Fuente: EFE

Por: Luis Lidón

25.03.2011

Viena – La Convención Única de Naciones Unidas sobre
Estupefacientes, piedra angular de la política internacional contra las
drogas, cumple este año su 50 aniversario con un número cada vez mayor de
países cuestionando de alguna forma su eficacia.

El 30 de marzo de 1961 se firmó el documento que exige a los gobiernos que
restrinjan la producción, distribución y posesión de una amplia gama de
sustancias para cualquier fin que no sea médico ni científico, incluyendo
la heroína, la cocaína y el cannabis.

Medio siglo después, la propia ONU reconoció esta semana que “entre 1998 y
2009 la producción mundial de opio aumentó casi un 80 por ciento. El
mercado de la cocaína no se ha eliminado o reducido de manera
significativa, sólo se ha trasladado de un sitio a otro”.

La aplicación de medidas represivas contra los consumidores de drogas ha
llenado las cárceles en muchos países sin afectar a los grandes
narcotraficantes, que dominan un negocio que genera unos 320.000 millones
de dólares al año, según datos de la ONU.

Si el negocio internacional de la droga fuera un Producto Interior bruto,
sería la trigésimo tercer economía del planeta, equivalente a Grecia o
Venezuela.

Para los críticos, la Convención necesita una reforma porque el
“prohibicionismo” ha causado más daños en términos de corrupción,
violencia y violación de los derechos humanos que las drogas en sí.

Por el contrario, para algunos organismos de la ONU y otros muchos países,
ha permitido contener los daños de las drogas, consumidas por unos 200
millones de personas en todo el mundo.

“La tolerancia cero cada vez más se ve cuestionada por visiones que
apuestan por la despenalización, la reducción de daños y la integración de
los derechos humanos en el sistema de fiscalización de las drogas”,
explicó a Efe en Viena el holandés Martin Jelsma, coordinador del
laboratorio de ideas Transnational Institute.

Antiguos jefes de Estado latinoamericanos como el brasileño Fernando
Henrique Cardoso, el colombiano César Gaviria, el mexicano Ernesto
Zedillo, e intelectuales de la talla de Mario Vargas Llosa, Moises Naim y
Carlos Fuentes comparten la idea de que es necesario un cambio de rumbo.

Françoise Barré-Sinoussi, premio Nobel de Medicina en 2008 por sus
investigaciones sobre el sida, es otro de tantos intelectuales que ha
solicitado políticas sobre drogas “basadas en pruebas científicas” y no en
prejuicios morales.

Excluyendo África, una de cada tres nuevas infecciones de sida se debe al
uso compartido de jeringuillas, algo que se podría impedir facilitando
agujas esterilizadas a los adictos a la heroína.

Rusia, que aplica las recetas más represivas, es el país del mundo donde
más avanza el sida debido a las drogas inyectables, pero Moscú considera
que dar jeringuillas limpias o crear programas con metadona sería fomentar
el consumo de droga.

Las políticas de “reducción del daño”, avaladas por la Organización
Mundial de la Salud, ofrecen un enfoque orientado más al tratamiento y
reinserción que a la criminalización del drogadicto, están presentes cada
vez en más países europeos y han comenzado a difundirse también en América
Latina.

La aplicación de estas políticas, criticadas por la Junta Internacional de
Fiscalización de Estupefacientes, el órgano de la ONU que vela por el
cumplimiento de los tratados contra las drogas, es una forma de “deserción
blanda” de la Convención, ante la falta de resultados del
“prohibicionismo”, explicó Jelsma.

Uruguay es uno de los países que aplica esta estrategia en América Latina,
y Milton Romani, secretario general de la Junta Nacional de Drogas,
subrayó a Efe que “América Latina no necesita incrementar más el factor
militar o represivo”.

“Solucionar el problema de las drogas significa también la inclusión
social”, recalcó, y la “inclusión social significa también reducción de
daños”, ya que los drogodependientes son en muchos casos los más
vulnerables.

Una fuente diplomática con muchos años de especialización en política
sobre drogas considera que las convenciones deben ser modificadas, pero
nadie se atreve a dar ese paso.

“La Convención de 1961 está desfasada, y debería crearse un documento
único que recogiese todos los tratados y actualizase sus políticas. En la
actualidad todo está demasiado orientado a políticas punitivas y no a la
salud pública”, explicó la fuente, que solicitó el anonimato.

“Pero no creo que se produzca ninguna reforma a corto plazo. Muchos países
tienen miedo de que se abra la ‘caja de pandora’ y una vez que empiece
oficialmente el debate derive en otros asuntos y se cuestione todo el
sistema”, concluyó este experto.

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