Los Clubes Sociales del Cannabis en España: Una brecha en el muro de la Prohibición.

Martín Barriuso. Presidente de la Federación de Asociaciones Cannábicas (FAC)

La experiencia de los Clubes Sociales de Cannabis en España arranca en 1993. Fue entonces cuando la asociación ARSEC, de Barcelona, envía una carta al fiscal anti-droga de Catalunya, en la que plantea que, puesto que ya en 1974 (en plena dictadura de Franco) el Tribunal Supremo decidió que el simple uso de drogas no es un delito, tampoco debería serlo el cultivar para cubrir el consumo personal. El fiscal reconoció entonces que el cultivo de marihuana en cantidad que no supere el consumo normal debería ser considerado como no delictivo, pero que no se atrevía a pronunciarse “a falta de hechos concretos”.

Los miembros de ARSEC le dieron de inmediato al fiscal “hechos concretos”. Para ello alquilaron un campo en el que unos 100 miembros de la asociación cultivaron 200 plantas para su propio uso. El terreno se señalizó con carteles y se dio noticia de ella al fiscal y a los medios de comunicación. Tras la intervención de la Guardia Civil, la Audiencia Provincial de Tarragona archivó el caso, al entender que no había delito. Sin embargo, la fiscalía de la Audiencia recurrió y el caso llegó al Supremo.

Mientras el caso ARSEC se resolvía, nació la Coordinadora Estatal por la Normalización del Cannabis, formada por asociaciones “de estudio del cannabis”, ya que no se permitía la denominación “de consumidores de cannabis”. La primera campaña promovida por la Coordinadora (“Contra la Prohibición, me planto”) consistió en llevar a cabo plantaciones colectivas como la de ARSEC.

Sin embargo, solo un grupo llevó a cabo la plantación: La asociación Kalamudia, con sede en Bilbao y de la que yo era presidente. Tras alquilar un terreno discreto, casi 200 personas plantamos más de 600 plantas de marihuana con presencia de prensa escrita, radio y televisión. Entre los cultivadores había mucha gente conocida en el País Vasco: Algunos políticos, sindicalistas, periodistas, músicos, escritores, etc., además de varios usuarios terapéuticos.

Lo y las participantes firmaron una declaración reconociendo ser usuarias de cannabis y comprometiéndose a destinar el producto de la cosecha a su uso personal. A fin de que la plantación fuera transparente económicamente, se abrió una cuenta bancaria en la que cada miembro ingresó su aportación a los gastos del cultivo. Tras una breve declaración en el juzgado, el caso acabó por archivarse. El juez entendía que no había delito y la fiscalía anti-droga prefirió no recurrir, de forma que la plantación se recogió sin problemas, en un acto histórico en presencia de los medios.

Sin embargo, a los pocos meses el Supremo dictaba sentencia en el caso ARSEC. En una sentencia de claro tinte político y que contradecía su propia jurisprudencia, el Supremo condenó a cuatro miembros de la Junta Directiva de ARSEC a cuatro meses de cárcel (en España, la primera condena, si es de menos de dos años se deja en suspenso) y a una multa de 3.000 € cada uno. Esto sucedía a finales de 1997.

Sin embargo, en Kalamudia decidimos volver a intentarlo. Y así lo hicimos en sendas plantaciones públicas realizadas en 1999 y 2000. En ambos casos, la fiscalía no se molestó en presentar acusación alguna y la cosecha se recogió sin contratiempos.

Mientras tanto, Juan Muñoz y Susana Soto, del Instituto Andaluz de Criminología, elaboraron un dictamen jurídico en el que, tras analizar las sentencias del Tribunal Supremo sobre el llamado “consumo compartido”, llegaron a la conclusión de que en España se podrían abrir establecimientos donde producir cannabis u otras plantas para el propio uso, siempre que cumplieran varias condiciones: 1. Que fuera un grupo concreto y determinado de personas; 2. que fueran mayores de edad y previamente consumidoras; 3. que la sustancia obtenida se destinara al uso personal de los miembros; y 4. que no hubiera beneficio económico.

Este fue el punto de partida de los clubes propiamente dichos. Como ya se podía usar la fórmula “asociación de usuarios”, las personas que querían ingresar firmaban la declaración correspondiente. El funcionamiento era similar a Kalamudia: Circuito cerrado y gastos compartidos. Así surgieron hasta 5 clubes en el País Vasco. Algunos llegaron a tener su propio jardinero, contratado por la asociación. Hasta que, por una casualidad, cuatro miembros de mi propio club, la asociación Pannagh, incluido yo mismo, fuimos detenidos por la Policía Local de Bilbao mientras recogíamos la cosecha 2005.

Nuestra detención tuvo un gran impacto. Más aún lo tuvo el anuncio del archivo de la causa en julio de 2006 por la Audiencia Provincial de Bizkaia, que no fue recurrido, y que se basaba en el informe de Muñoz y Soto. El tribunal llegó a ordenar por dos veces que se nos devolvieran las plantas incautadas, decisión que actualmente se halla recurrida.

A partir de ahí, unos 15 nuevos clubes se han formado en distintos lugares de España. Todos aplicamos el mismo modelo legal y esperamos poner en marcha una nueva edición de la campaña “Me planto” en el 10º aniversario de la primera. También ha surgido un club en Bélgica, “Trekt Uw Plant”, que actualmente está a la espera de la decisión de los tribunales tras la breve detención de sus miembros. Y la coalición europea ENCOD (encod.org) está promoviendo la creación de clubes de este tipo en los países europeos donde el consumo está despenalizado. ¿Será el Cannabis Social Club una alternativa al modelo prohibicionista? El tiempo lo dirá, pero lo que está claro es que es necesario asumir ciertos riesgos para debilitar la Prohibición. Así que ahora esperamos que más gente se meta por la brecha abierta y nos ayude a ensancharla. El cambio está en nuestra mano.

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