Fuente: Swissinfo
19 de marzo de 2012
Por Marc-André Miserez, swissinfo.ch
Traducción: Juan Espinoza
El querer una sociedad sin drogas es perseguir una utopía.
Seguros de esta constatación, una comisión internacional de expertos, una ex ministra suiza que es integrante de ella y más recientemente dos juristas de la Universidad de Neuchâtel proponen un cambio de rumbo radical.
1961. Naciones Unidas ratifica el convenio único sobre estupefacientes. El texto preconiza un régimen mundial de prohibición, incluyendo por primera vez el hachís.
1971. El gobierno estadounidense de Richard Nixon declara su «guerra a las drogas» con la finalidad de conseguir por todos los medios –incluso el militar-, un mundo libre de estupefacientes.
40 años después, la guerra ha costado miles de millones de dólares y no se ha ganado. El mundo consume muchas drogas y el narcotráfico global (según cálculos del FMI) obtiene unos 400.000 millones de dólares que cada año van a los grupos mafiosos y a las organizaciones terroristas.
En términos de salud pública, seguridad y derechos humanos, el fracaso es rotundo.
“Pensemos sencillamente en que la mitad de las condenas a muerte en el mundo son pronunciadas a causa de delitos por estupefacientes, a menudo menores, y que un tercio de las contaminaciones por el virus del sida (VIH) fuera del África subsahariana se debe al intercambio de jeringas”, señala Ruth Dreifuss, quien en los años 90 instauró la denominada Política Suiza de los Cuatro Pilares: prevención, terapia, reducción de riesgos y represión.
Primer manifiesto
La antigua ministra del Interior y también otrora presidenta de la Confederación Helvética milita actualmente en la Comisión Global de Políticas de Drogas, una «iniciativa ciudadana» nacida en América Latina, donde los estragos de las guerras del narcotráfico son terribles.
Junto con los ex presidentes Zedillo (México), Gaviria (Colombia) y Cardoso (Brasil), integran la comisión miembros tan ilustres como los escritores Carlos Fuentes y Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura; el antiguo secretario general de la ONU Kofi Annan, la ex Alta Comisaria para los Derechos Humanos Louise Arbour, el ex secretario de Estado estadounidense George Schultz, el ex ejecutivo de la Fed Paul Volcker o el fundador de Virgin Richard Branson.
En junio del 2011, la comisión presentó un informe que preconiza una apremiante “reforma fundamental de las políticas antidrogas en las escalas nacional e internacional”.
Se trata de poner fin a la criminalización de los consumidores y respetar los derechos de las personas implicadas en los niveles inferiores del narcotráfico (granjeros, pasadores, pequeños revendedores), promover los tratamientos con metadona y la prescripción médica de heroína, así como evitar los mensajes simplistas de “no a la droga” y las políticas de tolerancia cero para dar preferencia a los programas de información y prevención creíbles.
El grupo insta finalmente a que los gobiernos “estén seguros de que las convenciones internacionales son interpretadas o revisadas para dar una base legal sólida que permita la reducción de riesgos, la despenalización y la regulación legal”.
“No sé si el mundo está preparado para ese cambio de rumbo, pero sé que muchos dirigentes están conscientes de la necesidad de nuevos enfoques. El informe ha despertado mucho interés y a menudo somos solicitados”, explica Ruth Dreifuss, quien ha estado recientemente en la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en Viena, luego de su mediatizada aparición de enero pasado ante una comisión del Parlamento británico, acompañada por Richard Branson.
A favor de una legislación completa
En noviembre del 2011 surgió otro manifiesto. Bajo el título de Lucha contra la droga: ¿contradicciones asombrosas?. En 90 páginas bien documentadas dos doctorantes en derecho de la Universidad de Neuchâtel preconizan una legislación completa para todas las drogas ilícitas.
Ludvine Ferreira y Alain Barbezat parten también de la misma constatación: el fracaso completo de la guerra contra la droga.
“La represión es ineficaz en Suiza como en otras partes, señala Barbezat. Para que una pena sea disuasiva debe ser aplicada de manera rápida, segura, e incluya cierta severidad, enseñan los estudios de Criminología. Ahora bien, los dos primeros puntos no suelen ser respetados y la severidad aplicada más allá de cierto nivel no aporta nada a la prevención de la criminalidad. Su efecto puede ser incluso perverso”.
Pero de ahí a legalizarla… Los dos juristas se dan cuenta de que la proposición es invendible en el contexto político actual. La permisividad ensayada por algunas políticas cantonales y municipales en los años 2000 es apenas un recuerdo y en el 2008, 63% de los electores se opuso a una iniciativa popular que pretendía despenalizar el hachís.
Hace dos semanas, el Consejo Nacional (diputados) del Parlamento de Suiza aprobó, sin embargo, que ya no se juzgue penalmente a los consumidores en posesión de 10 gramos o más de “estupefacientes con efectos de tipo hachís” y que la infracción se salde con el pago de una multa de 200 francos. El debate fue apasionante, la votación muy estrecha, y la proposición pasa ahora al Consejo de los Estados (senadores).
“Nuestro objetivo es también incomodar, hacer avanzar el debate, admite Ludivine Ferreira. Porque si prohibieran las proposiciones bajo el pretexto de que van disgustar, no avanzaríamos y tal vez seguiríamos con la pena de muerte en Suiza”.
No se trata de venderla en el supermercado
Los dos jóvenes juristas no proclaman, por tanto, una sociedad donde la droga se venda en los supermercados, sino de una política de sustento en la realidad.
Además, ellos creen que la política suiza de los cuatro pilares –cuyo enfoque trata a las drogas como una cuestión de la salud pública-, va en la buena dirección.
El problema, desde su punto de vista, es que dos tercios de los recursos destinados a la lucha contra los estupefacientes en Suiza van al pilar “represión”, que les parece ineficaz.
“Si se legaliza, esos medios irán a los otros pilares: prevención y tratamiento,. La legislación debe abarcar todo, porque sólo legalizar suena bonito, pero no sirve para nada”, precisa Ludvine Ferreira.
En cuanto al riesgo de ver una explosión del consumo, agitado por los opositores a cualquier flexibilización de la prohibición, los dos juristas no creen en tal extremo. Y no son los únicos.
“Hoy en día es relativamente fácil procurarse cualquier droga. No obstante, mucha gente no lo hace porque les retiene otras prohibiciones, además de la penal: lo negativo atrae, la prohibición moral, la consciencia de los riesgos para la salud… Se tiene la imagen del severo Código Penal que nos vigila y que si desviase la mirada todos meterían los dedos en la mermelada. Pero eso es falso”, remarca Alain Barbezat
La droga en Suiza
“Hemos adquirido la experiencia excelente de que se puede avanzar haciendo las cosas con prudencia”, declara Ruth Dreifuss refiriéndose a la política de los cuatro pilares que ella puso en marcha como responsable de la Salud Pública (ámbito integrado en el Ministerio del Interior). Suiza ha sido citada a menudo por su legislación y su práctica en materia de reducción de perjuicios ocasionados por las drogas a los consumidores y a la sociedad en general.
Cifras
4.100 millones de francos son asignados a los cuatro pilares.
Aproximadamente un millón de personas en Suiza fuman o han fumado hachís.
La media de los jóvenes de entre 15-16 años la han probado alguna vez.
26.000 adultos consumen regularmente heroína o cocaína.
17.000 personas reciben un tratamiento de sustitución (metadona o buprenorfina)
1.300 personas reciben heroína por prescripción médica.
250 personas mueren de sobredosis cada año.
En cambio, la transmisión del VIH mediante el uso de jeringas ha desaparecido prácticamente.
No confundir
Legislación. De hecho, en ninguna parte del mundo se ha legalizado los estupefacientes. Semejante régimen jurídico supondría libertad de producción, venta, compra y consumo. Tal como ocurre con el alcohol, el tabaco o los medicamentos.
Despenalización. Es el régimen por cual la posesión y el consumo de pequeñas cantidades no dan lugar a una prosecución penal y se salda generalmente con una multa.
Portugal ha despenalizado todos los estupefacientes en el 2000. En otros lugares se han conformado con despenalizar el hachís de un modo más o menos liberal. Tales son los casos de Holanda, Bélgica, España, Estonia, República Checa, Canadá, Argentina, Brasil, México, Perú y Uruguay.