Fuente: La Diaria

Martes, 23 de abril, 2013

Consumidores de marihuana proyectan plantación “colectiva pero desagregada”

Sobre la base de una experiencia europea, y con el antecedente local de tres grupos no formales que han perdurado en absoluto hermetismo, la Asociación de Estudios del Cannabis del Uruguay (AECU) lanzó el primer club social de cultivo del país, inscribiendo el primer día a más de 100 personas.

El lanzamiento que tuvo lugar el fin de semana, también concebido como “la fundación” del club, tuvo como escenario el festival Cultivando la libertad Uruguay crece… y se casa, en el Velódromo, en el que también se celebró la aprobación de la ley que posibilita el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Mientras en el escenario mayor se escuchaba la voz de Maia Castro probando sonido, en la “carpa informativa” erguida a unos 100 metros de ese lugar, el vocero de AECU, Juan Vaz, le daba play al reproductor para compartir un audiovisual que describiría ante un centenar de personas la experiencia de la organización vasca Pannagh, un club cannábico con más de una década de existencia. Ni bien terminó el audiovisual, Vaz contó que AECU apunta a algo similar en Uruguay.

Barata pero buena

Martín Barriuso, activista de la organización Pannagh, subraya que “apuntar a la asociación es saber de una calidad más o menos homogénea a lo largo del año, y tener asegurado el suministro”. En el club uruguayo los controles de calidad serán constantes. “El material del club es incomparable, en calidad, con lo que vende el narcotráfico”, comentó Vaz, apuntando que en precio, se estima que la salida de intermediarios implicará que el consumidor pague “menos de 50%” de lo que está pagando. Explicó que “los gastos de cultivo se prorratean de acuerdo a la cantidad de gramos que cada uno, en su previsión, estimó que iba a consumir por mes”.

La asociación, que defiende su carácter de serlo sin fines de lucro, prevé tener un cultivo en el que cada planta pertenezca al socio que haya decidido ser parte del club. La existencia del cultivo, las razones de la organización e incluso los libros diarios de producción serán detalles a los que podrán acceder “las autoridades competentes”, explicó el vocero. “No queremos escondernos más”, dijo después Vaz a la diaria, señalando que la organización entiende al contexto como “adecuado” para arrojarse a una experiencia de estas características por varios elementos que hacen, independientemente de que el marco normativo no varió en las últimas tres décadas, a un escenario “diferente al de hace sólo algunos años”. “Si analizamos la ley vigente, el cultivo está prohibido pero no penado. Lo que se pena es la producción de drogas, que según los catedráticos es la producción destinada al tráfico. […] Como está exenta de pena ‘una cantidad razonable para el consumo personal’, y como menos de una planta no podemos tener, entonces una planta es la ‘cantidad mínima razonable’”, 
reflexionó.

Si bien “la ley no ha cambiado en los últimos 30 años, una década atrás te comías tres años por tener unas plantas, y ahora, en el peor de los casos, te procesan sin prisión; [incluso] hay actuaciones contra autocultivadores cuyos casos directamente se han archivado”, apuntó. Este contexto, dijo, es el resultado “de un trabajo de años”, que AECU entiende como “un lobby no directo con el Poder Judicial. Apuntamos a que un juez entienda que un autocultivador está por fuera del circuito del narcotráfico, y que una asociación como ésta junta autocultivadores y les quita clientes a las bocas de narcotráfico”.

Atento a que “no todos quienes consumen pueden plantar y no todos pueden dedicarle tiempo a una planta, la propuesta es la de asociarse en un cultivo colectivo en el que cada uno tenga una, con la etiqueta que indique de quién es”, además que “el lugar, aunque no sea público, sí sea del conocimiento de la autoridad competente”. La idea es que ésta “pueda auditar y controlar los libros que señalan cuánto se lleva cada uno”.

Colectivo pero individual

El asesor legal de AECU, el abogado Martín Fernández, entiende que hoy “hay garantías” para formar un club sin temer una actuación policial y judicial. “Tienen que verlo desagregado; no pueden ver un conjunto. Tienen que tener claro que cada planta pertenece a una persona. No será una plantación masiva de una organización, sino varias personas que individualmente participan en ese colectivo y que tienen su ‘cantidad razonable’”, dijo a la diaria.

Durante la charla de lanzamiento del club, Fernández había compartido que un lustro atrás “sentía como cierto logro que una persona que tenía plantas fuese procesada sin prisión y no con prisión. Ahora internamente uno no siente que sea una victoria, porque la victoria tendría que ser que no haya más procesamientos por autocultivo”. Describió además situaciones que, como defensor, ha vivido en audiencias, en las que preguntan sobre aspectos íntimos de los investigados. “El sistema judicial se pone a indagar cosas como ‘por qué consumís’, ‘cuánto’, y cosas que se vinculan con prejuicios morales o prácticas que tienen los jueces o los fiscales, que muchas veces se relacionan a la falta de información. Investiga sobre actividades y actitudes que son lícitas. En general no tienen mucha idea de lo que tienen enfrente. Se llega a pesar plantas con tierra y todo”, contó. “En las audiencias uno ve que la persona debe empezar a justificar conductas que no tienen por qué estar ventilando en un juzgado; el consumo de sustancias es lícito”, añadió, y definió como “violenta” la manera que “tiene de abordar el tema del autocultivo la agencia policial, tratando a quien cultiva como narcotraficante”.
Antecedente(s) nacional(es)

El vocero de AECU narró que existen en Uruguay tres grupos que funcionan, “lógicamente, en el anonimato”. “No son clubes”, aclaró, y apuntó que su funcionamiento ha sido considerado “exitoso”.

El periodista Guillermo Garat, autor de Marihuana y otras yerbas: prohibición, regulación y uso de drogas en Uruguay, calificó de “interesante” la propuesta de clubes sociales cannábicos, a más de dos siglos de las primeras plantaciones de cáñamo en Uruguay y a menos de 100 años del endurecimiento del marco normativo para reprimir el consumo de varios tipos de drogas con fines recreativos. “Cada uno dice ‘esta planta está a mi nombre’, ‘es mi planta’, y se está haciendo entre todos, ante todo el mundo, ¿por qué no hacerlo?”, dijo Garat, que el sábado abrió una charla sobre los diferentes escenarios, cambios normativos, debates parlamentarios y contextos culturales en los que se ha visto envuelto Uruguay respecto del uso recreativo de drogas. “La legislación uruguaya no dice que esto no se pueda hacer”, enfatizó.

Ya son más de 100

AECU entiende que un club social cannábico “necesita una masa mínima” de 50 personas para ser viable. “Una buena cantidad es entre 350 y 500 socios”, comentó el vocero, Vaz. La lista para inscribirse al club está abierta y espera por los que deseen sumarse a la propuesta. “Quienes estén interesados pueden contactarnos por todas las vías de comunicación que están disponibles en nuestra página, aecu.org.uy”, señaló.

Incluso “se puede ser parte del colectivo sin la necesidad de consumir”, o de quienes desean hacerlo “por beneficios terapéuticos, pero que no han podido conseguir nunca cannabis”.

AECU sostiene que cada miembro consumidor deberá declarar previamente cuánto necesitará de su planta. La cuota social mensual es de 100 pesos, y para su recaudación fue abierto un colectivo en la red de cobranzas Abitab. Después de inscribirse, el aspirante a socio atravesará algunas etapas. “Vamos a hacer reuniones previas con cada uno de los socios para comprobar que tenga cabal conocimiento de lo que está haciendo”, explicó.

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