21 de enero de 2016

Por Eloísa Capurro

Clubes de marihuana presentan recurso contra decisión del gobierno que les impide trabajar juntos para reducir costos

Cuando en diciembre de 2013 el Parlamento aprobó la ley 19.172 que regula el mercado de marihuana, las organizaciones civiles llenaron la avenida Libertador de pancartas verdes. Era una norma en la que usuarios y cultivadores de la planta habían trabajado durante meses. Creían en ella. Fueron esas asociaciones las que salieron al interior a informar sobre las posibilidades (excluyentes entre sí) que ahora surgían para acceder a la droga: compra en las farmacias, cultivo en el hogar o la pertenencia a un club. Muchas optaron por la última vía e iniciaron los trámites para registrarse. Entonces comenzaron los problemas.

Preocupados por nuevas exigencias que el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca) impuso a los clubes de membresía, a mediados de 2015 tres organizaciones civiles presentaron ante el organismo un “proyecto de cooperación” por el cual pretendían firmar tres contratos de arrendamiento para el uso de un terreno en Camino Melilla, donde nuclearían su producción y compartirían los gastos de seguridad. Como cada club tiene el máximo de usuarios permitido por la ley (45) estimaban que la cosecha ascendería a una tonelada anual de marihuana, similar a lo que producirán las dos empresas seleccionadas para plantar con el fin de la venta en farmacias.

La idea fue rechazada por el Ircca y el 29 de diciembre las organizaciones presentaron un recurso de revocación. A partir de ese momento el Ircca tiene 30 días hábiles (que se cumplen a mediados de febrero) para resolver sobre el asunto. En caso de que se rechace la petición o no se conteste, las organizaciones recurrirían a la justicia civil, ya que el Ircca es una persona pública no estatal.

Ya desde los primeros meses de funcionamiento de la ley de marihuana las asociaciones de usuarios habían planteado dudas con respecto a los costos que suponían los clubes de membresía. La norma exige que tengan entre 15 y 45 socios con una producción no superior a los 480 gramos anuales por persona (y no más de 99 plantas). Deben contar con un responsable técnico, su única actividad debe ser la del cultivo y entrega de la cosecha, y necesitan ciertas medidas de seguridad. Esto, argumentaban algunas asociaciones, suponía una cuota y matrículas demasiado altas para los socios.

En el recurso que presentaron, al que accedió Búsqueda, los clubes argumentan que algunas decisiones del Ircca no tienen razones suficientes. Dicen que la revocación del proyecto de cooperación “es ilegal porque restringe derechos legalmente consagrados, es carente tanto de motivos como de motivación” y “viola el principio de debido procedimiento y el principio de igualdad”. La falta de motivos ha sido causa de anulación de decisiones del Estado en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Las organizaciones también sostienen que, según la Constitución, no se puede obligar a hacer “lo que no manda la ley, ni privar de lo que ella no prohíbe” y aluden a artículos de la ley 19.172 en los que se defiende el derecho del disfrute “del más alto nivel posible de salud” y se apunta a proteger a los ciudadanos de los riesgos del narcotráfico.

La norma también prevé el acceso a través de la venta en farmacias (comprando hasta 40 gramos al mes) o el cultivo de hasta seis plantas en el hogar. Esta semana, representantes de las empresas licenciatarias (Simbiosys e Iccorp) lograron acceder al predio donde realizarán el cultivo, cercano al Penal de Libertad.

El problema de las distancias.

El 13 de octubre de 2015, el Ircca publicó una “Guía de condiciones” para el funcionamiento de los clubes de membresía requiriendo una distancia mínima de 150 metros con respecto a centros educativos, declaración de días y horas de actividad, condiciones de seguridad de las plantas, sistemas que cubran puntos de entrada y de salida así como aberturas perimetrales y prohibición de ingreso de menores de edad. El 30 de noviembre el organismo sumó una más: la distancia mínima entre las sedes no puede ser inferior a 1.000 metros.

Fuentes de uno de los clubes señalaron a Búsqueda que, luego de estas exigencias, un mapeo georreferencial mostró que eran pocos los lugares de Montevideo donde podían funcionar. Ya una de las sedes había sido visitada por la Brigada Antinarcóticos por estar de espaldas a un centro educativo. Ahí surgieron las primeras conversaciones para un “proyecto de cooperación entre clubes de cannabis” que les permitiera cultivar en un terreno común.

Según consta en el recurso, la idea fue presentada ante la Junta Directiva del Ircca en setiembre con el objetivo de “reducir costos y viabilizar así la existencia de los clubes de cannabis conforme a la ley”. Las organizaciones aseguraron al gobierno que no iniciarían el cultivo hasta no contar con su aprobación.
Marihuana growshop
Con la reglamentación establecida por el el Ircca son pocos los lugares donde pueden funcionar los clubes cannabicos en Montevideo, dijeron las fuentes.

El proyecto, que les permitiría suministrar un gramo de cannabis a poco más de un dólar, establecía un cuarto de secado para cada club, un sistema de riego y un plan de seguridad —construido con asesoramiento de especialistas— que incluía cámaras, vigilancia nocturna, perros en la entrada y un alambrado perimetral. Cada club tendría una hectárea para su cultivo.

Pero el 2 de diciembre los clubes fueron informados de que “atendiendo a razones de convivencia, seguridad y oportunidad” la petición había sido rechazada.

El cultivo propuesto era exterior, con 80 horas anuales de trabajo para “sostener presupuestos relativamente bajos” y “aportes accesibles” para los socios. Según el recurso, “problemas de financiamiento” hacen “inviable” la existencia de cada club en forma individual: el límite de socios “impide” aumentar los ingresos puesto que se necesita invertir en insumos, infraestructura y seguridad así como en dos personas con dedicación exclusiva, y los costos fijos suponen 60% del presupuesto anual.

“Frente a todas las anteriores condicionantes y dado que agregar una matrícula o aumentar el aporte mensual de nuestros socios inviabilizaría nuestro objetivo de sostener precios accesibles, competitivos e inclusivos, es que se gestó el proyecto de cooperación buscando alternativas que nos permitieran costear los gastos previstos sin comprometer nuestros objetivos”, dice el documento.

Los clubes argumentan que la competencia del Ircca es la de la regulación en el marco de la ley, pero la regla de los 1.000 metros entre sedes “limita por la vía de los hechos el derecho definido de crear clubes, dado el poco espacio disponible, por ejemplo, en la ciudad de Montevideo”. También señalan que el organismo estatal tiene “una posición restrictiva, que vuelve irrisoria la mera existencia” de las asociaciones y que existe una “flagrante violación a los derechos humanos” (ya que las decisiones de su Junta Directiva son inapelables, entre otros puntos).

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