Fuente: Deia
6 de Diciembre de 2013
El Club cannábico Pannagh comparte enfado y esperanza ante las peticiones de la fiscalía, que confían sean los “últimos coletazos de políticas caducas a superar”
J. Fernández
Bilbao. LA situación que se han visto obligados a vivir durante los dos últimos años no es agradable. El desgaste personal y colectivo es claro, y las consecuencias también: cuentas y propiedades embargadas, paro y empujados al mercado clandestino para comprar la marihuana que antes de esa fecha ellos mismos, dentro de los límites fijados por la ley, cultivaban para el autoconsumo propio y el de los otros trescientos socios de la asociación, la mitad de ellos con un certificado médico que acreditaba alguna enfermedad.
A pesar de ese amargo escenario, los cinco integrantes del club cannábico Pannagh para los que la Fiscalía antidroga pide penas de cárcel de 22 años y sanciones por valor de tres millones de euros, confían en que el sorprendente e inesperado envite de la Justicia sea el último contra este tipo de asociaciones (medio centenar en la CAV) legalmente constituidas ya que, según manifestaba ayer Martín Barriuso, el debate social sobre la necesidad de regular esta cuestión está en la calle y, más importante aún, en el Parlamento Vasco.
El presidente de Pannagh insistió en que durante los últimos años, solo en Euskadi, se han dictado hasta 21 resoluciones judiciales a favor de clubes sociales de cannabis en las que se considera que estas actividades se enmarcan dentro de lo que el Tribunal Supremo define como consumo compartido. “No entendemos cómo se nos puede mantener clausurados y con acusaciones tan graves teniendo unos precedentes judiciales tan rotundos”, subrayaba durante la presentación de un manifiesto de apoyo a este club, referente en el mundo, firmado por 67 organizaciones y federaciones de una veintena de países.
A su entender, “entre el prohibicionismo más rancio y las nuevas propuestas en políticas de drogas el Gobierno español apuesta por la criminalización y por impedir el autocultivo. Y como ven que los tribunales nos dan la razón, el castigo del autocultivo por vía administrativa es una apuesta clara de acabar con este fenómeno”, razonaba Barriuso.
De hecho, el anteproyecto de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana contempla multas de entre 1.000 y 30.000 euros por el cultivo y tenencia de cualquier planta psicoactiva, aunque no esté destinada al tráfico. La conclusión que planteaba Barriuso es que la Administración y la Justicia española parecen haber optado por “la peor manera de gestionar” la política de drogodependencias.
Y puso como ejemplo la vía catalana, donde la proliferación de este tipo de clubes -existen alrededor de setecientos- ha provocado una disminución del trapicheo en la calle, como han constatado los propios Mossos d’Esquadra. “Desde las federaciones de personas usuarias de cannabis estamos haciendo mucho más para acabar con el mercado ilícito que todas las instituciones juntas”, zanjaba Barriuso.
“De cada 100 euros destinados a temas de drogas, 89 van a actividades relacionadas con la represión”
Cuestionan los gastos de la vía judicial cuando “una y otra vez dejan claro que no hay delito”
Bilbao. El presidente de la asociación de personas usuarias de cannabis Pannagh, Martín Barriuso, no escondía ayer su enfado y malestar tras el salto cualitativo dado por la Fiscalía antidroga con sus peticiones de prisión y de prisión. Una vez más, insistió en que los tres centenares de socios de este club social ni son “traficantes y mucho menos un grupo criminal”. Recordaba que en los años 2007 y 2012, las audiencias de Bizkaia y Araba dejaron claro que su actividad “no vulnera el Código Penal y no es delictiva. Y se nos ha devuelto la marihuana incautada”, apostillaba Barriuso. A ello, habría que sumar la veintena de autos y sentencias dictadas en Euskadi dando la razón a los clubes cannábicos implicados.
Un buen puñado de procesos judiciales abiertos, cerrados y archivados que han tenido su correspondiente coste económico. Un hecho, el de acudir a los tribunales que, a juicio del presidente de Pannagh, no tiene sentido ya que “una y otra vez dejan claro que no hay delito”. En este sentido, Barriuso recuperó datos presentados por el Gobierno vasco en los que se calculaba que de cada 100 euros gastados en temas relacionados con las drogas 89 iban destinados “a actividades relacionadas con la represión y solo el 11% se destina a prevención, tratamiento, rehabilitación, educación,…”.
Pannagh, que participó en el Consejo Asesor de Drogodependencias del País Vasco, contaba con mecanismos para evitar el consumo de personas que no deberían consumir, así como de labores preventivas, pero como lamentaba Barriuso “no podemos hacer labores de prevención o de información si nos precintan las sedes”.
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