El 18 de marzo murió Joep Oomen, coordinador de la Coalición Europea por Políticas de Drogas Justas y Eficaces (ENCOD) desde su formación, en 1993. Su honestidad y perseverancia, unidas a una capacidad de trabajo y dedicación difíciles de superar, iban a la par con la vehemencia con la que defendía su postura y su intolerancia ante la hipocresía de políticos que en los pasillos apoyan la causa de la regulación, pero eluden hacer declaraciones o mostrar apoyo público.
Si tuviera que destacar la mayor cualidad de Joep, sería la de haber sabido convertir una organización, nacida al calor de la Unión Europea como fuente de financiación de proyectos y de cooptación de colectivos sociales, en un colectivo de defensa de los derechos de personas que producen y usan plantas prohibidas por convenciones injustas. Para entender este proceso es preciso hacer un poco de historia.
ENCOD nació en el marco de un proyecto financiado por la Comisión Europea, para facilitar una plataforma de organizaciones de la sociedad civil que funcionaría como interlocutora con el Observatorio sobre Drogas y Toxicomanía de Lisboa. En su origen, ENCOD, cuyo nombre original era Consejo Europeo de ONG sobre Drogas y Desarrollo, estaba constituido por 14 organizaciones del ámbito de la cooperación al desarrollo y la investigación.
Estas organizaciones participaron en las reuniones preparatorias para la creación del observatorio. Pero una vez creado, nunca fueron consultadas de nuevo. A pesar de su escaso interés en tenerlas como interlocutoras, la UE continuó subvencionando sus proyectos hasta el año 2000. Gracias a esta financiación, ENCOD se configuró como una plataforma orientada a introducir los aspectos históricos, culturales y socio-políticos de la hoja de coca en el debate sobre drogas en Europa. Para ello desarrolló actividades dirigidas a la investigación, la educación y la incidencia política.
En el ámbito de la investigación, ENCOD analizó la cobertura mediática de noticias relacionadas con las drogas y países del sur, titulada “La buena, la mala y la auténtica verdad”. El estudio consistió en recopilar, analizar y comparar artículos de periódicos de seis países europeos (Bélgica, Francia, Italia, Países Bajos, España y Reino Unido) y tres sudamericanos (Bolivia, Colombia y Perú). Las conclusiones de la investigación revelaron la tendencia al sensacionalismo de los medios de comunicación al cubrir este tipo de noticias, y una ausencia de análisis del contexto histórico y social en el que surge la noticia.
A nivel educativo se desarrolló una interesante propuesta didáctica para sensibilizar a la juventud europea sobre la situación de las poblaciones de los países productores de coca: los denominados Parlamentos Juveniles sobre Drogas y Desarrollo. En ellos, más de 2.000 jóvenes de diferentes países europeos participaron en juegos de rol que imitaban un parlamento real, representando el papel de los diferentes actores que intervenían en el debate internacional sobre el tema. Antes de las sesiones los participantes habían recibido información, mediante una guía didáctica, publicada en diferentes idiomas o un boletín mensual electrónico.
El colofón de los parlamentos fue la organización, en 1998, de una gran sesión final del Parlamento Juvenil Europeo en Estrasburgo, en la que participaron 150 representantes de todos los parlamentos. En esta ocasión, los parlamentarios juveniles ofrecieron sus “mociones” a la política de drogas a las autoridades competentes (de la Unión Europea, el Consejo de Europa, la ONU y sus Estados Miembros).
Al mismo tiempo, se realizaron actividades de información y lobby dirigidas principalmente al sector político y mediático, mediante giras de delegados cocaleros. El objetivo era fortalecer la voz de las comunidades productoras de coca y promover soluciones socio-económicas viables para países cuyas poblaciones sufrían (y siguen sufriendo) los efectos más trágicos de la guerra a las drogas, en el sentido literal de la palabra.
Un hito importante en este proceso fue la formación de la Coalición Internacional de ONG por Políticas de Drogas Justas y Eficaces (CIO) en 1998, a raíz de una reunión entre representantes de ENCOD y organizaciones africanas y latinoamericanas el año anterior. El objetivo de la coalición era ir a la UNGASS de 1998 con un mensaje claro a favor de “políticas de drogas más justas y eficaces”. El manifiesto, que reclama el fin de la persecución de pequeños productores y consumidores de drogas, ha sido firmado por más de 300 organizaciones de países de todo el mundo a lo largo de los años.
El año 2000 supuso un punto de inflexión en la historia de la plataforma. Hasta ese momento, ENCOD había funcionado como una red, sin una estructura organizada formalmente y con un proceso de toma de decisiones asambleario. En la asamblea general de enero de ese año, se decidió formalizar la personalidad jurídica de ENCOD y expandir la red a otras organizaciones e, incluso, a personas individuales.
El debate más caluroso giró en torno a la solicitud de ingreso de dos asociaciones cannábicas: la Liasson Antiprohibitioniste, de Bélgica, y ARSEC, de España. La mayor parte de organizaciones participantes temían que si entraban asociaciones cannábicas en la plataforma, el tema central se desplazase de la defensa de la hoja de coca y las organizaciones de países productores a la reivindicación de derechos de las personas consumidoras de cannabis europeas. Finalmente “se decidió que sería aún prematuro admitirlos como socios plenos, ya que ambos recién están entrando en el tema de ‘Drogas y Desarrollo’ y se opinó que sería mejor esperar hasta que se haya desarrollado una relación de trabajo”. Un año después, en una nueva asamblea general, se decidió finalmente abrir la puerta tanto a personas individuales como a organizaciones cannábicas.
Los estatutos iniciales definieron la estructura de la organización: una asamblea general en la que se tomaban las decisiones; un comité ejecutivo que se encargaría ejecutarlas, de representar a la plataforma y de recomendar a la Asamblea a los nuevos integrantes; y un secretariado encargado de la administración cotidiana de la plataforma, de la puesta en marcha del plan de trabajo aprobado por el Comité Ejecutivo y de la búsqueda de financiación de la red. Su primer comité ejecutivo estaba compuesto por representantes de cuatro de las organizaciones iniciales (TNI, CISS, Boliviancentrum y AG-Schweiz Kolumbien), mientras Joep Oomen seguía contratado como coordinador a cargo del secretariado.
A estas alturas ya se sabía que la Unión Europea no había aprobado la última solicitud de financiación. El discurso cada vez más contundente a favor de “políticas justas y eficaces” y las críticas al régimen prohibicionista, provocaron el rechazo por parte de las autoridades europeas. Con esto se confirmaba que estas mismas autoridades, que habían apoyado la plataforma en su nacimiento, sólo estaban interesadas en contar con la participación de la sociedad civil en las fotos, pero no en las decisiones políticas.
Esta situación proporcionó, por un lado, más libertad a la red para decidir qué tipo de acciones y discurso lanzar. Campañas como la de Libertad para Cultivar atrajeron el interés de organizaciones europeas, y pronto pasó de tener 14 integrantes a más de 170 de 20 países diferentes. En España llegó a contar con cerca de 50 organizaciones y personas del entorno cannábico, de organizaciones de drogas inyectables, de drogodependencias y de reducción de riesgos y daños, organizándose talleres conjuntos y emitiéndose por primera vez en la historia comunicados conjuntos pidiendo un cambio en las políticas de drogas.
Por otro lado, la situación económica de la red pasó a entrar en crisis permanente, convirtiéndose la búsqueda de financiación en una de las principales tareas de su coordinador, Joep. Además, el rápido aumento de sus integrantes y la radicalización del discurso hizo que algunos de los fundadores dieran un paso atrás o salieran directamente. En 2004, no quedaba ni uno de los integrantes de grupo inicial.
Ese mismo año se cambiaron de nuevo los estatutos y el nombre, incorporando un nuevo comité ejecutivo, más amplio y representativo de la composición de la red en ese momento. También hubo un cambio sustancial en su estructura: Joep Oomen pasaba a ser uno de los diez miembros de ese comité ejecutivo. Con este paso, se otorgaba, además de más trabajo al coordinador, más capacidad para intervenir en las decisiones. Esto dificultó a los integrantes del Comité Ejecutivo cumplir una de sus tareas, la de supervisar el trabajo del secretariado, quienes acabaron delegando cada vez más en Joep tareas que les correspondían a ellos. Así se cometía un error frecuente en los movimientos del siglo pasado: dejar en manos de una sola persona la responsabilidad de representar a cientos.
A partir de ahí, las dificultades para coordinar una red tan amplia y diversa, la escasa financiación, y la poca capacidad o motivación de sus integrantes para participar en las tareas de coordinación nacional, búsqueda de financiación, organización de eventos o, incluso, las asambleas (tan solo un tercio asistían), se unieron a la amplia libertad y margen de maniobra de un secretariado desbordado de trabajo y escasamente controlado y controlable. De esta manera Joep se convirtió en un pilar fundamental de la Coalición.
Pero si algo debemos aprender de este proceso, es que una casa no se construye con un único pilar, por muy sólido que sea. Mientras no seamos conscientes de que la responsabilidad de trabajar en los movimientos sociales no puede ni debe recaer tan solo en las personas contratadas o designadas para representarlos. Mientras no nos hagamos cargo de que se trata de una responsabilidad colectiva, en la que todas las personas involucradas debemos cumplir nuestro papel. Mientras no asumamos que debemos asumir tareas y cumplirlas en lugar de acusar a otros de no hacer su parte. Mientras no seamos conscientes de que el enemigo está ahí afuera divirtiéndose con nuestras luchas internas… Seguiremos jugando al activismo, sin conseguir cambios reales en las políticas de drogas.
por Virginia Montañés Sánchez
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