Fuente: El País, Colombia
Diciembre 28, 2012
Ante los pocos resultados en la lucha contra el narcotráfico, los presidentes de la región plantearon cambiar la estrategia frente al fenómeno.
En septiembre, los mandatarios de tres países latinoamericanos que han sido azotados por el narcotráfico pidieron a la ONU y a la comunidad internacional debatir soluciones alternas a la estrategia actual.
El entonces presidente mexicano, Felipe Calderón, insistió en la necesidad de un análisis profundo de los “alcances y de los límites del actual enfoque prohibicionista en materia de drogas”, ya que los países desarrollados no han logrado reducir el consumo. Los presidentes de Guatemala y Colombia se unieron al llamado.
Fue inesperado. A poco de asumir como presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina acaparó la atención internacional al declarar con determinación que propondría la despenalización del tráfico de drogas con otros líderes de la región.
Algunas semanas después, el vicepresidente estadounidense Joe Biden visitó a presidentes latinoamericanos, hubo más reuniones entre mandatarios regionales y discusiones en la Cumbre de las Américas.
Casi al cerrar el año, electores en Estados Unidos votaron a favor de legalizar la marihuana para uso recreativo en los estados de Colorado y Washington y algunos gobernantes latinoamericanos hicieron un llamado conjunto a analizar el impacto que esto tenía en una nueva estrategia frente a las drogas.
El 2012 fue un año en el que el debate en torno a la legalización de la marihuana y otras drogas fue planteado formalmente por dirigentes destacados de la región y que quedó abierto para el año entrante.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha exigido un nuevo consenso internacional para reformar la estrategia contra las drogas que incluya el debate de la legalización del narcótico como parte de la solución. El expresidente de México Felipe Calderón, antes de dejar el poder, llamó a la Organización de Estados Americanos a analizar implicaciones y el impacto que tendrán en la región los casos recientes de legalización de marihuana en Estados Unidos.
Y el mandatario que asumió el poder este mes, Enrique Peña Nieto, ha dicho que aunque él esté en contra de la legalización el que algunos estados de la Unión Americana permitan el consumo genera “incongruencia” y “conflicto” en México y otros países del hemisferio. Propone también abrir el debate.
“Lo que parecía impensable está ahora siendo discutido a la luz del día. América Latina está hablando de drogas porque la realidad lo impone”, escribieron los expresidentes Fernando Cardoso, de Brasil; César Gaviria, de Colombia, y Ernesto Zedillo, de México.
Los tres felicitaron a los actuales mandatarios de Colombia, Guatemala y Costa Rica por su disposición a debatir el tema y recomendaron despenalizar el consumo.
El combate contra los carteles de droga ha dejado decenas de miles muertos en los últimos seis años en México, ha sobrepoblado prisiones por toda la región y ha influenciado elecciones y debilitado democracias. Las ofensivas contra los traficantes en Colombia y México han trasladado las actividades de narcotraficantes a países como Honduras, El Salvador y Guatemala, cuyos índices de homicidios están entre los más altos del mundo.
La presión que ejerce EE.UU. sobre el hemisferio ha sido un factor importante. Analistas consideran que si bien no quieren afectar sus relaciones con Washington, los presidentes latinoamericanos, ante los miles de homicidios en sus países conforme se implementan ofensivas armadas contra los narcotraficantes, empiezan a hacerse cargo de la agenda.
“Era Estados Unidos el que realmente dominaba la política de las drogas. Era el que determinaba los estándares y objetivos y gastaba mucho dinero en pagarle a los países para reconstruir sus policías”, dijo Peter Hakim, del Diálogo Interamericano de Washington. “Los latinoamericanos comenzaron a desempeñar un papel más activo”.
Por eso Pérez Molina sorprendió a los guatemaltecos al declarar que quería plantear la idea de que ya no fuera un delito “transportar o trasladar la droga”. Además dijo que el problema de la violencia ligada al narcotráfico no se había erradicado y que es lucha costaba millones de dólares.
La noticia dio la vuelta al mundo. Muchos se preguntaron cómo un presidente que había prometido gobernar con “mano dura” ahora buscaba despenalizar el tráfico de drogas. Comenzó a discutir con otros mandatarios de Centroamérica y el vicepresidente de EE.UU., Joe Biden, planeó un viaje a la región.
“Desde el momento en que Pérez Molina habló de legalizar las drogas, Estados Unidos de repente prestó mucha atención”, expresó Hakim.
En su viaje, Biden reiteró a los jefes de estado de México, Honduras, Guatemala, El Salvador y Costa Rica que EE.UU. seguía resuelto a derrotar militarmente al narcotráfico. Agregó que su país no creía que la despenalización era la solución.
En la Cumbre de las Américas, celebrada en abril, algunos asistentes criticaron a Obama por negarse a abandonar la ofensiva armada que había costado decenas de miles de vidas. El presidente Santos estuvo entre los que exigieron una discusión de la legalización y dijo que los criminales en su país habían buscado estados débiles para seguir sus actividades.
Las conversaciones entre dirigentes de la región se reanudaron luego de que los votantes en los estados de Colorado y Washington decidieran legalizar la marihuana para uso recreativo. Un estudio divulgado por un instituto de investigación mexicano reveló que las medidas se traducirían en una pérdida de hasta un 30% de los ingresos que los cárteles mexicanos obtienen por la exportación de drogas.
Juan Manuel Gómez, subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, dijo en una entrevista, antes de que se iniciara el nuevo gobierno, que México propuso una amplia revisión al combate al narcotráfico y consumo de drogas al convocar una sesión especial en la asamblea general en la ONU en 2016.
La ONU aprobó la resolución y el Gobierno mexicano afirmó que iniciará la preparación de la sesión en 2013. La última sesión especial para abordar el tema de las drogas fue en 1998. La finalidad es saber si las políticas que se han seguido, la legislación que existe en materia de drogas han sido las más adecuadas para hacer frente a un problema de sociedad.