Fuente: El País

2 de julio de 2012

Por Francesca Relea

La coca sigue siendo la manzana de la discordia entre los Gobiernos de Bolivia y Estados Unidos. La discrepancia sobre los usos tradicionales de la mítica planta en el país andino no es nueva, pero con el presidente Evo Morales el desacuerdo es de mayor calado. Dentro de tres meses concluirá la presencia en Bolivia de la agencia estadounidense de cooperación internacional (USAID) en programas de cultivos alternativos a la coca. Desde su llegada al Gobierno en 2006, Morales ha expulsado del país al embajador y a la DEA (agencia antidrogas de EE UU), ha cerrado la base militar de Chimoré y acaba de anunciar su retirada del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR). Como contrapunto, el presidente boliviano firmó la semana pasada en La Paz un acuerdo con su homólogo iraní, Mahmud Ahmadinejad, en materia de lucha antidrogas.

“La hoja de coca en su estado natural es un producto con muchas cualidades nutritivas y medicinales. El productor de coca no es narcotraficante, ni el consumidor de hoja de coca es narcodependiente”, insistía el primer presidente indígena de Bolivia en una entrevista reciente a EL PAÍS. La forma más antigua de consumir hojas de coca es masticándolas (akullico), aunque tiene otros usos medicinales, rituales y sociales. Al consumo tradicional hay que añadir otras fuentes de demanda legal como la industria de infusiones, la exportación para uso farmacéutico y la producción de extracto para la Coca Cola.

Es una obviedad que la coca no es cocaína, pese a ser ingrediente esencial para la elaboración de la droga. Pero Estados Unidos, que es el mayor mercado mundial de consumidores de cocaína, rehuye esta distinción y mantiene una firme posición contra los cultivos del arbusto milenario. USAID ha invertido 150 millones de dólares desde 2005 en el Programa de Desarrollo Alternativo Integral en Los Yungas (al norte de La Paz) y Chapare (Bolivia central), las dos regiones de producción de hoja de coca. Los patrocinadores del programa exhiben orgullosos los resultados: los territorios de Palos Blancos y Alto Beni (en Los Yungas) se han convertido en zonas libres de hoja de coca, donde ahora se produce cacao, café, plátano y palmito, entre otros cultivos, destinados esencialmente a la exportación.

El programa de desarrollo alternativo ha mejorado las infraestructuras, como la red escolar y la canalización de agua potable. En 2005, la pobreza rondaba el 70%, según el índice NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas) de la CEPAL. Hoy es del 52%. Aparentemente, se ha cumplido con creces el objetivo del 60% de reducir la pobreza. Por lo tanto, el programa llegará a su fin el 30 de septiembre próximo, por decisión del Congreso de Estados Unidos, explica un antiguo funcionario boliviano.

Estados Unidos rechaza la distinción entre usos tradicionales y la cocaína y mantiene una firme posición contra los cultivos

Hasta aquí la versión oficial, de la que nadie en las oficinas de USAID en La Paz ni en la Embajada estadounidense quiere hacer algún comentario. La realidad es más compleja. Según estimaciones oficiales, para abastecer las necesidades de consumo local y legal de hoja de coca se precisan unas 12.000 hectáreas de cultivo. La agencia antidrogas de la ONU calcula que en Bolivia hay actualmente unas 31.000 hectáreas de cocales, que suponen el 20% del total en América Latina, detrás de Colombia y Perú.

El excedente de casi 20.000 hectáreas se produce sobretodo en el Chapare, ya que la mayor parte de la coca que se consume legalmente en Bolivia procede de Los Yungas. En este escenario no es descabellado deducir que la coca del Chapare y una parte de Yungas acaba en manos del narcotráfico para la producción de clorhidrato de cocaína en laboratorios ilegales.

Falta información precisa y actualizada de cuánta coca es necesaria para satisfacer la demanda del mercado interno, y de cuánta se desvía para la producción de cocaína. Las dudas desaparecerán cuando el Gobierno difunda el Estudio Integral de la Hoja de Coca, que puso en marcha en 2008, con financiación de la Unión Europea (un millón de euros), y que todavía no ha visto la luz. Según el viceministro de Exteriores, Hugo Fernández, dicho estudio “contribuirá efectivamente a la reelaboración de las políticas públicas, dirigidas tanto a la revalorización de la hoja de coca, como a la lucha contra el narcotráfico”. El trabajo incluye una encuesta nacional sobre uso y consumo de hoja de coca.

La Ley 1008, del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, aprobada en 1988 bajo el Gobierno de Víctor Paz Estenssoro, sigue siendo la herramienta principal de la lucha antidrogas. Las penas van desde un año de prisión por cultivo ilegal hasta 30 años, si se encuentra a una persona culpable de haber vendido drogas a alguien que se intoxica hasta la muerte. Más antigua es la Convención de 1961 de Naciones Unidas sobre estupefacientes, que incluye la hoja de coca en la Lista 1 de sustancias prohibidas. El Gobierno de Evo Morales presentó una propuesta para enmendar el artículo 49, en lo referente a la masticación de la hoja de coca. La propuesta fue rechazada y Bolivia tomó la decisión, sin precedentes, de denunciar dicha Convención y adherirse a la misma con una reserva.

Sobre el terreno la lucha contra los narcos sigue sin cuartel. El año pasado la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELC) destruyó “más de 5.000 fábricas de cocaína, 6.500 pozas de maceración y 25 laboratorios de cristalización”, según el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Felipe Cáceres.

En su época de líder de los campesinos cocaleros, Evo Morales ya irritaba al embajador de Estados Unidos. Uno de ellos, Manuel Rocha, no tuvo empacho en declarar que una hipotética victoria electoral de Morales —“un agitador de la coca ilegal”—, tendría consecuencias desastrosas para las relaciones entre Washington y La Paz. Hace un siglo, el jefe de la diplomacia estadounidense en el país andino no tuvo mejor ocurrencia que proponer goma de mascar para todos los bolivianos, en vez de hoja de coca.

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