EL BOLETIN DE ENCOD SOBRE POLITICAS DE DROGAS EN EUROPA

NR. 45 NOVIEMBRE DE 2008

EL DERECHO A LA SALUD

Mientras los que pueden están empezando a disfrutar de los frutos de su última cosecha, a otros se les sigue denegando incluso el derecho a acceder a lo que para ellos es una fuente esencial de bienestar.

La criminalización de plantas cuyo valor terapéutico está reconocido, está causando las más extremas contradicciones entre leyes, su interpretación, la realidad y el derecho a la salud. Este problema se extiende a toda Europa, donde un ciudadano no puede usar una planta para su propio bienestar personal, si de hecho dicha planta está incluida entre aquellas declaradas ilegales (“controladas”) por las Convenciones Internacionales. Por el contrario, esta persona se arriesga a ser considerada como un criminal.

Mientras en Sri-Lanka el Ministerio de Medicina Indígena se está preparando para cultivar 4.000 kg de cannabis medicinal, la Unión Europea aprueba fondos especiales para el cultivo intensivo de tabaco, que, una vez en el mercado, después de su tratamiento industrial, matará a millones de personas, pero, por supuesto, garantiza saludables beneficios para las Compañías y los Gobiernos.

En Italia, a pesar del clima represivo y nada científico del Gobierno actual en la cuestión de las drogas, en muchas ciudades se siguen celebrando fiestas de la cosecha. La deplorable ignorancia del Gobierno se ilustra muy bien con las declaraciones de Giovanardi, el subsecretario de la Presidencia, con mandato especial en política de drogas, quien recientemente confirmó que “todas las drogas son iguales” y que “incluso un solo consumo podría ‘quemar’ el cerebro del usuario” (disfruta el anuncio).

En contraste, las fiestas de la cosecha intentan que no se pierda lo que en años pasados representaba una posibilidad de llevar a la práctica, y se reclama lo que debería ser un derecho básico de cualquier ciudadano: cultivar para su uso particular una planta, que forma parte de la herencia botánica del planeta. En algunas ciudades, siguiendo una tradición que cuenta con muchos años, se dona parte de la cosecha a los pacientes.

El caso de uno de ellos, Fabrizio Pellegrini, miembro de la Asociación italiana P.I.C. (Pazienti Impazienti Cannabis), es un paradigma de la paradójica situación que afecta a Italia con frecuencia. Como pianista y pintor, sufriendo una artritis reumatoide, Fabrizio está en posesión de una prescripción médica para cannabis medicinal concedida por el Ministerio holandés de Salud, así que él lo importaba a través del servicio ciudadano de salud, corriendo con los gastos, y podía disfrutar sin temor de terapia durante unos pocos meses.

Pero debido al elevado precio que tenía que pagar y a la escasa continuidad terapéutica del cannabis “institucional”, cada primavera, intentaba cultivar unas cuantas plantas en su propia terraza, apenas lo suficiente para sus necesidades médicas.

Él nunca pudo ver el final del proceso de floración, desde que cada año su casa se convirtió en el objetivo de una redada policial, con la confiscación de sus plantas y el archivo de un nuevo informe criminal. De este modo, se le sometió a una docena de juicios por cultivo y estuvo cuatro meses en prisión en régimen preventivo como medida de seguridad. Sólo por negarse a comprar cannabis en el mercado negro y por no ser lo suficientemente adinerado para comprar Bedrocan, el sustitutivo legal.

Fabrizio, después de una metódica destrucción de su vida profesional y privada, se enfrenta en la actualidad en Italia a un riesgo concreto de ser sentenciado a muchos años de prisión. Basado en la regulación actual, no se le considera como un ciudadano enfermo con derechos, sino más bien como un criminal reincidente a quien se le debe aplicar una política de tolerancia cero. Él cultivó cannabis y tendría que saltarse la prisión debido a sus necesidades médicas, aunque podría repetir el delito con el objetivo de parar su sufrimiento, ya que lo ha hecho muchas veces y ya ha sido sentenciado a penas definitivas de prisión en dos procedimientos criminales.

En otros países europeos, también estamos enfrentándonos a una discrepancia evidente en cuanto a la garantía del derecho a la salud, que se está convirtiendo, cada vez más, en un derecho sólo para ciudadanos “de primera clase”. Sólo aquellos que poseen grandes recursos económicos y reúne los requisitos de un doctor, tienen “concedido” el acceso a cannabis medicinal legal, mientras que la gran mayoría de pacientes se ven obligados a entrar en la ilegalidad si quieren beneficiarse de las propiedades de una planta que les cura.

El derecho a la salud, reconocido como un derecho fundamental por diversas Constituciones nacionales y por muchos Tratados Internacionales de Derechos Civiles, como la Convención Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (art.12) o la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, parece no existir en gran parte de Europa, cuando la sustancia utilizada para mantener o mejorar la salud está incluida en la lista de las plantas “ilegales”.

De hecho, ocurre lo mismo con la planta de la Coca, cuya larga y probada historia de uso cultural y medicinal fue reconocida por Naciones Unidas en la Convención contra el Tráfico de Drogas Ilícitas de 1988, donde el derecho de Perú y Bolivia a cultivar una cantidad limitada para su mercado local fue oficialmente reconocido. La posibilidad de utilización de mate y de otros productos para tratar la adicción a la cocaína podría resultar de gran interés también, desde que se ha observado que al parecer reduce el ansía de cocaína.

Esperamos que la Agencia Europea de Derechos Fundamentales (FRA), cuya tarea es observar la situación de los derechos humanos en toda Europa, lleve adelante la propuesta de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo (Informe Catania, punto 33rd), de que incluya lo antes posible en sus actividades un estudio sobre el impacto de las políticas de drogas en los derechos humanos. Iniciaremos una fuerte campaña para asegurarnos de que se realiza este estudio.

ENCOD, en cooperación con el Gobierno Vasco, está organizando una investigación con la participación de asociaciones de usuarios de drogas, sobre el diseño de las políticas de drogas en Europa. Esta investigación incluye un cuestionario que las asociaciones de usuarios están invitadas a responder, así como un taller de discusión que tendrá lugar en Vitoria (País Vasco, España), del 21 al 23 de noviembre. En colaboración con otras organizaciones, también está avanzando la preparación del Tribunal de Cannabis en La Haya, los días 1 y 2 de diciembre.

En relación a Fabrizio, se están preparando acciones de apoyo, así como la subasta solidaria de sus cuadros, para reunir los fondos necesarios en esta Campaña. La próxima vista está programada para unos pocos días después del 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos, en el que estará presente en la inauguración del monumento “All potential targets“, en una de las principales plazas de Roma.

Para no cerrar este boletín con sabor amargo, terminaremos con algunas buenas noticias recientes de Italia, donde dos acontecimientos pueden proporcionar una luz de esperanza en el ámbito judicial. El primero es la reapertura por la Corte de Perugia del caso de Aldo Bianzino] que murió de forma misteriosa en prisión el día después de ser arrestado por cultivar cannabis. El segundo podría llevar a la reconsideración de la sentencia dictada en abril de 2008 por la Corte de Casación, según la cual, la relación equivalente entre cultivo exclusivamente para consumo personal y la simple posesión fue denegada. Pero recientemente, un juez absolvió de cualquier cargo a los miembros de una comunidad inspirada por la cultura india americana, por cultivar 79 plantas de cannabis. Este hecho puede provocar nuevas oportunidades para reabrir el debate sobre los Cannabis Social Club a nivel nacional.

También llega una importante sentencia desde los Países Bajos, donde la Corte Suprema absolvió del cargo de cultivo a un ciudadano holandés que sufre esclerosis múltiple. Pero allí, la apelación del paciente fue contra una multa de 250 €…

Por: Alessandra Viazzi

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