

2. Relaciones sostenibles entre productores y consumidores de drogas, sin la intervención de intermediarios poco escrupulosos.

3. Reducción de delitos relacionados con las drogas mediante el control del precio. Amnistía y compensación de daños a todos los infractores no-violentos que han violado otras leyes para conseguir dinero para comprar drogas.

4. Protección de los derechos del consumidor (precios razonables, niveles aceptables de calidad, información sobre los productos).

5. Protección de los derechos del productor (precios razonables, condiciones sostenibles para la producción, mecanismos de comercio justo).

6. Protección de grupos vulnerables a través del control de la venta y el precio.

Cada sociedad debe tener derecho a encontrar su propio camino hacia una política de drogas justa y compasiva, porque lo que funciona en una sociedad no necesariamente tiene que funcionar en otra. Sin embargo, todas las políticas de drogas deben basarse en el respeto a los derechos humanos básicos tal como ha sido determinado en los acuerdos internacionales. Ninguna política de drogas puede aplicarse a costa de los derechos humanos.

La regulación del mercado de substancias que son actualmente ilícitas producirá, indudablemente, efectos no deseados. Por ejemplo, es probable que provoque una disminución de las áreas necesarias para el cultivo de plantas ilícitas, lo que pondría en riesgo la fuente de ingreso de una gran parte de la población actual involucrada en este cultivo. Por lo tanto, es imprescindible que la política de drogas se lleve a cabo en el marco de una política (macro) económica y social que facilite el desarrollo sostenible y contrarreste de la exclusión de individuos y sectores de la población.

III. POR QUÉ LA EVALUACIÓN ACTUAL DE POLÍTICAS DE DROGAS ES INADECUADA

Las actuales políticas de drogas en el área geográfica europea tienen como objetivos básicos la reducción de la demanda y la oferta de drogas para proteger la salud pública y aumentar la seguridad de la comunidad. Al evaluar las políticas de drogas, deberíamos observar cómo abordamos los problemas en estos dos campos. Las conclusiones de esta evaluación deberían, entonces, permitir mejoras en el proceso de toma de decisiones, aumentando la efectividad de los programas futuros.

El sistema de evaluación actual de las políticas de drogas en Europa no mide el coste/eficacia de las políticas actuales. También ignora o minimiza los efectos negativos en la salud pública y la seguridad de la comunidad. Al mismo tiempo, es evidente que el exagerado énfasis en la imposición de la ley para reducir la demanda y la oferta causa problemas en estas dos áreas.

Las políticas vigentes provocan situaciones peligrosas para el consumo de drogas.

Al ser ilegales las drogas, las condiciones de vida y los patrones de consumo de los usuarios empeoran. La falta de control sobre la composición y la calidad de las drogas genera problemas de salud – expansión del VIH, hepatitis, etc.–. Además, el status ilegal de las drogas impone limitaciones al desarrollo de programas de reducción del daño en programas de substitución, en estrategias de acercamiento, en contextos específicos como las prisiones y/o en programas de prevención.

Las políticas de drogas también causan daños a la seguridad de la comunidad y llevan a violaciones de derechos humanos.

La falta de regulación del mercado de drogas lleva a delitos contra la propiedad, asignación desproporcionada de recursos al sistema de justicia criminal, violencia, malestar público, etc. Las leyes prohibicionistas afectan directamente la libertad del ciudadano y violan los derechos humanos de centenares de millones de personas en todo el mundo. Sirven para justificar una posición moral que afecta la libre expresión del individuo, su libertad de movimiento, dignidad y una vida normal. Mientras tanto, estas leyes favorecen la distorsión del curso de la justicia, la corrupción a muchos niveles, la manipulación de políticas y la explotación de seres humanos.

Los evaluadores de las políticas de drogas actuales no tienen en cuenta estos efectos. Tienden a mirar el efecto de las políticas de reducción de la demanda o de la oferta y hacen un análisis fragmentado del ciclo: políticas – objetivos – resultados, sin relacionar problemas específicos con la aplicación de estrategias de control.

Por ejemplo, en su Informe Anual del 2000, la agencia a cargo de evaluar las políticas de drogas en Europa, el Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías (OEDT), define el fenómeno del consumo problemático de drogas como “el consumo por vía intravenosa o habitual/a largo plazo de opiáceos, cocaína y/o anfetaminas”. Esta definición muestra que las evaluaciones no buscan identificar problemas, sino “conductas desviadas”. El consumo de drogas durante un periodo de tiempo largo o la vía de administración, por sí mismos, no dicen nada sobre la calidad de vida de los involucrados.

Además, el Observatorio ha hecho muy poco por comparar los resultados de las diferentes políticas locales y/o nacionales que se llevan a cabo en Europa. Por consiguiente, se pierde la oportunidad de adaptar estrategias de intervención exitosas de un país a otro y la importancia de los debates nacionales sobre políticas de drogas es limitada.

IV. CÓMO EVALUAR LA EFECTIVIDAD DE POLÍTICAS DE DROGAS

Para ser eficaces, las políticas necesitan en primer lugar un objetivo claro. Una vez acordado el objetivo de la política, pueden desarrollarse los indicadores. Así, con estos indicadores podemos medir la efectividad de la política.

La efectividad de una política dirigida a lograr una sociedad libre de drogas, por ejemplo, puede medirse por el predominio del consumo de drogas entre la población. Pero si se adoptaran nuestras propuestas para las políticas de drogas, éstas deberían ser evaluadas de una manera diferente. Para aquellas políticas que aceptan las drogas como parte de la vida pero intentan reducir el daño relacionado con ellas, el predominio del consumo de drogas, como tal, tiene una importancia menor. Es más pertinente medir la efectividad de esas políticas usando los siguientes indicadores:

Proporción de “consumo problemático” entre la totalidad del consumo.

Con este importante indicador sabemos en qué medida las drogas y sus consumidores están integrados en la sociedad. La clave aquí está en definir el término “consumo problemático”. Desde nuestro punto de vista, el consumo de drogas es problemático cuando constituye un factor importante en reducir la calidad de vida de los consumidores y/o las comunidades en que viven. La ilegalidad y, por consiguiente, la exclusión de la sociedad, aumentan significativamente los problemas para los consumidores y sus comunidades. En una situación en que las drogas fueran legales, muchos de estos problemas desaparecerían. Pero algunos seguirán existiendo, y es importante asegurar que permanezcan en una proporción comparativamente baja respecto al fenómeno global del consumo de drogas.

Proporción calidad/precio de las substancias.

Es tarea del gobierno asegurar los derechos del consumidor y poner en marcha controles de calidad de los productos dirigidos al consumo humano. La causa de muchos de los problemas atribuidos normalmente al consumo de drogas es, en realidad, el alto precio de las sustancias. En nuestra opinión, es más fácil lograrlo con una política que acepta que el consumo de drogas es un elemento inevitable de la sociedad moderna. Cuanto mejor es la proporción (buena calidad a un precio razonable), mejor es la política. Esto reduciría considerablemente muchos problemas, como los delitos contra la propiedad relacionados con las drogas, la prostitución, el consumo con riesgo de substancias adulteradas, etc.

Integración de consumidores de drogas en la sociedad.

La política de drogas puede reducir daños promoviendo la integración de los consumidores de drogas en la sociedad. Pueden usarse varios indicadores aquí, como: situación financiera de los consumidores; tasa de desempleo entre ellos; falta de vivienda; tratamiento forzoso y encarcelamiento de consumidores; percepción del consumo de drogas entre la población general; etc.

Transformación de condiciones de vida en las áreas productoras.

La política de drogas debe promover la creación de condiciones medioambientales y económicas adecuadas para la producción y el comercio de drogas. Debe complementarse con una política de desarrollo en las áreas de cultivo de plantas ilícitas. Pueden usarse varios indicadores aquí, como el ingreso per cápita; la integración en la economía de mercado local, nacional o internacional; la existencia de condiciones básicas que garanticen una producción sostenible; etc.

Participación de los ciudadanos en el diseño y aplicación de las políticas de drogas.

Cuanto mayor sea el grado de aceptación de las políticas de drogas entre aquellos directamente involucrados (consumidores y productores), mejor. Por consiguiente, es preciso diseñar y aplicar la política de drogas con ellos, no sin ni contra ellos. Un indicador concreto debe ser la existencia de órganos políticos responsables de las políticas de drogas en los que productores y consumidores sean miembros plenos. Otro debe ser la existencia de cláusulas especiales sobre derechos humanos en la legislación y las políticas de ejecución de la ley sobre drogas.

V. PASOS FUTUROS

Hace cuarenta años, cuando el primero de los tres tratados de Naciones Unidas sobre drogas entró en vigor, el fenómeno de las drogas era un problema de conciencia y comportamiento individual, cuya importancia para la sociedad era relativamente menor. Desde entonces se ha convertido en un problema social catastrófico (creciendo en alcance y dimensión) con políticas cada vez más erradas.

Parece inevitable un cambio en el enfoque de los actuales tratados internacionales sobre drogas, si no aboliéndolos todos, al menos otorgando a los Estados signatarios el derecho a experimentar con nuevas soluciones, y a ejercer su libertad de elección entre las diferentes alternativas.

Por ello está claro que el discurso y la ideología dominante de las convenciones actuales en materia de drogas se revelan cada vez más como obstáculos para el desarrollo de nuevas prácticas y políticas necesarias para enfrentar los problemas relacionados con las drogas. Es necesario, por tanto, someter a una evaluación y revisión las premisas que subyacen en los tratados y los resultados obtenidos a través de ellos.

Finalmente, existen también pasos concretos que las autoridades y los políticos europeos pueden adoptar para mejorar la situación bajo las circunstancias presentes:

 Llevar a cabo una evaluación independiente basada en una reconsideración de las prioridades de las políticas de drogas. Esta evaluación debería englobar todas las fases de la cadena (producción, tráfico y consumo de drogas), y medir los efectos de las políticas actuales sobre la salud pública, derechos humanos y civiles, seguridad de la comunidad, medioambiente, etc.

 Establecer un diálogo consistente, regular y significativo con las ONG y asociaciones de ciudadanos que trabajan en el ámbito de la producción y el consumo de drogas.

 Compartir la información entre regiones y países con objeto de intercambiar experiencias en prácticas positivas.

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