El 15 de marzo de 1998, 14 ONGs de Europa, Africa y Latinoamérica se reunieron en Viena, Austria, para preparar buna opinión común frente a la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre las drogas, que tuviera lugar 3 meses más tarde en Nueva York. Después de muchas horas de debate el resultado fue la adopción de un Manifiesto por Políticas de Drogas Justas y Eficaces. Desde entonces, este Manifiesto ha sido firmado por cientas de organizaciones de todo el mundo, y representa la actual visión de ENCOD. En 2004, en la Asamblea General de ENCOD en Copenhague, sedecidió aoptar el título del manifiesto en el nombre de ENCOD: European Coalition for Just and Effective Drug Policies.

La Coalición Internacional de ONGs por una política de drogas justa y eficaz quisiera presentar el siguiente Manifiesto. Los miembros de esta coalición respaldan colectivamente los principios mencionados en el Manifiesto. Sin embargo, al apoyar este documento, cada una de las organizaciones que lo suscriben afirma su acuerdo formal exclusivamente en las áreas en que tiene competencia específica. Al mismo tiempo, cada una reconoce la especialidad y la autoridad de las otras organizaciones en sus respectivos ámbitos.

Como ONGs* preocupadas por el creciente impacto del tráfico de drogas ilícitas, y las políticas destinadas a controlarlo, sobre el desarrollo mundial, deseamos presentar las siguientes consideraciones y la subsecuente propuesta.

Comprobamos que en la mayoría de los países, las políticas de control de drogas actualmente intentan de cumplir plenamente con las Convenciones Internacionales sobre Estupefacientes (de 1961, 1971 y 1988); que estas políticas han probado ser insuficientes para contrarrestar el tráfico de drogas ilícitas y, al contrario, han contribuido a su incremento; que han causado efectos dañinos y contraproducentes; que los eslabones más débiles de la cadena del tráfico de drogas ilícitas (consumidores de drogas, correos y poblaciones rurales involucradas en el cultivo ilícito) han sufrido de manera desproporcionada los efectos negativos de las políticas de control de drogas. Entre estos efectos se mencionan:

a. Violación de derechos humanos básicos (políticos, económicos, culturales, sanitarios, etc.) de los eslabones más débiles de la cadena del tráfico de drogas;

b. Criminalización y discriminación, que provocan la marginalización de consumidores de drogas y agricultores involucrados en el cultivo ilícito, así como de otros sectores pobres de la población vinculados con la producción y el tráfico de drogas ilícitas, con baja o ninguna responsabilidad;

c. Desgaste de fondos destinados a la interdicción que serían mejor utilizados para establecer programas adecuados de prevención, reducción del daño y tratamiento:

d. Daño causado al medio ambiente por métodos no-sostenibles de erradicación y sustitución;

e. Violaciones de la soberanía nacional de los estados firmantes de las Convenciones de Naciones Unidas sobre Drogas y en particular los llamados países productores de drogas;

f. Erosión del Estado de Derecho con la creación de órganos de control nacionales e internacionales que escapan del control democrático y la extensión de la arbitrariedad y la corrupción.

Por ello, consideramos que estas políticas de control de drogas son ineficientes, inútiles, y un importante impedimiento a la introducción de estrategias innovadoras para dirigirse al fenómeno de las drogas ilícitas tanto de manera global y local. Tememos que el reforzamiento de la política actual generará un deterioro de la situación de las drogas, y a una creciente falta de credibilidad de estas políticas en la opinión del público en general.

Además, notamos que la política actual de control de drogas ha tenido lugar en el contexto de una globalización de la economía y una liberalización del comercio, y que tales procesos pueden crear condiciones las que dificultan la implementación efectiva de la mayoría de políticas de control de drogas.

Opinamos que las políticas de control de drogas deben ser subordinadas a los principios básicos de buen gobierno, tales como los que han sido integrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre Biodiversidad y otros acuerdos internacionales. Mencionamos en particular los principios que garantizan el respeto a los derechos sociales, económicos y políticos y a la diversidad cultural de todos los individuos, y a aquellos que toman en cuenta la sostenibilidad del planeta. Creemos que tales políticas deberían ser destinadas primordialmente a apoyar la creación de estructuras destinadas a reducir el daño eventual que la producción, tráfico y consumo de drogas pueda generar.

Por ello, proponemos a los gobiernos del mundo a tomar las siguientes medidas para mejorar las políticas actuales de control de drogas, incrementando con ello su eficacia, viabilidad y credibilidad:

a. No perseguir el cultivo de plantas que se utilizan en la producción de drogas ilícitas, por parte de pequeños productores, e implementar medidas estructurales a nivel económico, político y social, consensuadas con todos los sectores implicados, para ofrecer alternativas reales a la dependencia de dicho cultivo;

b. Suspender operaciones de erradicación forzosa y aquellas medidas de destrucción de cultivos que tengan un impacto negativo sobre el medio ambiente y la salud humana, tales como las prácticas devastadoras de fumigación aérea con herbicidas y defoliantes;

c. Desligar al aparato militar de tareas antidrogas, incluyendo la desmilitarización de zonas de cultivos ilícitos;

d. No perseguir el consumo de drogas, buscando formas de regulación que sean socialmente y culturalmente aceptables a las poblaciones locales involucradas, e implementar medidas amplias para prevenir y tratar el consumo problemático de drogas y para la reducción del daño;

e. Abolir cualquier legislación excepcional de control de drogas que viole garantías legales y procesales acordadas universalmente;

f. Garantizar todos los derechos que pertenecen a una sociedad pluralista caracterizada por la tolerancia y un espíritu de apertura consideradas esenciales en un sistema democrático y en particular, la libertad de expresión y palabra sobre temas relacionadas con las drogas para todos los individuos.

g. Garantizar la soberanía de los países y pueblos sobre sus sistemas legales, y evitar todas las posibles imposiciones sobre los llamados países productores de drogas;

h. Garantizar la transparencia y el uso socialmente útil de los dineros y bienes confiscados al narcotráfico;

Además de todo ello, proponemos un nuevo método de clasificación de sustancias psicoactivas, sean actualmente lícitas o ilícitas, basadas en datos científicos contrastados sobre el daño que producen a la salud humana;

De acuerdo con las observaciones y propuestas formuladas en el presente texto, les pedimos que permitan un márgen más amplio a los Estados firmantes para experimentar localmente con políticas alternativas (que puedan incluir pasos hacia la legalización de ciertas sustancias), de las que la comunidad internacional pueda sacar aprendizajes útiles en su búsqueda hacia una política más justa y eficaz.

Viena, 15 de marzo de 1998

* El termino ONG se emplea en su sentido más amplio, a fines de incluir a todas las asociaciones, instituciones, empresas y organizaciones populares.

Firma la siguiente organización:

Nombre:

 Dirección:

 Persona de contacto:

Por favor manda su firma a:

EUROPEAN COALITION FOR JUST AND EFFECTIVE DRUG POLICIES (ENCOD)
Ploegstraat 27, 2018 Antwerpen, Belgium
Teléfono: +32 495 122644
e-mail: info@encod.org

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