Las Convenciones de la ONU no incluyen la obligación para reprimir el consumo privado y el cultivo para uso personal de cannabis. Por ello, los países firmantes pueden despenalizar el consumo y regular el cultivo para uso personal sin temer a sanciones internacionales. Estas medidas constituyen el fundamento de una política racional, pero son insuficientes. El cultivo para uso personal no puede cubrir la enorme demanda. No contiene automáticamente las garantías protectoras contra todos los riesgos de salud o contra la diversión al mercado negro. Para minimizar estos riesgos se requiere un sistema más avanzado de producción y distribución.
Los parlamentos y gobiernos europeos todavía rechazan la idea de regular el cultivo y la venta de cannabis. Un sistema comercial estaría considerado en violación con las convenciones, facilitando la exportación y el turismo de drogas, incrementando la disponibilidad y por ello el consumo de cannabis entre los jóvenes. Las tiendas canábicas de Suiza o los coffeeshops de Holanda estarían consideradas como demasiado visibles, demasiado incitativas. Sería demasiado fácil para oponentes de criticar este sistema por ser demasiado tolerante, enviar un mal señal, el cannabis en el mercado libre… Una solución más racional sería la colectivización del uso personal. Asociaciones sin fines de lucro juntarían consumidores que no quisieran cultivar ellos mismos.
ENCOD, una red europea con más de 150 asociaciones que intervienen en el area de las drogas, está desarrollando un modelo no-comercial de producción y distribución para adultos, llamado el Cannabis Social Club (CSC). Los CSC son asociaciones sin fines de lucro que organizan el cultivo profesional de un monto de cannabis muy limitado que sería suficiente para satisfacer las necesidades personales de los socios del club. El cultivo, el transporte, la distribución y el consumo tendrán lugar bajo control de seguridad y calidad, sin ninguna publicidad. Los socios de la asociación garantizan el equilibrio financiero del sistema a través del pago de cuotas de acuerdo a sus necesidades. Cada socio recibe una carta de crédito con montos maximales por cada mes o año. No se permitiría ningún comercio de cannabis. Los socios se comprometerían de no vender cannabis ni animar a personas terceras a consumir, sobre todo a menores.
Estos círculos privados de consumidores serán capaces de ofrecer a sus socios un espacio donde se permite el consumo de cannabis, y por otro lado instalar una separación estricta de mercados de drogas, una política activa contra el conducir bajo influencia y de apoyo a consumidores problemáticos a fines de dirigirles a programas de prevención y tratamiento. La asociación debería mantener una administración muy estricta: la venta y el consumo de alcohol no estarían permitidos, habría una obligación para proveer vaporizadores, deberían llevar a cabo campañas de prevención contra el tabaco y otros problemas de salud como el uso multiple de drogas, conducir bajo influencia y la violencia. Las autoridades pueden reducir el número de círculos y zones de implantación en función de mantener el órden p[ublico. El caracter no-comercial y los montos limitados asegurarán que el responable o sus empleados no promocionan el consumo.
Se pueden emplear métodos mejorados para cultivar cannabis que respetan la salud pública y el medio ambiente. El mercado negro disminuirá, así como también los problemas relacionados con él: incremento del contenido de THC, adulteración, precios altos, violencia, venmta a menores, molestias públicas en escenas abiertas etc. Las autoridades pueden establecer un marco realístico para controlar los CSC durante el proceso entero de cultivo a consumo. Los CSC pueden generar empleos y compras de montos considerables de bienes y servicios que estarán sujetos a impuestos. Para muchos consumidores, este sistema rápidamente probará ser una alternativa al mercado negro.