BOLETIN ENCOD BULLETIN SOBRE POLÍTICAS DE DROGAS EN EUROPA

ENERO DE 2016

El camino rocoso hacia la regulación del cannabis en España

En los últimos 4 meses, el Tribunal Supremo del Estado Español ha condenado a 3 asociaciones de consumidores de cannabis por supuesta violación a la salud pública. En la sentencia el Tribunal concluye que el cultivo y la distribución organizada en las asociaciones Ebers y Pannagh (Bilbao) y Three Monkeys (Barcelona) no encajan en el supuesto de cultivo compartido no punible, el que hasta ahora se había considerado por muchos tribunales locales españoles como un argumento para absolver a estas asociaciones.

Especialmente la sentencia a Pannagh es un golpe al movimiento cannábico español. Fue justamente la primera absolución de esta asociación, por la Audiencia Provincial de Bizcaya en abril de 2007 que dió un empujón para los colectivos de usuarios/as de cannabis en España en su búsqueda de una manera para desarrollar sus actividades dentro del marco legal. Dio lugar a la creación de centenares de asociaciones en toda España pero especialmente en Cataluña y Euskadi, donde se podía cultivar y distribuir cannabis bajo los ojos de las autoridades. Sin embargo, la ausencia de un marco legal para regular la situación siguió siendo una espada de Damocles. Pannagh sufrió una nueva intervención policial en noviembre de 2011 en la que se confiscaron 75 kilos de cannabis, la cosecha anual para sus 300 socios. Cuatro años después el Tribunal Supremo ha condenado a 1 año y 8 meses de prisión y 250.000 euros en multa cada uno al presidente de Pannagh, Martín Barriuso, y a la secretaria. Si esta sentencia no se revoca, la seguridad jurídica de los consumidores de cannabis españoles volverá al nivel del siglo pasado.

En 2016, España cumple el 50mo aniversario de legislación prohibicionista, que comenzó con la ratificación, el 3 de septiembre de 1966, de la Convención Única de Estupefacientes de la ONU de 1961. Sin embargo, a diferencia de otros países, el Tribunal Supremo español ya decidió, allá por 1974, que el simple consumo y, por tanto, la tenencia destinada a dicho uso, no debían castigarse por vía penal. En coherencia con aquella despenalización inicial del consumo y de la tenencia no destinada al tráfico, el Supremo decidió también que el llamado consumo compartido o autoconsumo colectivo no es un delito ni lo es el hecho de proporcionar una droga a algún consumidor habitual si se hace con fines compasivos, como el de aliviar su síndrome de abstinencia.

En 2001 los juristas Susana Soto y Juan Muñoz, a petición del Comisionado para la Droga de la Junta de Andalucía, elaboraron un informe en el establecían una serie de criterios conforme a los cuales sería posible poner en marcha establecimientos en los que se podría obtener cannabis con fines tanto lúdicos como terapéuticos respetando el marco legal. “Estas iniciativas tendrían cabida en nuestro ordenamiento jurídico si se configuraran como centros no abiertos a un público indiscriminado, sino de acceso restringido a consumidores de cannabis.”

El informe jurídico de Soto y Muñoz facilitó una interpretación según la que las personas que consumen cannabis pueden utilizar su derecho constitucional de asociarse para organizar el cultivo necesario para autosostenerse sin tener que recurrir al mercado ilícito. La asociación arrienda un terreno a su nombre y allí cultiva para los socios que lo deseen, en función de sus respectivas previsiones de consumo, para evitar que exista sobreproducción. Se suman los gastos generados por la plantación (alquileres, equipos, viajes, administración etc.) y se dividen por el total de la cosecha, de manera que la cuota a pagar por cada participante (calculada en euros/gramo) cubra los gastos de forma proporcional al consumo de cada cual.

Las asociaciones de cannabis no están destinadas a vender cannabis, simplemente porque no poseen las plantas, sino cultivan lo que sigue siendo la propiedad de los socios. No están destinadas a hacer lucro, pero a proveer un servicio a sus socios independientemente del tamaño de la cosecha. Lo que vale son los beneficios gozados por los socios: se acabó la incertidumbre acerca de la calidad y posible adulteración del producto, la asociación puede servir como punto confiable de asesoramiento e intercambio de información, y como un modelo transparente para la provisión de cannabis, un primer paso a una verdadera normalización.

Debido a la ausencia de iniciativas políticas nacionales para crear un marco legal para regular el modelo, las nuevas asociaciones pronto empezaron a hacer su propia interpretación del código de conducta original desarrollado por Pannagh y otros activistas pioneros. Al márgen del modelo de distribución sin fines de lucro algunas personas no pudieron resistir la tentación de remplazar la transparencia y la responsabilidad por estrategias comerciales a fin de obtener ganancias rápidas de lo que se concibía como un nuevo mercado legal de cannabis. En muchos casos, las asociaciones llegaron a ser clubes y los socios llegaron a ser clientes. En ciudades como Barcelona o San Sebastián, políticos locales empezaron a diseñar marcos regulatorios para la operación de los clubes sin la aprobación del gobierno central en Madrid. Inversores de todo el mundo llegaron para ‘comprar un club de cannabis’, atraídos por sitios web con textos promocionales tales como: “desde la apertura de una nueva generación de clubes de cannabis y la aparición de un cliente mucho más exigente, Barcelona ha hecho pasos por delante de los coffee-shops en Amsterdam. Actualmente, algunos clubes en Barcelona no tienen nada que envidiar a los dispensatorios de Colorado y California.”

Mientras que para los socios de Pannagh, formar un “Club Social de Cannabis” era un acto necesario de desobediencia civil, destinado para desafiar a la ley y provocar el debate en la sociedad sobre la urgente necesidad de cambio, para la nueva generación parecía más una inversión económica que otra cosa. Consecuentemente el movimiento de activistas cannábicos españoles, un pequeño grupo de personas que luchó por más de 10 años para obtener este avance remarcable, sufrió una escalada de conflictos sobre la estrategia a llevar.

Ahora, la espada de Damocles no ha caído sólo sobre Pannagh. El verdicto del Tribunal Supremo, inspirado por una última convulsión de la España conservadora que intenta parar el proceso hacia una regulación del cannabis, probablemente tendrá consecuencias drásticas a corto plazo, puesto que muchos clubes se verán forzados a cerrar para evitar enjuiciamiento.

Mientras tanto, todos saben que a largo plazo, los poderes centrales en Madrid no pueden permitirse mantener una prohibición total tan altamente impopular sobre el cannabis, entre otros por la munición que ello puede dar al deseo de mayor autonomía regional. Un verdadero paso adelante en todo el país en la forma de una nueva ley es inevitable, aunque parece poco probable que ello suceda pronto, debido a la complicada situación política que surgió en España luego de las elecciones generales del 20 de diciembre.

Por ello es crucial que se revoque la sentencia sobre Pannagh, y que la asociación reciba todo el apoyo que necesita para implementar por completo todos los recursos posibles para obtener justicia, sin tener que enfrentar una pesadilla financiera.

El caso tambien tendrá significado para el debate en Europa. Tras la primera operación policial contra la plantación colectiva de Pannagh, en 2005, el eurodiputado italiano Giusto Catania presentó la siguiente pregunta a la Comisión Europea:

Si la legislación española permite que se legalice una asociación de personas usuarias de cannabis, y si existe la posibilidad de cultivar dicha planta, siempre que se haga sin fines comerciales, ¿porqué luego se interviene por vía penal contra una asociación legalmente constituida que cultiva para su propio uso? ¿No es una incoherencia que atenta contra el principio de seguridad jurídica y el derecho de asociación?

La respuesta de la Comisión a Catania fue muy clara: A la Unión Europea no le corresponde la regulación de las conductas relacionadas con la tenencia y el consumo. Los estados miembros, en tanto que firmantes de las convenciones de las Naciones Unidas sobre drogas, deben remitirse a las mismas y perseguir en su legislación lo que tenga que ver con la distribución comercial de drogas ilícitas. Pero esta obligación desaparece en el caso del autocultivo, ya que está excluído del alcance de la Decisión Marco del Consejo Europeo. El cultivo de cannabis para consumo personal está definido por las leyes nacionales”. Una margen similar existe en la Convención Unica de Estupefacientes de la ONU.

Por lo tanto, el gobierno español, como el de cualquier otro pais, tiene la competencia de elaborar una regulación administrativa propia en la que se establezcan las condiciones en que se puede llevar a cabo la producción individual o colectiva de cannabis, determinando el número máximo de plantas que cada uno puede tener, sin vulnerar con ello la legislación internacional.

En los próximos días se espera que Pannagh anunciará sus planes para apelar la sentencia, por ejemplo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo. El seguimiento concierne a todos los que luchan en todo el mundo para una regulación que permitiría acabar con la actual inseguridad jurídica en torno al cultivo de plantas para el consumo personal. En cualquier estado que se considera civilizado las personas adultas deberían tener el derecho (bajo ciertas condiciones tales como un número máximo de plantas o área equivalente para cultivo interior y exterior) a cultivar cualquier planta para su consumo individual y compartir con otros.

Todos somos Pannagh!

Por Joep Oomen

NOTICIAS DEL SECRETARIADO

El apelo a apoyar a la Brigada de Paz a la UNGASS ha resultado en un total de 3.500 euros hasta el momento. Expresamos nuestro agradecimiento a todos los donantes y hemos decidido de continuar el apelo hasta el 31 de enero de 2016. Los planes para el evento serán reducidos, pero continuarán.

Si no pueden apoyar con dinero, también pueden participar enviando la carta de Encod solicitando a parlamentarios de organizar un debate verdadero sobre las políticas de drogas en su país.

El 22 de enero de 2016, en Amberes (Bélgica) Encod organizará, en cooperación con la Federación Latinoamericana un debate sobre las lecciones que Europa puede aprender de Latinoamérica en política de drogas, con la participación de representantes de las Embajadas de Uruguay y México. La entrada es gratuita, los idiomas serán español y neerlandés. Están todos los bienvenidos!

Encod le desea un Año Nuevo lleno de paz y buena salud!

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